Violento desalojo policial en Ciudad Evita

A Jenifer Lizarraga le acaban de dar el alta, pero le quedó un perdigón en el ojo y marcas de otros 40 en todo el cuerpo. La joven de 19 años recibió dos disparos de escopeta con munición de plomo, el viernes pasado durante el operativo represivo de desalojo en una toma de tierras del barrio 22 de Enero, en Ciudad Evita, a manos de la Policía Bonaerense. Raúl, de 61 años, sufrió una golpiza que le dejó secuelas en el caminar, su hija trató de defenderlo y también salió lastimada. Ellos llevan adelante el comedor comunitario San Cayetano, que funciona pegado al predio. Hoy los ocupantes marcharán en torno al terreno, desde el comedor hasta La Mulita y El Pindo. “Estamos pidiendo justicia por mi compañera Jenifer, que den una explicación de lo que pasó y que nos devuelvan lo que nos robaron del comedor durante la represión, se llevaron las ollas y las necesitamos para darle de comer a 200 familias”, dijo a Página/12 Ailín Bustos, la otra referente del comedor. 

Desde hace tres meses el grupo de 300 familias intentó más de una vez la toma, fueron desalojados en tres oportunidades y desde el primer intento funciona un comedor, que quedó al costado de la ocupación y cuyo referente es Raúl, que fue señalado por un grupo de vecinos que propicia el desalojo, tras lo cual los policías lo golpearon. El terreno, según ordenanza municipal, fue declarado reserva natural, era un basural, y las familias que lo ocuparon juntaron plata para contratar una pala mecánica que quitara los desperdicios.

El desalojo se había iniciado a las 20, algo llamativo porque el protocolo de desalojos prohíbe hacer estos operativos en horas nocturnas. La normativa vigente durante la pandemia había prohibido además este tipo de operativos que, sin embargo, se siguieron realizando. “La policía  está reprimiendo de manera brutal a personas que tomaron la tierra con el fundamento de que sería gente armada, sin embargo, hay más de una decena de heridos y 15 personas detenidas”, denunció la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza. “Como organismo de derechos humanos no toleramos que se tomen este tipo de medidas represivas y punitivas contra las personas que, por necesidad, toman una tierra, exigimos intervención de la Justicia para frenar este brutal desalojo y, por supuesto, la intervención municipal para encontrar una solución”, afirmaron.

Jenifer había ido a recoger las chapas y maderas que había comprado para levantar su casilla cuando recibió dos escopetazos con munición de fuego a corta distancia. Uno de los impactos le dio de lleno en la cara, tres perdigones se le incrustaron en el rostro, uno en el ojo, estuvo internada en el Hospital Santa Lucía. La joven tiene otros 40 impactos en el cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladada a otro hospital para extraerle las municiones. “Me pegaron con 45 perdigones, me cosieron el ojo. Fui a buscar un terreno para mi casita, me dispararon y después me pegaban mientras yo vomitaba sangre, ellos filmaban y se reían”, dijo a la agencia ANRed al referirse a los policías. Ayer la operaron pero no pudieron sacarle el perdigón porque está ubicado entre el nervio óptico y el cerebro, lo cual podría comprometer la visión del ojo. Lo mismo sucedió con el que tiene en la muñeca.

Jeni, como le dicen sus amigos, tiene tres hijos, su pareja trabaja en un aserradero, en negro, con un sueldo que apenas alcanza para vivir. Cuando no llegan a fin de mes, los dos salen con el carro a buscar su sustento. Pero la pandemia redujo las horas de trabajo y las posibilidades de juntar dinero en la calle. “Estábamos alquilando y ya no nos daba más la plata para pagar y decidimos con mi marido tomar terreno y llevamos chapa y tirantes. La policía empezó a reprimir y cuando trataba de sacar las chapas me dio de lleno el disparo y me caí. Me trajeron de urgencia al hospital en un remis, me pude sacar un perdigón que tenía en el cachete con los dientes en el viaje”, relató Jenifer a ese medio. “Jeni volvió para retirar sus cosas, algunas chapas y maderas que había comprado, y de cerca le tiraron un escopetazo, cuando estaba en el piso le pegaron muy fuerte. Y ahí le tiraron otro escopetazo y quedó muy ensangrentada”, describió Raúl. 

Cacería de vecinos

Las familias de la toma del barrio 22 de Enero denunciaron que la policía no presentó orden de desalojo alguna, llegó disparando armas de fuego y sin mediar palabra. El accionar de la bonaerense no contempló el protocolo para desalojos 707/19 resuelto por la Corte Suprema de Buenos Aires en abril del 2019 que garantiza los derechos humanos de las familias vulneradas y exige la intervención de organismos para contener el accionar violatorio de derechos, tanto de funcionarios judiciales como de las fuerzas de seguridad. El horario de inicio del desalojo también fue ilegal, porque la crudeza de la represión se dio en la impunidad de la noche. El fiscal de la UFIJ 1 en Laferrere, Fabián Garate, explicó que él no estaba notificado de ningún procedimiento de desalojo.

Izquierda: cápsulas 9mm recogidas por las familias en el predio. Derecha: perdigón de plomo extraído del ojo de Jenifer Lizarraga.

Los relatos de los desalojados afirman que la avanzada policial fue acompañada por un grupo de vecinos que apoyó a la policía y señalaba a quién reprimir. Este fue el caso de Raúl (“es ese viejo, el del comedor”, dice que fue señalado), al mismo tiempo que lo acusaron de ser el promotor de la toma de tierras. “Yo solo le doy de comer a la gente que viene y la necesidad hace que la gente busque un terrenito”, explicó.