Una institucionalidad para la economía popular

La escena es novedosa, ocurre en La Rioja a fines del 2018. En una sala colmada por trabajadoras y trabajadores, acompañado por los “Cayetanos” de la CCC, de Barrios de Pie, de la CTEP y del Sindicato de Ladrilleros, el gobernador Sergio Casas afirma: “hemos creado el primer Ministerio de la Economía Popular”. Desde entonces la experiencia de La Rioja no ha cesado de crecer como un ejemplo del rol del Estado en relación a la economía popular. 

El tema, lo sabemos, perturba. Entre las críticas “choriplaneras” y la nostalgia bien intencionada del pleno empleo industrial, la economía popular padece los rechazos de lo “nuevo” y lo incomprendido. Sin embargo, lo actuado por ese ministerio bajo la forma de secretaría de Participación Social y Articulación Solidaria de dicha provincia, a cargo de Guido Varas, muestra el camino posible para las distintas provincias y para el país. La economía popular es hoy agenda de muchos gobiernos provinciales y municipales que tomaron conciencia de la necesidad de pensar una nueva institucionalidad para el sector. Y no se trata de “atender” o “contener” a los más de 4,5 millones de argentinas y argentinos que viven en y de la economía popular sino de generar las condiciones para que todas y todos tengan un trabajo digno, con derechos y salario equivalentes a los trabajadores formales.  

Son varias las “soluciones” que circulan para el sector. El gobierno de Cambiemos aplica la teoría que propone para todos los mundos del trabajo: el problema del desempleo es un problema de oferta y demanda que se resuelve con cursos de formación para acceder al mercado laboral. Se llama teoría del capital humano y fracasó en todo el mundo. Los gobiernos o candidatos laboralistas proponen crear empleo industrial. Obviamente que compartimos este deseo, pero enfrenta por lo menos un escollo. En un contexto de economía financierizada y de avances tecnológicos, que no son una fatalidad pero que requieren reconversiones profundas, incorporar los millones de trabajadores de la economía popular implicaría la creación de 400 mil puestos de trabajo por año durante 10 años solo para este sector cuando durante los 12 años del kirchnerismo se crearon 500 mil por año para toda la economía. Este muro aparentemente infranqueable del 30% de los trabajadores que no pueden acceder al trabajo en relación de dependencia requiere de otra estrategia.  

La economía popular no es un mal de la economía, no es transitoria y no va a desaparecer con la ampliación del trabajo industrial y menos haciendo cursos de formación. La economía popular es un camino que requiere una nueva institucionalidad para pensar otra forma del empleo genuino.  

Las autoridades riojanas lo tienen claro. Crear institución tiene dos dimensiones. La transformación social es con las organizaciones existentes y por ello todas las medidas que tomaron fue articulando con ellas. Es el primer punto de cualquier política con futuro: el Estado trabaja con la sociedad, es parte de ella. Es un principio de ética y de lucidez política, respetar lo hecho, fortaleciendo las autonomías de las organizaciones que trabajan día a día en la cercanía. Guido Varas y su equipo son los articuladores cotidianos de esta práctica institucional.  

El Estado es también una mediación con el capital y esta es la segunda gran dimensión de la institucionalidad. De la misma forma que en cualquier paritaria se sientan los representantes del trabajo y del capital en la mesa que convoca el Estado, la institucionalidad de la economía popular requiere un gesto parecido pero con su especificidad. Este es tal vez el punto más complejo y más novedoso. El movimiento social que hoy defiende a los trabajadores de la economía popular empezó a articularse en torno al desempleo (asumir una realidad histórica), después a la idea de trabajadores sin patrón (asumir una identidad y subjetividad autónoma) y hoy se viene discutiendo la idea de “patrón oculto” (asumir una relación de explotación). Este último punto da cuenta de una relación donde actores concretos no permiten el desarrollo de la economía popular porque sacan provecho de ella, sin garantizar derechos ni salarios dignos. Es el caso de algunas instituciones financieras que cobran más de 150% de tasa de interés anual, de intermediarios comerciales que compran a bajo precio y revenden con ganancias extraordinarias lo producido en la economía popular, es el propio estado cuando se beneficia del trabajo de los recicladores, son los hogares cuando tienen a sus hijos o a sus adultos mayores cuidados por mujeres de la economía popular. Las acciones del Estado riojano atienden justamente estas asimetrías, median con los “patrones ocultos” de la economía popular.  

Las dimensiones financieras, la productividad, la coordinación de lo producido, la comercialización de cercanía, la calidad y la formación están garantizada en La Rioja por una política integrada, que piensa la complejidad de la economía popular. Vemos implementado ahí lo que en tantas partes se queda en el plano del discurso: transformar la economía popular para que sus trabajadores tengan mejores ingresos, garantizar sus derechos, y aportar a la sociedad.  

El gesto común del Gringo Castro (CTEP), de Juan Carlos Alderete (CCC), de Daniel Menendez (Barrios de Pie) y de Luis Cáceres del Sindicato de Ladrilleros expresaba apoyo al ministerio de economía popular, pero también anhelo. Fortalecer la autonomía de las organizaciones, transferir capital, saberes y derechos, intermediar en las relaciones asimétricas entre capital y trabajo, son las acciones que el Estado debe llevar adelante para garantizar una nueva institucionalidad en el mundo del trabajo.  

* Sociólogo Unsam – Usina del Pensamiento.