Quizás no todo el país lo sepa, pero hay quienes piensan que es hora de que el ambienticidio que avala el gobernador Juan Schiaretti en Córdoba sea denunciado. Miles de hectáreas incendiadas en la otrora hermosa provincia, y casi todas por fuegos intencionales nunca castigados.
Acabar con los bosques nativos y la biodiversidad, contaminar las aguas y mentirle a la sociedad allí parecen todo uno. Y no son pocos quienes dicen que el ambienticidio feroz se hace con el aplauso y dineros de los grandes grupos sojeros cordobeses, que ya han devastado extensos territorios boscosos en Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa y media provincia de Santa Fe.
Precisamente un santafesino excepcional como el diputado provincial Carlos Del Frade, denunció ayer y por enésima vez los incendios intencionales en las islas del Paraná y en toda la provincia de Entre Ríos, cuyas cenizas “están cada vez más presentes en las veredas, ropas y pulmones de la gente que vive en el sur santafesino”. Y dijo más: “No hace falta la ley de humedales para saber que no hay decisión política de los gobernadores Omar Perotti y Gustavo Bordet para cortar los incendios intencionales porque eso sería poner presos a los ganaderos y demás supuestos productores que depredan los bienes comunes en beneficio de sus intereses particulares. Duele mucho escuchar a mujeres sencillas que cuentan el drama de sus bebés tosiendo sin parar a causa del humo, como duele saber que tiene costo respirar en el sur santafesino”.
No es la primera vez que Del Frade hace punta en este sentido, y así ahora “alienta fervorosamente el corte del Puente Rosario-Victoria” como modo de “impulsar una gran movilización popular cargada de bolsas de cenizas para depositarla en las Casas de Gobierno entrerriana y santafesina. “Acaso así se sabría qué es lo que une a los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos con Schiaretti, para reir como ríen en la foto distribuida por los tres gobiernos, en pésima demostración de que personas elegidas por el voto popular sean tan cobardes ante el poder económico de unos pocos”.
Semejante indignación es explicable sólo si se tiene en cuenta que al mismo tiempo, entre lunes y martes, el médico Ariel Charras, de Villa Gobernador Gálvez, informó alarmado que en uno de los barrios FONAVI, a dos kilómetros del río, “hay muchos pacientes asmáticos, alérgicos y con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) tan descompensados que cada cinco días tienen que internarse por la inflamación y falta de aire”. A la vez que los obreros del Frigorífico Swift están en asamblea casi permanente porque les cuesta seguir trabajando con el aire tan contaminado.
Pero lo que más indigna a la población santafesina consciente del desastre ambiental que se está produciendo –ante la inacción ya grosera de las autoridades nacionales– es que el desastre se generaliza y alcanza ya a provincias como Salta, Chaco y Misiones, y también La Rioja, Catamarca y Jujuy, donde los bosques se siguen talando a velocidad alucinante, con la consecuente expulsión y represión de pueblos ancestrales, que es oportuno recordar que en el territorio nacional son más de 40 y cuyas localizaciones elaboran e informan el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y el Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, cuyos mapas muestran las zonas de ocupación territorial de esos pueblos en toda la Argentina, según se puede consultar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).
Es claro que tampoco se salva del ambienticidio la Patagonia, donde muchos tesoros naturales y pueblos originarios son permanentemente difamados y atacados para expulsarlos de sus tierras, por las que se babean de ambición los más diversos intereses inmobiliarios que se autoproclaman “emprendimientos”, la mayoría de los cuales extranjeros que vienen ocupando sistemáticamente las provincias patagónicas.
La apropiación de nuestras riquezas y bienes naturales se hace, en la mayoría de los casos, al amparo de gobiernos inficionados de corrupción, que permiten y hasta alientan grandes operativos de apropiación de paisajes y lotes, muchos de ellos estatales y/o municipales. No hay provincia en la que esto no suceda y esta columna sólo pretende llamar la atención del gobierno nacional y los 23 gobiernos provinciales, desde luego excluída la capital argentina, arrasada ya por la corrupción inmobiliaria.
Es sabido que la defensa ambiental frente al extractivismo suele ser víctima de violencia estatal y son todo uno las violaciones de leyes que sí existen pero no se cumplen, y el sistema judicial imperante ni es capaz ni parece tener intenciones para frenar las depredaciones.
En la Argentina suele parecer que cualquier barbaridad es normal, y desde esa naturalización suele aceptarse que algun@s gobernador@s rifen la Patagonia detrás de cuentos británicos y australianos, o que provincias como San Juan y algunas otras se estén echando a perder por la minería a cielo abierto, a la par que gigantescas corporaciones se llevan nuestro litio, nuestro oro y nuestro cobre sin pagar impuestos justos. Es así como, en general, el desastre ecológico ya es parte del paisaje de nuestro país, siendo igualmente penoso constatar que están en posiciones clave algunos personajes de la política que impiden no preguntarse cuánto sabrán de estas materias.
Por eso un ejemplo de resistencia a tanta mentira lo protagonizan desde hace casi dos años (enero de 2021) muchas y muchos pobladores de Famatina, Provincia de La Rioja. Que es uno de los lugares más bellos e impactantes de la Argentina y cuya riqueza en oro y plata dentro de las montañas del cordón del Famatina hicieron del Valle de Chilecito uno de los centros mineros más importantes del país. Tanto que allí se abrieron algunas de las primeras filiales del Banco Nación y de la Casa de la Moneda. Y donde según narra el economista Horacio Rovelli, “en cuanto la población se enteró en 2010 de que la compañía Barrick Gold necesitaba unos 1000 metros cúbicos de agua por día para explotar oro en la mina La Mejicana (cuando el caudal diario para la zona era de 750 metros cúbicos) surgió la pregunta: ‘¿Qué vamos a hacer, entonces?”
Ése fue el disparador para que los vecinos se informaran sobre los riesgos de la minería a cielo abierto, y desde entonces lograron frenar cuatro proyectos mineros bajo un mismo lema: “El Famatina no se toca”. Así empezaron a defender su ambiente con acampes, encadenamientos, marchas, panfletos, videos, pintadas, murales y cortes de ruta para impedirle el paso a la mina a funcionarios del Gobierno que suelen parecer más representantes de las multinacionales que otra cosa”. @
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/481793-y-el-ambienticidio-hasta-cuando
