¿Alguien puede imaginar que algún juez o jueza en Comodoro Py cite a indagatoria a sus compañeros de edificio y otros colegas que viajaron a la mansión de Joe Lewis? ¿O que profundice la pista de las facturas truchas que habrían usado para justificar una aparente invitación o dádiva? ¿Que analice por razones de interés público los chats filtrados, donde el grupo de los “huemules” arma su estrategia de camuflaje después que Página/12 revelara el viaje? La mayoría de las respuestas seguro dirán que no. Eso explica por qué los implicados apostaron a sacarle la causa de la justicia federal de Bariloche para que se mude a los tribunales de Retiro y consiguieron, este miércoles, una respuesta a su favor. En una decisión unipersonal, el camarista Eduardo Farah sostuvo que los involucrados ejercen su funciones en la Ciudad de Buenos Aires y si cometieron alguna irregularidad también fue en territorio porteño. El juez a cargo es Sebastián Ramos, el mismo que archivó en tiempo rércord en plena feria judicial la denuncia contra Silvio Robles, vocero del supremo Horacio Rosatti, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro.
“Esta decisión es una demostración más de que los chats entre los jueces, los Directivos de Clarín y D’Alessandro intentando ocultar su viaje son reales, y que están desesperados buscando impunidad: hablaban de presentar facturas truchas y las presentaron en el Juzgado de Bariloche; acordaron denunciar espionaje ilegal para victimizarse y corrieron a presentar una denuncia por supuesto espionaje en Comodoro Py”, dijo el ministro de Justicia, Martín Soria, a este diario. Recordó, además una de las frases que aparecen enviadas por el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahíques: “si no se puede cerrar la causa en Bariloche, hay que traerla como sea a Comodoro Py”. Esto, sugirió el ministro, permitirá confirmar “llamados y presiones”.
Hasta acá
En Bariloche había comenzado la investigación, como pidió la fiscal Cándida Etchepare a principios de diciembre último, cuando dijo que había suficientes elementos para sospechar que con el viaje VIP se habrían cometido los delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias y falsedad ideológica de documento público. Por entonces imputó a los integrantes de la comitiva: los jueces Julián Ercolini (de primera instancia de Comodoro Py), Carlos Mahiques (Casación Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo), el jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, el ministro de la Ciudada D’Alessandro, el exfuncionario de inteligencia Leonardo Bergroth y el experto en campañas digitales Tomás Reinke. El dictamen abarcaba también a los directivos del grupo empresario.
La causa barilochense se abrió con la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco pocos días después de la publicación de este diario, el 17 de octubre, y luego se presentó el Ministerio de Justicia, que no fue admitido como querellante. El viaje se había desarrollado, según se constató por la documentación del vuelo privado que tomó el grupo, entre el 13 y el 15 de octubre. Etchepare señaló que algunas las facturas por el alojamiento (en un lugar que no se dedica a eso) fueron emitidas con posterioridad, el 28 de octubre, por valor de 605 dólares cada una. El vuelo aparece como si lo hubieran pagado en efectivo en el momento (hay facturas por 120 mil pesos), lo que para la fiscalía es dudoso. En diciembre, la jueza Silvina Domínguez, quien subrogaba el juzgado federal de Bariloche, concretó medidas importantes, entre ellas el allanamiento de la mansión, de donde se llevó celulares, registros de las cámaras, facturas y otros documentos. Domínguez presentó su renuncia para jubilarse a partir de esta semana, pero aún el gobierno no se la aceptó.
Por esos días en que avanzaba el expediente, un denunciador serial de Comodoro Py, Fernando Miguez, denunció el viaje y luego hizo una ampliación y dijo que los chats donde salieron a la luz las conversaciones entre los miembros del contingente eran ilegales por ser producto de un hackeo. Eran los intercambios donde planeaban cómo disimular que habían sido invitados manipulando las facturas y su estrategia para instalar una versión en los medios aliados. La denuncia de Miguez le tocó a María Servini en un sorteo que se hizo el 5 de diciembre. La magistrada se excusó por su vieja relación y sus últimos encontronazos con D’Alessandro (por problemas con la custodia de la policía porteña). Se hizo un nuevo sorteo el 12 de diciembre, y le tocó al juzgado federal 2, a cargo de Ramos, el juez que el 17 de enero cerró la causa por la última tanda de chats que salieron a la luz, donde el colaborador de Rosatti y D’Alessandro hablaban de la causa sobre la coparticipación que, finalmente, los supremos resolvieron con una medida cautelar a favor de Horacio Rodríguez Larreta. Robles también le daba letra al ministro porteño sobre la disputa por la integración del Consejo de la Magistratura.
Marche a Py
El abogado Mariano Cúneo Libarona, que defiende al juez Yadarola, aprovechó que también había una causa en Comodoro Py y fue a pedirle al juez Ramos que le reclame la causa al juzgado federal de Bariloche. Dijo que se investigaba lo mismo que en Bariloche y que los hechos denunciados son de competencia de los tribunales federales porteños. Ramos respondió que “aún no se encuentran bien identificados los extremos que harían coincidir ambos objetos procesales” y que por eso hacía falta “más información”. Yadarola apeló esa respuesta y en la Cámara Federal encontró la primera señal a su favor a fines de diciembre donde un dictamen del fiscal ante ese tribunal, José Agüero Iturbe, le dio la razón. Este miércoles el camarista Farah resolvió en consonancia. Dijo que no hacía falta buscar más información para advertir que son “los mismos acontecimientos”.
Sobre lo que se investiga el camarista Farah dijo: “Debe apuntarse que –en esta sede y en la provincial federal –se denunció a diferentes funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían. Se agregó que aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntales ligados a los roles que poseen”. Luego señaló que no importa si había una causa antes, y que lo determinante, a su entender, es: que “todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de la ciudad”; “todos los asuntos que –se dijeron– conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados (…) todo también habría sucedido aquí”. Así le indica al juez Ramos que reclame el expediente al juzgado de Bariloche. Habrá que ver qué resuelven allí.
El viaje VIP a la Patagonia ofreció una foto perfecta de cómo se maneja el poder: ¿Qué van a hacer juntos funcionarios, exespías y empresarios, que tienen en común el máximo interés y llegada en el manejo de causas contra el oficialismo, en especial contra Cristina Fernández de Kirchner, y en beneficiar al macrismo/larretismo? El traslado a Comodoro Py, que expresa la protección corporativa, mediática y política, cierra el círculo.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/520492-viaje-a-lago-escondido-el-salvavidas-de-la-familia-judicial-
