"Una herramienta a disposición del máximo tribunal para supervisar la persecución penal"

La Comisión Bicameral que fiscaliza a los organismos y actividades de inteligencia votó un dictamen que concluye que desde que la oficina de escuchas telefónicas pasó a depender de la Corte Suprema, con un DNU de Mauricio Macri y la anuencia del supremo Ricardo Lorenzetti, “la tarea desempeñada” por ese organismo –que pasó a llamarse DAJuDeCo (Dirección de asistencias Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado)– excede ampliamente la misión de organismo rector de las captaciones de las comunicaciones, para constituirse en una colosal secretaría, con amplias funciones y sofisticadas estructuras a disposición de los resortes de una discrecional actividad jurisdiccional”. Para la mayoría de los integrantes de la comisión esa dependencia operó como “una herramienta a disposición del máximo tribunal para supervisar la persecución penal…” al convertirse en una suerte de auxiliar de las investigaciones. El texto pone en el foco de los cuestionamientos al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, que fue titular de la DAJuDeCo durante cuatro años, porque como camarista resolvía casos en los que intervenía el organismo. Uno de ellos fue el de las célebres escuchas a Oscar Parrilli, que apuntaban a espiar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las conclusiones de la Bicameral, que preside Lepoldo Moreau, se apoyan en un análisis del organismo y también de casos como aquel, donde hubo filtraciones de conversaciones privadas a los medios de comunicación, con fines evidentemente políticos.

El dictamen de la Bicameral fue votado en una reunión que se hizo en la tarde del lunes por todos los senadores y diputados del Frente de Todos que la integran, que son ocho. Juntos por el Cambio, no quiso votar esas conclusiones, y tres de sus legisladores presentaron una nota en minoría con algunas objeciones, como que algunas argumentaciones surgen de “preconceptos” que se apoyan en “opiniones sesgadas”. El informe de 136 páginas que se hizo sobre el funcionamiento, las regulaciones y la integración de la DAJuDeCo, que incluye el análisis de filtraciones de escuchas en tres casos en particular: conversaciones entre Parrilli y CFK captadas en interceptaciones en una causa judicial y una precausa; los diálogos privados de ex funcionarios presos en el penal de Ezeiza tomados de los teléfonos públicos, en una causa donde se supone que sólo se escuchaba la narco Mario Segovia, que derivaron en la “Operación puf”; y pinchaduras a los teléfono de familiares de Santiago Maldonado. Las filtraciones a medios de comunicación, inauguradas con el famoso “soy yo, pelotudo”, de la expresidenta a Parrilli, se produjeron todas desde que las escuchas pasaron a manos de la Corte Suprema.

El informe será entregado a CFK, como titular del Senado y a Sergio Massa, como presidente de la Cámara de Diputados. Es factible que, por el contenido, pueda derivar en alguna denuncia penal. Quienes aparecen señalados en circunstancias cuestionadas por la comisión son el camarista Irurzun, el director de la oficina de escuchas, Juan Rodríguez Ponte, y en cierta medida el supremo Lorenzetti, que como presidente de la Corte, aunque también los demás integrantes del tribunal que respaldaron que lo que en sus orígenes era un organismo dedicado exclusivamente a pinchar teléfonos para investigaciones judiciales se convirtiera en una megaestructura con capacidad incluso de inmiscuirse en investigaciones penales, y hasta de elegir los peritos especialistas en corrupción para cada caso, según señala el reporte de la Bicameral, como aquellos donde estuvieran implicados “funcionarios de alto nivel”. Algo que podría pasar, aunque es difícil que ocurra en lo inmediato, es que esta dependencia vuelva a la Procuración General de la Nación, de donde Macri la sacó por DNU. Ese decreto fue rechazado por el Senado, pero nunca fue tratado por Diputados, donde todos los debates se vuelven más complejos. De todos modos, el oficialismo tampoco es afecto a que la estructura vuelva a la estructura del Ministerio Público Fiscal (MPF) sin que haya una reforma y que cambie su titular, que ahora es el interino Eduardo Casal. Tanto la reforma judicial como la del MPF serían tratadas en las sesiones extraordinarias.

El texto del dictamen de la Bicameral de inteligencia explica que, por ejemplo, “solo en las subdirecciones de Asistencia en las Comunicaciones y en Delitos Complejos y Crimen organizado, la DAJuDeCo tiene asignadas 66 personas, lo que es equivalente a más de nueve secretarías de instrucción clásicas; además de permitirle ejercer una vigilancia panóptica de todas las investigaciones sen curso en los juzgados federales”. Recuerda que fue parte de la distorsión de la funciones del poder judicial como parte de la llamada “guerra judicial” o “lawfare”, marcada por la “connivencia con organismos de inteligencia, medios de comunicación y poderes fácticos” que llevaron adelante la “persecución da dirigentes políticos en el campo judicial”. Según la Bicameral, la Corte “legisló” al cambiar las funciones de la oficina de escuchas original y asemejarla a una policía judicial.

El informe se apoya en parte en el análisis de casos donde hubo filtraciones. Recuerda que las escuchas a Parrilli, pero dirigidas a CFK, se hicieron de manera sucesiva y aparentemente coordinada entre una precausa generada por la Agencia Federal de Inteligencia apenas desembarcó el macrismo, con Gustavo Arribas, que pidió investigar si su antecesor había cometido algún delito o llevado documentación, y otra donde se investigaba si desde el Estado se encubrió al narco Ibar Pérez Corradi. La primera estuvo a cargo de María Servini de Cubría y la segunda de Ariel Lijo. Empezaron en forma simultánea, pero las escuchas fueron sucesivas: Servini pinchó el teléfono desde el 30 de enero de 2016 hasta el 29 de mayo y luego desde el 24 de junio al 21 de septiembre lo hizo el juez Lijo. Parrilli tuvo el teléfono pinchado en forma directa durante 209 días.  Servini ordenó la destrucción de las escuchas pero quedó una copia o copias. La difusión de los diálogos empezó el 23 de enero de 2017, cuando la DAJuDeCo entregó transcripciones audios al juez, señala la Bicameral, que también cuestiona a Irurzun porque “intervino en su doble condición: como vocal de la sala II de la Cámara de Apelaciones, decidió por la revocatoria de un sobreseimiento en favor de Parrilli; y por el otro, en su carácter de máxima autoridad de la DAJuDeCo”, que se ocupó de pinchar los teléfonos en la misma causa.

Otro caso que toma el informe es la intervención de los teléfonos públicos del penal de Ezeiza, donde fueron escuchados, entre otros, Juan Pablo Schiavi, Roberto Baratta y Lázaro Báez. Algunas de sus conversaciones fueron difundidas también para generar una causa que pusiera en jaque el D’Alessio Gate, con el argumento absurdo de que había una especie conspiración de los presos kirchneristas contra el fiscal Carlos Stornelli, procesado con confirmación del a Cámara de Mar del Plata por espionaje ilegal. Las escuchas habían sido ordenadas por el juez Federico Villena en una causa sobre narco terrorismo donde se supone que quería escuchar a Mario Segovia, pero como quedó demostrado en la investigación de espionaje de Lomas, hubo un plan para espiar en la cárcel a los ex funcionarios y aliados kirchneristas. Con aquellas escuchas (que incluían conversaciones con abogados/as, algo que está prohibido) Elisa Carrió y su tropa promovieron una denuncia que tuvo a cargo el fallecido Claudio Bonadío. Que pidió todas esas escuchas. La Bicameral lo deja a salvo a Villena, diciendo que autorizó que su colega se las pidiera a la AFI, pero que se las requirió a la DAJuDeCo y que ésta le entregó una regrabación, cuya razón de ser, además, nadie explica.

Por supuesto que ni en el caso de Parrilli ni el de las escuchas en la cárcel investigadas por Bonadío como un supuesto plan contra Stornelli había delito alguno, pero sirvieron para ser utilizadas para generar desprestigio y desgaste político a CFK y el kirchnerismo. La Bicameral también muestra como la DAJuDeCo elaboró informes para justificar su accionar en cada caso, que los senadores cuestionan. Sobre Irurzun –muy cercano a Lorenzetti– recordaron que su designación debió haber sido por sorteo pero no consta en ninguna acta y fue anunciada por los medios con dos días de anticipación.

El consejo asesor que designó Alberto Fernández para la reforma judicial una de las propuestas que hizo respecto de la Corte Suprema es que debe dejar de tener bajo su órbita a la oficina de escuchas.