Volvió el show persecutorio de Vialidad contra Cristina Kirchner | El fiscal ante la Cámara de Casación pide redoblar la pena 

El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, volvió a pedir que a Cristina Fernández de Kirchner se la condene por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, elevándole la pena de seis a 12 años de prisión. Lo mismo reclamó para otros de los condenados en ese expediente. También Villar reclamó que se revoque el sobreseimiento del exministro de Planificación, Julio De Vido, que en su momento fue absuelto porque no se le encontró ninguna participación en las 51 obras viales que se hicieron en Santa Cruz. El recurso ante la Casación es tratado por tres magistrados que ya CFK definió, hablando de otros jueces, como un “pelotón de fusilamiento”. Gustavo Hornos, Mariano Borinsky fueron recusados por su manifiesto alineamiento con Mauricio Macri, incluyendo visitas a Olivos a jugar al tenis y al paddle, incursiones en la Casa Rosada y, en el caso del tercer juez, Diego Barroetaveña, no recusado, pero que integró la lista de jueces más enfrentados con los gobiernos que lideró el peronismo. 

Un recurso más que dudoso

Uno de los principales obstáculos que afronta Villar es que está cuestionado su recurso, porque el Código Procesal Penal señala que el Ministerio Público puede apelar en caso de que la condena sea menos de la mitad de la pedida por el fiscal. Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión, la condena fue de seis, por lo cual no fue menos de la mitad. Villar sabe de este cuestionamiento y sostuvo que se trata de un caso federal, que es cuando se discuten cuestiones constitucionales. Es muy probable que las defensas insistan con este punto a partir de este jueves y, en especial, el jueves 7 de marzo, a las 10, cuando intervengan Carlos Alberto Beraldi, el abogado de Cristina. Una duda que flota en el aire es si la propia Cristina va a intervenir, como ya lo hizo en esta causa.

Buscando la asociación ilícita

Como se sabe, Cristina fue condenada por fraude en perjuicio del Estado. La noción fue que las obras de Santa Cruz se hicieron para que Lázaro Báez ganara las licitaciones y que, por esa via, se enriquecieran tanto Báez como los Kirchner. Nada de esto se probó nunca. Báez ganó licitaciones ofreciendo precios más bajos que la competencia nucleada en la Cámara de la Construcción. Por ese motivo, las constructoras tradicionales lo odiaban. Ministros, empresarios, centenares de testigos declararon en el juicio y la acusación se cayó a pedazos. Sólo se explica la condena por la trama judicial-política-mediática que rodeó el caso.

El punto central del planteo de Villar, como antes fue de Luciani y Mola, es pedir la condena por asociación ilícita, y, por lo tanto, que se eleve la pena de seis a 12 años. Su argumento es que “durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo una verdadera asociación criminal integrada por funcionarios del estado que decidieron desviar fondos para ellos mismos”. Como la figura prevé que se trate de una banda que se organiza para cometer delitos indeterminados Villar sostuvo que las 51 obras son, cada una, un delito distinto, un criterio que no fue aceptado por los jueces del Tribunal Oral cuando se hizo el juicio. Hoy en día, el delito de asociación ilícita -usado contra los sindicatos y las organizaciones guerrilleras- está fuerte descrédito: se utiliza más bien para la persecución. 

Lo que debilitó fuertemente la presentación de Villar es que no habló una palabra de hechos y pruebas. Todo fue interpretación de nociones y figuras del derecho. Lo concreto es que durante los tres años de juicio no apareció ni una sola evidencia de que CFK tuviera relación con las obras de Santa Cruz: se licitaron en la provincia, se adjudicaron en la provincia, se pagaron y se controlaron en la provincia. No hay ni una instrucción ni un mensaje ni un correo electrónico ni un testigo que hubieran acreditado alguna participación de la expresidenta. Y, por supuesto, eso desmonta la idea de la asociación ilícita o la banda.

Meter a los absueltos

El segundo objetivo de Villar es lograr que se revoque la absolución de De Vido, Abel Fatala, que fuera subsecretario de Obras Públicas y otros funcionarios. Nuevamente, a lo largo de tres años no apareció ni un elemento que los vinculara con las obras. De hecho, De Vido estaba enfrentado con José López, que era el secretario de Obras Públicas. Su única participación -que también se utiliza contra CFK- es que al final del gobierno, en diciembre de 2015, dictó una resolución para reasignar partidas. Era evidente que Mauricio Macri no iba a continuar las obras, de manera que se usó dinero para pagar trabajos ya hechos. Se acusó a De Vido y Cristina de que con esos fondos se le pagó a Lázaro Báez, pero en el juicio se probó que no se le pagó absolutamente nada.

En la misma línea, cuando el juicio ya había terminado, los fiscales Luciani y Mola metieron en su alegato chats entre José López, un gerente de Báez y un secretario de Cristina. Esa prueba, usada ilegalmente, tampoco demostró nada: sólo que Báez, en los últimos días del gobierno de CFK, buscaba un encuentro con la presidenta porque estaba a punto de despedir a todo el personal, dado que las obras no iban a continuar. Era algo que Macri ya había anunciado. Eso provocaría una fuerte crisis en Santa Cruz. El constructor igualmente buscaba fondos para pagar las indemnizaciones, pero no recibió nada.

Cancha inclinada

La defensa de CFK recusó a dos de los tres jueces de Casación que están al frente de estas audiencias. El planteo no prosperó. Borinsky jugaba al tenis y al paddle con Macri en Olivos; Hornos visitaba a Macri en la Casa Rosada. El tercer magistrado, Barroetaveña, integraba la lista más crítica de los gobiernos que lideraba el peronismo. Para redondear, además, las cuestiones judiciales reavivadas rápidamente son utilizadas ahora por los medios alineados con el macrismo y con Javier Milei para desviar la atención, aunque sea un poco, del brutal ajuste del gobierno del libertario.

Tras la exposición de Villar, este mismo
jueves seguirán los defensores de dos exfuncionarios de Vialidad en Santa Cruz,
Mauricio Collareda -la abogada es una defensora oficial, Daniela Villalón- y de
Raúl Daruich -el defensor es Mario Ganora-. El siguiente jueves hablará Beraldi o, tal vez, la propia
Cristina.