El ex concejal del Frente de Todos de la ciudad de Goya, Ariel Pereira, está preso hace cinco meses. Lo encontraron culpable de cobrar un plus salarial de 238 pesos por título universitario que no tiene y que le imputaron por error. Sin embargo, y a pesar de no tener antecedentes penales, lo condenaron a dos años de prisión efectiva y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El ex edil y sus abogados consideran que esto se trata de un ejemplo concreto de la persecución y las detenciones arbitrarias contra dirigentes kirchneristas. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como “amicus curiae” y denunció ante la Corte Suprema de Justicia la existencia de numerosas irregularidades.
El 3 de octubre del 2019, Ariel Pereira recibe un mensaje de una periodista que le advierte que un funcionario del gobierno provincial de Corrientes le había enviado una imagen de una orden de detención en su contra. Al día siguiente llama a la comisaría para ver si había una notificación, le contestan que no y, a los 10 minutos, un contacto le confiesa que sí había una orden de detención. Unas horas después se presenta en la comisaría y lo detienen. “Ese día Alberto Fernández tenía agendado una visita a Corrientes, que por el paro aeronáutico no se pudo hacer. La idea de ellos era agarrarlo durante el acto de Alberto, hubiese sido un escándalo”, cuentan fuentes cercanas a Pereira.
Pereira había sido condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas, ya sea por elección popular o nombramiento de una autoridad competente. El concejal había sido encontrado culpable “por fraude a la administración pública con la modalidad de delito continuado” por haber cobrado un adicional por título universitario que no le correspondía, al no haber terminado nunca la carrera de Relaciones Laborales. Ese adicional representaba unos 338 pesos mensuales que, sumados en total, significaban apenas unos 4200 pesos.
El ex edil, que denuncia la existencia de una persecución judicial en su contra por parte del oficialismo radical de la Municipalidad y la Provincia, sostiene que, más allá de lo irrisorio del monto, el proceso judicial estuvo repleto de irregularidades. En primer lugar, argumenta, ya se había realizado un proceso de juicio político en su contra por por este mismo tema en el 2014 y fue absuelto. Allí se había determinado que no había existido defraudación a la municipalidad de Goya porque, en toda la documentación presentada en el área de personal, no existía una sola documentación apócrifa. A partir de este proceso se descubre también que Pereira no era el único, sino que habían otras 19 personas que habían cobrado ese plus salarial sin tener un título universitario. Finalmente, se determina que fue un error administrativo y Pereira es absuelto.
Sin embargo, Pereira es denunciado penalmente por el mismo delito por la entonces concejala radical Geraldine Calvi y la causa cae en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Darío Ortíz, quien se desempeñaba como Jefe de Personal de la Municipalidad, es decir que era la persona que se había encargado de la liquidación de los sueldos, y que se negó a inhibirse en la causa. El juez Ortíz toma entonces la decisión de sobreseer a los 19 trabajadores municipales que habían cobrado erróneamente ese adicional pero excluye a Pereira y lo eleva a juicio. Tiempo después a Pereira lo condenan. “¿Quien estuvo presente durante el juicio en el que lo condenaron? Ortíz de nuevo”, señala la gente de Pereira.
Según indican desde el entorno del ex concejal, Pereira era el candidato a enfrentar al actual intendente de Goya, Ignacio Osella, en las próximas elecciones. El concejal, además, había tenido un rol muy visible durante la campaña a la gobernación del candidato del Frente de Todos, Camau Espinola, que perdió frente al radical Gustavo Valdés. Por estos motivos -y el hecho de ser el dueño del Tngoya, un portal de noticias opositor al oficialismo que, según asegura la gente del concejal, es el más leído de Goya – fue que a Pereira lo metieron preso y lo inhabilitaron a perpetuidad para ejercer cargos públicos. “No existe otro caso en la Argentina en el cual condenen a dos años de prisión efectiva a una persona que no tiene antecedentes penales. Además de que ni a los militares acusados por crímenes de lesa humanidad les han dado inhabilitación perpetua”, se quejaron desde su entorno.
El caso de Ariel Pereira se inscribe en la lista de ex funcionarios kirchneristas que denuncian haber sido detenidos arbitrariamente durante el gobierno de Mauricio Macri por cuestiones políticas. En Corrientes el suyo no es el único caso, ya que también se encuentran detenidos de manera preventiva los ex intendentes de Perugorría, Angelina Lesieux y su eposo, Jorge Corona. A pesar de estas continuidades, el caso de Pereira es especial porque es la primera vez que el Estado nacional, a partir de la actuación del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, interviene judicialmente para denunciar que el Poder Judicial de Corrientes cometió irregularidades con el ex funcionario, se presentó como “amicus curiae” y denunció el caso a la Corte Suprema.
Informe: María Cafferata.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/250157-una-detencion-arbitraria-en-tierras-correntinas
