Una salida para Brasil

Brasil se encuentra en una encrucijada existencial de una dimensión
difícil de imaginar. Es uno de los países con uno de los mayores desastres
humanitarios causados por la pandemia. Brasil tiene alrededor del 2,8 por ciento de
la población mundial, pero tiene el 13,9 de las muertes por COVID-19. Es
el país que experimentó dos ataques graves contra la democracia y la
primacía del derecho en poco tiempo: el golpe jurídico-político contra la
presidenta Dilma Rousseff en 2016, y la grotesca manipulación judicialpolítica que condujo a la condena sin pruebas del expresidente Lula da Silva
en 2018, hasta hoy el presidente más popular de la historia de Brasil.

Es el
país gobernado por un presidente, Jair Bolsonaro (foto), quien ganó las elecciones
después de que su rival fuera neutralizado ilegalmente y, no obstante, con la
ayuda de una abrumadora avalancha de noticias falsas. Es el país gobernado
por un presidente no sólo claramente incompetente para ocupar el cargo, sino
también pro-fascista (defensor de la dictadura militar que gobernó el país
entre 1964 y 1985, de la tortura de opositores democráticos, y que viene a
poner bajo vigilancia a los defensores de los derechos humanos por supuestas
actividades…antifascistas); es también cómplice activo del genocidio en
curso en Brasil contra la población indígena y contra la población en general. Es el único gobernante en el mundo que sigue negando la gravedad de
la situación de la pandemia y se niega a declarar el luto nacional por la muerte
de tantos miles de brasileños. Un gobernante que anuncia un producto sin
prueba científica de su eficacia, la cloroquina, producida por un empresario
bolsonarista, de quien el gobierno adquirió suficientes existencias para abastecer al país durante 18 años a un precio seis veces superior al precio por
el que compró el mismo medicamento el año pasado. Es el país donde los
medios de comunicación principales han mostrado a lo largo de los años un
total desprecio por las reglas de la convivencia democrática.

Es el país donde
Estados Unidos ha sido capaz de infiltrarse en el sistema judicial de la
manera más fácil y eficaz para alinear la política exterior del país con los
intereses estadounidenses en el continente y destruir el tejido económico del
país en algunas áreas que compiten con las empresas estadounidenses
(construcción, aeronáutica y combustibles fósiles). Finalmente, es el país
donde, a pesar de todo esto y en el aparente funcionamiento normal de las
instituciones democráticas, la popularidad del presidente, que ha disminuido
considerablemente en los primeros meses de la pandemia, vuelve a crecer y
lo posiciona para un segundo mandato a partir de 2022.
Teniendo en cuenta esto, la única salida posible para Brasil es, a más
tardar en 2022, poder poner fin democráticamente a la pesadilla infernal del
bolsonarismo. Aunque se han hecho muchos daños irreversibles, la salida
consistirá en que los brasileños y las brasileñas sientan política y
psíquicamente que se han despertado de una pesadilla, que están vivos a
pesar de los seres queridos perdidos, que nace un nuevo día y que un nuevo
comienzo vuelve a ser posible.

¿Cuáles son las condiciones para esto?
En primer lugar, el presidente y su clan deben ser investigados
seriamente y, por todo lo que se sabe, si lo son, se concluirá que hay
suficientes pruebas para ser acusados, juzgados y encarcelados. Además, a
nivel internacional, ya se han presentado varias denuncias ante la Corte Penal
Internacional de La Haya contra el presidente Bolsonaro por la forma en que
dirigió el país durante la pandemia, por crímenes de lesa humanidad y, en el
caso de pueblos indígenas, por genocidio, el más grave de estos crímenes.
En segundo lugar, los arquitectos de la grave degradación de la democracia en los últimos años, los jueces y fiscales del Ministerio Público que llevaron
a cabo las “investigaciones” de Curitiba, cometieron tantos y tales pisoteos
que no sólo deberían ser retirados de la función judicial que deshonraron,
sino que deben ser juzgados, respetando todas las garantías procesales, las
mismas que negaron a las víctimas de su manipulación macabra. En
particular Sergio Moro, el candidato estadounidense para las elecciones
presidenciales de 2022, debería ser definitivamente eliminado de la vida
política. ¿Cómo fue posible que un juez federal mediocre de primera
instancia asumiera la jurisdicción nacional y aprovechara el poder para violar
las jerarquías más elementales del sistema judicial? Que nadie sienta lástima
por él, porque los Estados Unidos encontrarán la manera de compensarle por
los servicios prestados, en particular con una posición internacional. En
tercer lugar, el expresidente Lula da Silva debe recuperar plenamente sus
derechos políticos frente a la diabólica trampa judicial-política de la que fue
víctima y cuyos rasgos más grotescos comienzan a ser conocidos. En cuarto
lugar, las fuerzas políticas de izquierda deben estar convencidas de que se
enfrentan a una situación política excepcional que exige un comportamiento
excepcional y que discutir en este momento si el PSB (partido socialista
brasileño) o el PDT (partido obrero democrático) son o no de izquierda, o
evitar articulaciones con un amplio abanico de fuerzas democráticas de cara
a las próximas luchas electorales son actos de suicidio político que el país se
encargará de recordarles en los próximos años. En quinto lugar, los
movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil tienen que
despertar de la inquietante somnolencia que les infundió la vida
relativamente fácil que tuvieron durante la administración de Lula da Silva.
El país del Foro Social Mundial es hoy un bochorno para todos los
demócratas y activistas del mundo que vieron en Brasil, a principios de la
década del año 2000, el país líder de una nueva era de movilizaciones sociales incisivas y pacíficas guiadas por la idea inaugural de que “otro
mundo es posible”.

Estas son las principales condiciones. Los tres primeros están en
manos del poder judicial brasileño. Hay indicios de que los tribunales
superiores se han dado cuenta de que el futuro de la democracia depende en
gran medida de ellos. Han cometido muchos errores en el pasado reciente,
han sido negligentes, si no cómplices, ante violaciones flagrantes de la
garantía procesal que es la razón de ser del sistema judicial en una
democracia. Pero hay señales de que serán la primera institución en despertar
de la pesadilla bolsonarista, y ahora no hay razón para dudar de que estarán
a la altura de la carga histórica. Ciertamente se han dado cuenta de que serán
las próximas víctimas, si la ilegalidad sigue estando en libertad e impune. No
deben dejarse intimidar por grupos extremistas o por el gabinete del odio.
Tienen algunos buenos ejemplos en el continente de que los tribunales a
veces saben cómo asumir la responsabilidad de ellos en un momento
histórico dado. Después de todo, ¿quién podría haber imaginado que el
político más poderoso de Colombia, Álvaro Uribe, senador, expresidente del
país, responsable impune de muchos delitos y de la destrucción de los
acuerdos de paz con la guerrilla, sería detenido bajo arresto domiciliario para
no entorpecer la justicia que lo juzgará por decisión unánime de la Corte
Suprema de Justicia?