El vacunatorio que funcionaba en la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur, que sería la fachada de un comité de la Unión Cívica Radical, fue cerrado 48 horas antes de que un abogado presentara la denuncia para que se investigue si además de privatizar la vacunación se estaba inmunizando a simpatizantes partidarios, familiares y amigos. Fue un cierre anticipado porque el convenio que tenía el lugar para aplicar las dosis contra el coronavirus duraba hasta el 30 de abril. Incluso hubo vecinos y vecinas que se vieron sorprendidos por el aviso de la cancelación de su turno allí y su derivación a otros lugares. Todo esto fue constatado por el juez federal Ariel Lijo, en uno de los procedimientos del miércoles último que llevó a cabo la Gendarmería. El otro, fue en el ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce Fernán Quirós, imputado al igual que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Lijo investiga, con intervención de la fiscalía de Carlos Stornelli, si a través de convenios con siete instituciones privadas de salud hubo privilegios o beneficios en la vacunación, tanto para sus asociados como para grupos que no tenían prioridad para la inmunización. La denuncia inicial fue hecha por la abogada Natalia Salvo. Por lo pronto, el juzgado ya constató –según informaron allegados a la causa– que en la Ciudad de Buenos Aires se entregaron cerca de 80.000 vacunas por medio de esos acuerdos al sector privado. Hasta el viernes a última hora se habían distribuido algo más de 187.000 en esa jurisdicción. Será clave que a pesquisa determine si hubo privilegios para algunos y sectores perjudicados.
El gobierno porteño reconoció los convenios con siete instituciones y dijo haber ofrecido lo mismo a todas las obras sociales y prepagas. Las entidades que rechazaron el ofrecimiento plantearon que no podían vacunar a unos afiliados sí y a otros no: en caso de haber vacunas consideraron que debían poder ofrecerlas a todo el mundo. Salvo señala el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público para los funcionarios por la posible violación del orden de prioridad establecido por el Plan Estratégico de vacunación contra la Covid-19.
El juez acumuló a la denuncia por la privatización de las vacunas con otra que hizo el abogado Yamil Castro Bianchi, que puso en la mira al vacunatorio dentro dentro de la sede de un lugar que se presentaba como Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur que, en rigor, parece ser un comité del radicalismo, ligado a una de sus digientes porteñas, Raquel Herrero. El detalle es que Herrero es una integrante de la Auditoría General de la Ciudad, organismo que, precisamente, deberá auditar los manejos con las vacunas, igual que a Auditoría General de la Nación lo hace con los contratos de adquisición de las dosis y el Plan Estratégico. En varias publicaciones que difunden las actividades ligadas al gobierno de Rodríguez Larreta, Herrero es mencionada como la referente principal de esa asociación. Por ejemplo, el portal “Informe Barrial” anunciaba que Encuentro Vecinal participó del operativo “DetectAR” (testeos e identificación de casos sospechosos) a mediados del año pasado y que ella llevaba la voz cantante.
La Asociación en cuestión está ubicada en la calle Picheuta 1517 y resulta que es la misma dirección que aparece en lo panfletos o flyers con que Herrera se postula para las internas radicales en la Comuna 7, anunciadas para el próximo 21 de marzo. Dice el texto: “Te esperamos en nuestro comité y redes sociales”. No hay mucho margen para la duda.
Lijo pudo constatar que el vacunatorio fue desactivado dos días antes de la presentación de Castro Bianchi, como si hubieran sido alertados o vieron venir el problema. En el juzgado tienen el convenio que dice que Encuentro Vecinal vacunaría hasta el 30 de abril. Allí alegan que siempre dieron vacunas, pero entonces no se explica por qué desmontar el sitio donde ya se estaba inoculando a la gente y había turnos repartidos que fueron derivados a otros vacunatorios. La cuenta de Twitter de la entidad @encuentrovecsur no existe más, habrá que establecer desde cuándo.
La investigación tiene varios ejes a los que prestar atención: por un lado, Rodríguez Larreta habilitó un punto de vacunación en un aparente local partidario, lo que abre las sospechas de reparto discrecional de vacunas por posible afinidad partidaria, intercambio de favores o personas conocidas; el juez ya tiene el listado de personas que fueron vacunadas allí y comenzó a analizarlo; por otro lado, deberá estudiar el papel de Herrero, que además es una de las funcionarias que debe controlar entre otros ámbitos públicos el de la salud.
Lijo planea un gran entrecruzamiento de datos para ver si hubo reparto discrecional y preferencial de vacunas. Revisará los listados de vacunados así como todos los convenios y condiciones que tienen. También cruzará los datos con las partidas de vacunas y a la canitdad que el Ministerio de Salud nacional le mandó a la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/326509-vacunacion-de-privilegio-en-caba
