Vicentin: las verdaderas razones de Cambiemos para defender la cerealera

Cambiemos y el radicalismo PRO se abroquelaron contra la expropiación de la corporación Vicentin que fue su mayor respaldo económico en las campañas electorales, con lo cual aparece como si la empresa hubiera comprado esa defensa. O sea: si cualquier millonario aporta lo suficiente a la campaña de una fuerza política, compra impunidad para recibir créditos irregulares del Banco Nación para después no pagarlos. La operativa se realizó cuando ellos eran gobierno y el titular del banco que la autorizó, Javier González Fraga, está relacionado con esa fuerza. Ante el fallo judicial contrario, el gobierno retrocedió de su impulso inicial de expropiar y se plantea, junto con el gobernador santafesino Omar Perotti, el desplazamiento del directorio actual y una intervención judicial que designe un Órgano Interventor de la megaempresa.

La defensa de Vicentin que hacen el radicalismo PRO y Cambiemos tiene los pies de barro: defienden a quien les dio mucho dinero para que fueran gobierno. Y cuando fueron gobierno, ellos le dieron mucha plata en condiciones de favoritismo, saltándose, los reglamentos del Nación. Y ahora volvieron a defenderlo.

Un banco privado nunca hubiera prestado 300 millones de dólares en esas condiciones. Y, de hacerlo, ahora estaría quebrado. El Nación no quiebra porque tiene respaldo del Estado. El PRO y Cambiemos, beneficiados por el dinero de Vicentin, tienen responsabilidad en el desfalco al Nación, a los demás bancos y a las cooperativas y productores rurales, porque era su gobierno y sus funcionarios. Pero, amparados por la complicidad de las corporaciones mediáticas, disfrazan su defensa del turbio negociado con acusaciones de “inconstitucionalidad”.

Vicentin es mucho más que un conglomerado económico. Se respalda en ese poderío para proyectar su influencia sobre todo en la política, pero también en los medios y en la Justicia. La operatoria solamente hubiera podido funcionar amparada en esa trama vigorosa de influencias. Ahora, en coincidencia con los directivos que los financiaron, ese bloque demoledor de política, funcionarios judiciales, periodistas y corporaciones mediáticas se puso en movimiento para rechazar la expropiación propuesta por el gobierno.

El juez de la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de Reconquista, repuso en sus funciones al directorio de la empresa y designó a los interventores del gobierno nacional como simples veedores.

Es un directorio que le mintió sobre la situación de la empresa a sus mismos accionistas, gran parte de los cuales se han presentado ahora como perjudicados ante la justicia. Es el mismo directorio que mientras declaraba que no podía pagar sus deudas, vendía una de sus empresas en el exterior y recaudaba 120 millones de dólares.

Frente a la contraofensiva judicial y política del directorio de Vicentin, el gobierno, a través de la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe propuso ahora que la justicia designe una intervención y planteó que la encabece Roberto Gabriel Delgado, quien era el interventor designado por el decreto que rechazó el juez.

El organismo interventor controlará la empresa mientras dure el concurso de acreedores, o sea más que los dos meses que se había planteado en el decreto. El gobernador Perotti expresó que este mecanismo sustituye la idea de expropiar. Desde el gobierno nacional se insistió que el viejo directorio será desplazado y que el Estado tendrá intervención y decisión en la estructura que se genere.

El banderazo que se convocó para hoy forma parte de esa ofensiva de la oposición en defensa de la corporación que los financió. Aprovecha el malestar creado por la cuarentena y se constituye al mismo tiempo en una convocatoria para transgredirla en el peor momento de transmisión de la enfermedad. Los infectados ya son dos mil por día y los sistemas de salud están en un nivel de alarma amarilla, con más de la mitad de las camas ocupadas.

En la propaganda dan a entender que el gobierno amenaza la propiedad de las personas. Por el contrario, el control estatal trata de resguardar la propiedad de toda la sociedad, representada en una empresa pública –que es de todos, esta sí. Y también resguarda la propiedad que le fue expropiada por Vicentin a miles de pequeños y medianos productores de Córdoba y Santa Fe.

El banderazo es un acto bisagra en la relación de la oposición con el gobierno porque muestra la decisión de salir como lo hicieron durante la resolución 125. La movilización tiene en ese sentido un componente antiperonista muy fuerte que excede al conflicto con Vicentín. Esa es la parte del voto que nunca cambió y que respaldó a Mauricio Macri.

Pero también cabalga sobre el malestar que crea la cuarentena en sectores adonde no llegó la ayuda estatal, por retraso, por burocracia o porque no estaba contemplado. Y también hay cansancio en parte de los que han sostenido el aislamiento.

El acto romperá una cuarentena que ha sido tomada como ejemplo en todo el mundo. El prestigioso periódico norteamericano The Nation, contrastó esta semana las políticas sanitarias de Alberto Fernández con la de Jair Bolsonaro.

Los muertos por coronavirus en Argentina están llegando a los mil. En Brasil, sin cuarentena, ya llegan a los 50 mil. Aún haciendo equivalencias por la diferencia de habitantes, las cifras del país vecino son muchísimo más altas y terroríficas. Sectores del macrismo cuestionan esta decisión por las pérdidas en la economía.

Es cierto, el PBI, en la comparación interanual, cayó algo más del 11 por ciento. Lo que ocultan los críticos de la cuarentena es que en Brasil, sin aislamiento, la caída de la economía ha sido aún más abrupta: más del 15 por ciento. La cuarentena de este gobierno salvó miles de vida y al mismo tiempo atenuó la caída de la economía con medidas dentro de sus recursos limitados.

La pandemia puso en crisis todos los postulados que aplicó Mauricio Macri. La meritocracia en términos de pandemia es la de Bolsonaro: que se salven los más aptos. En cambio, el gobierno argentino priorizó la responsabilidad social, es decir, la respuesta comunitaria, que el individualismo neoliberal desprecia.

El gobierno de Macri con los radicales PRO perjudicó la salud pública. Convirtió al Ministerio de Salud en Secretaría y redujo su presupuesto en más del 25 por ciento. El gobierno kirchnerista había dejado 13 hospitales prácticamente terminados en todo el país, siete de ellos en el conurbano que ahora serían decisivos en la lucha contra la pandemia.

A algunos sólo le faltó el equipamiento y todos tenían más del 80 por ciento de la obra avanzada. La gobernadora María Eugenia Vidal dijo que no iba a poner un peso en hospitales y se negó a terminarlos. Dijeron que inaugurar hospitales era pura demagogia. Pero ahora muchos de los que la votaron deberán atenderse en los hospitales que ha construido el gobierno, sobre la base de los que ya estaban.

Se dijo que la creación de universidades en el conurbano era demagogia “porque los pobres no van a la universidad”. Y esas universidades, junto con científicos y técnicos del CONICET han desarrollado kits de testeo para detectar masivamente a los enfermos. Está prevista su exportación porque son más baratos que los extranjeros. Se desarrolló un suero para atenuar los síntomas de la enfermedad y bajar su índice de mortalidad y se construyeron respiradores más baratos y sencillos que los anteriores.

Más que “defender la propiedad”, la carga antiperonista de la convocatoria al “banderazo” busca volver a un país sin cuarentena, sin hospitales, ni científicos, ni universidades públicas.