Y dale con la Corte

La reciente carta abierta de Cristina, que como todo lo que comunica impacta en el orden nacional, remueve (lo haya querido o no) un asunto de vital importancia para nuestro país y nuestra democracia: los vínculos perversos del poder mentimediático con el Poder Judicial.

En el primer aniversario del Gobierno, la misiva desata infinidad de preguntas sobre temas que interesan a la Nación en muy diversos niveles. En primer lugar, y aunque elípticamente, pareciera dirigirse a Alberto Fernández, su socio en la construcción y conducción del FdT y hoy primer mandatario. Es la socia y es la hermana la que escribe y con toda delicadeza, pero sin dejarse nada en el tintero, le dice al hermano que ciertas mesuras no sirven, al menos en cuestiones esenciales. Como que el poder judicial podrá mejorarse por vocación corporativa, hoy un sueño imposible. Por eso sugiere, con respeto y claridad, que la autodepuración de la Corte Suprema de Justicia es improbable en una corporación tan cerrada, elitista y prebendaria.

El presidente Alberto sin dudas también sabe que es utópica la espera de cambios profundos y sinceros, como ha de saber que si no se producen cambios nada detendrá los abusos del llamado lawfare, que no es otra cosa que la asociación ilícita entre los medios de (in)comunicación preponderantes y los estratos más corruptos del Poder Judicial. No obstante lo cual, parece altamente improbable que Alberto impulse juicios políticos ni tome decisiones extremas. Por estilo y porque también es un académico de Derecho y conoce al dedillo su corporación. Lo que hace presumir que la ley de Reforma Judicial seguirá en hibernación. Cristina lo sabe y por eso recurre a cartas abiertas, para que la sociedad se entere y comprenda la esencia de la situación.

Es evidente, y no tiene nada de malo reconocerlo, que nuestro gobierno no es un gobierno kirchnerista. Y es obvio que quienes más claro lo tienen son precisamente el Presidente y la vicepresidenta. Y está bueno que así sea.

Y decir y tener claro lo anterior no es más que un modo político de entender decisiones e indecisiones debidas a que el Gobierno es acosado por un sistema comunicacional infame y retrógrado que es mucho peor que una oposición política. Y a la vez en el mundo judicial predomina un sistema delicuencial que desde hace décadas coopta y agrede, engaña y abusa, y cuya base fundamental de sustentación han sido, históricamente, las Cortes Supremas de Justicia desde el origen mismo de la república oligárquica que fundó Bartolomé Mitre a partir de septiembre de 1861 tras triunfar de chiripa en la batalla de Pavón. Al mando de las fuerzas porteñas venció al ejército de la Confederación Argentina que mandaba Justo José de Urquiza, quien inesperadamente, y aunque tenía superioridad numérica, retiró sus tropas y selló una derrota que todavía padece, aunque lo ignore, el país completo.

Sólo entonces empezó la verdadera historia de la Corte Suprema, que después de la Constitución de 1853 nunca había podido reunirse. Sólo lo hizo 10 años después, en 1863, y su primera decisión se limitó a rechazar un recurso de queja, por defectos de forma… Toda una señal para el futuro.

Desde entonces, la historia de la Corte ha sido un factor permanente de conflictos, injusticias y sumisión política. Una vergüenza de más de un siglo y medio a la que la carta abierta de la vicepresidenta alude claramente. Lo que no es novedad, sino más bien continuidad histórica desde que Mitre dispuso que el número de jueces lo estableciera el Congreso, que decidió que fueran 5 y no 9 magistrados como decía la Constitución de 1853. Número que duró casi un siglo, hasta que en 1960 Arturo Frondizi lo aumentó a 7; seis años después el dictador Juan Carlos Onganía los volvió a 5; en 1990 Carlos Menem dispuso que mejor 9; y en 2006 con Néstor Kirchner volvió a 5. Como hasta ahora.

Pero la cuestión nunca fue sólo numérica sino de clase, a partir de que la Argentina empezó a ser una república elitista y oligárquica, sin elecciones ni participación popular, y dedicada desde Pavón a construir una ciudad extraordinaria que admirara el mundo, pero a costa de un inmenso país cuyo signo permanente fue el atraso. Como fue otro presidente, Julio Argentino Roca, quien en su segundo mandato perfeccionó un sistema judicial elitista y corrupto al designar al juez Antonio Bermejo para presidir la Corte Suprema, a la que dirigió durante 29 años llegando a ser el funcionario que más tiempo ocupó ese cargo. Bermejo murió en 1929 y su influencia en la Corte durante las tres primeras décadas del siglo 20 fue decisiva porque jamás hubo votos en disidencia y se practicaron todo tipo de violaciones a los derechos humanos en la represión al naciente movimiento obrero. Y además dejó un mandato feroz: con el derrocamiento de Yrigoyen en 1930, el golpe cívico-militar instaló la primera de las 6 dictaduras del siglo, todas convalidadas y legitimadas por las Cortes Supremas.

Los miembros de aquella Corte que impuso el dictador José Félix Uriburu convalidaron el derrocamiento de las autoridades constitucionales dando así origen a la llamada Doctrina de los gobiernos de facto, que validó el procurador general de ese gobierno militar: Horacio Rodríguez Larreta.

De ahí en adelante, cada dictadura se valió de Cortes que validaron a todos los gobiernos militares autoritarios. En 1955, el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón removió por primera vez en la historia argentina a todos los miembros de una Corte Suprema. El dictador Eduardo Lonardi nombró por decreto 5 jueces amigos para la Corte y entre sus primeras acordadas figuró restablecer aquella Doctrina de los gobiernos de facto. Y luego, en junio de 1956 Pedro Eugenio Aramburu, mediante un “bando revolucionario”, abolió la Constitución Nacional de 1949. En 1958, al asumir la presidencia Arturo Frondizi renunciaron los cinco supremos que había designado la autodenominada “Libertadora”. En 1962 fue derrocado, igual que en 1966 otro golpe derrocó a Arturo Illia y en cada caso los miembros de esas Cortes restituyeron la Doctrina de los gobiernos de facto.

El 24 de marzo de 1976 la junta encabezada por Videla y Massera destituyó a todos los miembros de la Corte, así como todos los jueces del país fueron puestos en comisión y un tercio cesanteados. Videla designó una Corte adicta cuyos 5 miembros juraron “acatamiento a los objetivos básicos de la Junta Militar”. No a la Constitución. Esa Corte convalidó el terrorismo de Estado y la desaparición de 30.000 compatriotas, y rechazó más de 15.000 recursos de hábeas corpus.