¿Y la Constitución? Bien, gracias.

Hay algunas declaraciones de dirigentes empresarios que, francamente, resultan increíbles por el grado de autoritarismo implícito –obviamente cuidan las formas- que los llevan a una situación de verdadera anomia.

Para que estas afirmaciones no resulten meramente retóricas quiero citar frases como la expresada por Miguel Angel Ponte: “Contratar y despedir debería ser natural como comer y descomer”, o dichos como: “Contratar y descontratar” o “los trabajadores tienen que entender” (sic). El empresario Martín Cabrales, vicepresidente de la firma de Café homónima y de Bodegas Norton, aseguró también “hay que facilitar las condiciones para tomar gente y una forma es saber que si a esa persona después hay que reemplazarla por otra, sea fácil de hacerlo”, Julio Criveli pide explícitamente poder despedir “sin causa a empleados en todas las industrias y comercios”. Por su parte, Alejandro Werner, el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, afirmó también que “hay que flexibilizar las regulaciones en los mercados de productos y mano de obra”, etc.

A principios del siglo XX, en el Tratado de Versalles se estableció como pieza fundamental de reconocimiento de la dignidad de la persona que “el trabajo no es mercancía”. Según pasan los años, (título de una inolvidable canción tocada al piano por Dooley Wilson en una también inolvidable película como Casablanca, protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman), en lugar de intensificarse el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, como una especie de coprofilia, hay afirmaciones de personas del sector empleador que no sólo actúan en contrario a estos principios, sino que directamente violan principios y normas operativas de la Constitución Nacional y de las leyes, caso de los artículos 14 bis, que garantiza a los trabajadores  “… la protección contra el despido artibrario…”, el 75 inc.19, 22, etc. y hasta del preámbulo de la Carta Magna.

La penosa realidad por la que atraviesan nuestra Patria y el Pueblo se agrava en las personas cuyo único sustento deviene del trabajo asalariado. Según datos Secretaría del Trabajo el ingreso promedio de los trabajadores del sector privado se contrajo un 8,1% anual.

Los datos del Indec dan una idea aproximada del aumento de la desocupación: que en el 2015 era de 5,9%, en el 2017 ascendió al 7,2%, siguió subiendo en el 2018 al 9,1% y en lo que va del 2019 ya supera los dos dígitos. También de lo sucedido con los despidos: hoy hay 246.000 nuevos desempleados, 17,5% de subocupados y 35% de trabajadores no registrados.

Este panorama se agrava cuando se analizan los datos respecto a los juicios laborales que reflejan una verdadera indefensión: durante el 2017, la cantidad de juicios por accidentes fue 45.181 (51,95% del total) y por despidos 29.948 (34,44% del total); durante el año 2018 los juicios por accidentes fueron 14.947 (28.64% del total) y por despidos 24.746 (47.41% del total) y en hasta mayo de 2019 3.395 (17,23% del total) proyecta 8.148 para el año 2019 y por despidos en el 2019, hasta mayo 9868 (50,9% del total) y proyectado 23.638. Es evidente que el temor al despido hace que el que tiene empleo, pese a que el empleador viole alguno de sus derechos no reclame. Pero además, el que ya perdió empleo tampoco le reclama a su ex empleador, por miedo a que en venganza de malas referencias sobre su desempeño laboral.

Párrafo aparte merece el proyecto de reforma laboral del gobierno, cuya suerte dependerá de las elecciones de este año. Recordemos que Macri prometió que si gana hará lo mismo, pero más rápido.

* Abogado Laboralista – Presidente de F.U.E.N.T.E.S.