Vicentin: Cuando la memoria activa la justicia para terminar con la impunidad

La memoria de Oscar “Cacho” Zarza insiste. La semana pasada le contó a Página/12 cómo fue su secuestro –el primero de dos que sufrió en 1976– dentro de la fábrica de Vicentin, en Avellaneda. Recordó al Sapo Vicentin, que era capataz aunque no estaba relacionado con la familia propietaria de la aceitera. La entrevista tuvo sus efectos: el fiscal federal Roberto Salum decidió reabrir la investigación sobre la responsabilidad empresaria en la represión ilegal y citó a Zarza para que amplíe su declaración. Hubo 22 obreros de la fábrica detenidos, de los cuales 14 eran delegados. La Federación de Aceiteros de la Argentina lo acompañará a declarar –a él y todos los compañeros que lo hagan–, y tiene la decisión política de presentarse como querellante, previo análisis de los elementos de la causa. La Federación es querellante desde 2015 en la que se sustancia por la desaparición de obreros de Molinos Río de la Plata. 

El líder de Aceiteros, Daniel Yofra, apuntó que la decisión gremial de participar en la causa que investiga la responsabilidad de Vicentin en delitos de lesa humanidad es concomitante con la de ser querellantes en la causa por la desaparición de una veintena de trabajadores de Molinos Río de la Plata. “Es la reivindicación de todos aquellos que pasaron por esa situación. En el caso de Molinos Río de la Plata, para nosotros siguen siendo afiliados porque están desaparecidos, tenemos que seguir defendiéndolos como a un trabajador activo. Nos parecía oportuno que como organización fuéramos querellantes para apoyar a las familias que tienen esos familiares desaparecidos, porque para nosotros esos compañeros que están desaparecidos siguen siendo afiliados”, expresó Yofra.  

Zarza ampliará su declaración el 25 de junio próximo. Fue detenido dos veces. El 30 de enero de 1976 lo buscaron adentro de la fábrica, y las fuerzas de seguridad usaron incluso la máquina de escribir de Vicentin. Quedó libre unos días después. El 2 de noviembre del mismo año, quince minutos después de terminar su turno en Vicentin, lo fueron a buscar a su casa. Primero estuvo desaparecido en la Base Aérea de Reconquista, cuyo máximo responsable, Danilo Sambuelli, fue condenado en 2013. Luego, lo llevaron a la Guardia de Infantería Reforzada y el 5 de enero de 1977, lo trasladaron a Coronda. Allí estuvo detenido hasta la navidad de 1978. 

El abogado de la Federación de Aceiteros, Juan Manuel Combi, planteó que la decisión política de presentarse como querellantes ya está tomada, pero primero quieren analizar si será como parte de la causa madre de la represión ilegal en Reconquista, la 050, o si será parte de una nueva causa. Por eso, necesitan concurrir junto a Zarza para conocer los detalles de la investigación que lleva adelante Salum.

Página/12 contó también el secuestro de Efrén Venturini, en noviembre de 1976, y declaró también ante el fiscal Salum, pero la posibilidad de avanzar sobre la responsabilidad empresaria se diluyó ya que el capataz mencionado ya falleció. El gran obstáculo que encuentran esta causa es encontrar las pruebas para demostrar que esos secuestros de obreros fueron consecuencia de su actividad gremial como delegados de Vicentin. Por eso, la Federación acompañará a los trabajadores citados como testigos. 

El movimiento abierto ahora por el fiscal Salum, encargado de la Causa 50 sobre los hechos de genocidio en el norte provincial, que ya tuvo condenas pero no pudo avanzar en el sentido de la responsabilidad civil. “Fuimos promotores de esa causa como querellantes y a través de nuestra filial Reconquista, vamos a reactivar nuestro rol. Vaos por todos los responsables del genocidio, vamos por el poder económico financiero exportador mafioso”, adelantó José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que estuvo detenido en la cárcel de Coronda con varios obreros de Vicentin. El representante de la Liga en esa zona es Alejandro Córdoba, que también fue víctima de la represión ilegal, detenido en septiembre de 1976. 

Tanto la Liga como la Federación de Aceiteros apuntan a avanzar en la responsabilidad empresaria. “Nosotros no representamos a personas del pasado, representamos el presente, a los compañeros desaparecidos son nuestros representados. En el caso de los compañeros que fueron secuestrado y torturados, los seguimos defendiendo en tanto siguen siendo nuestros afiliados. Y en los escritos sostenemos eso. Mientras haya un daño a un compañero o a una familia, nosotros seguimos representando esos intereses en el presente. Nosotros nos hacemos cargo” apuntó el abogado de la Federación de Aceiteros, Juan Manuel Combi. En la causa Molinos, por ejemplo, ofrecieron la documentación que requirió la Justicia sobre actos gremiales que podían ser de interés para la investigación. 

Yofra considera que quienes sufrieron torturas, secuestros y desapariciones “eran compañeros que peleaban en contra del sistema, y tiene los riesgos y las desgracias de que cuando viene un gobierno militar, y propatronal, hay persecuciones, encierros como les pasó a ellos y muertes, como les pasó a otros. Es importante que como Federación seamos consecuentes”.