Una de cal y una de arena en la criminalización de la protesta mapuche en la Patagonia

La violencia no era extraña en la zona donde se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Siete meses antes de ese fatídico agosto, el 10 y 11 de enero de 2017, en la Pu Lof Resistencia Cushamen en Chubut –esas pocas hectáreas que la comunidad mapuche recuperó de manos del magnate Luciano Benetton en 2015– hubo un operativo conjunto de la policía chubutense y la Gendarmería con diez personas detenidas que fueron golpeadas, amenazadas, torturadas y desaparecidas por algunas horas. Como si todo eso fuera poco, quedaron imputadas por resistencia a la autoridad, abigeato, daños, corte de ruta y uso de explosivos, en una secuencia cinematográfica donde la comunidad que acudió a solidarizarse ante la presencia represiva policial en la Pu Lof terminó perseguida por la ruta y acusada de robar caballos y poseer bombas molotov. Tres años después, días antes de Navidad y en una audiencia virtual, fueron absueltas. 

En tanto, en otro proceso judicial por el corte de ruta de la misma comunidad pero en agosto de ese año fue citado Sergio Maldonado como testigo en la causa que está imputado Matías Santa quien, a la sazón, es testigo de la desaparición de Santiago Maldonado. Ante la cédula judicial, Sergio Maldonado reaccionó con bronca. Mientras la familia Maldonado lucha para evitar el cierre definitivo de la causa que investiga la desaparición y muerte de Santiago, e incluso querella al Estado ante tribunales internacionales, en Chubut la justicia mantuvo activo el proceso por el corte de ruta del 31 de julio y el 1 de agosto de 2017 en la Pu Lof de Cushamen.

“Quieren archivar la causa por la Desaparición Forzada y muerte de Santiago ocurrida el 1de agosto de 2017.
Y solo quieren un juicio donde los gendarmes son las víctimas”, escribió Maldonado al anunciar que la justicia de Chubut lo había llamado a declarar para el 25 de febrero en este proceso donde los gendarmes que participaron de aquel operativo denuncian haber sido agredidos por los mapuches, que aquel día tiraron piedras contras las balas.

“En medio del plazo dictado por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA) al Estado para llegar a una solución amistosa por la Desaparición Forzada y muerte de Santiago, me mandaron a Gendarmeria a mi casa para que me presentara en el Escuadrón a buscar una Notificación para un juicio”, se quejó indignado el mayor de los Maldonado, y se refirió a la denuncia que su familia presentó contra el Estado para que responda sobre lo ocurrido con El Brujo, como le decían a Santiago en la etapa en que vivió en El Bolsón. Esa notificación lo convoca a declarar como testigo en la causa 8144 caratulada Santana, Matías Daniel y otros s/ entorpecimiento de servicios públicos (art. 194), resistencia o desobediencia a funcionario público, amenazas con armas o anónimas (art. 149 bis) y daño agravado (art. 184 inc 4). 

Estas denuncias que siguen activas sobre la comunidad en Resistencia Cushamen plantean que Gendarmería fue supuesta víctima de los mapuche cuando es la fuerza responsable de la brutal represión sobre ellos –con el explícito aval de los ministros del entonces gobierno de Mauricio Macri–, de la desaparición del joven tatuador anarquista; es la misma que luego espió a la familia Maldonado, su entorno, los amigos de Santiago y los activistas que apoyan la causa mapuche. En las audiencias previstas para febrero fueron citados algunos de los gendarmes, como el propio Emmanuel Echazú y los comandantes Juan Carlos Escola y Fabián Méndez, y mapuches activistas como Ailinco Pilquiman, convocada el mismo día que Sergio Maldonado. 

Aquel 1 de agosto los gendarmes recibieron piedras que arrojaron los mapuche para defenderse de las balas de goma, plomo y las camionetas de tres escuadrones de Gendarmería que los persiguieron en su territorio hasta el río Chubut, con la excusa de despejar la ruta 40, que había sido cortada por ellos en protesta por el encarcelamiento de su lonko, Facundo Jones Huala que llevaba un mes preso en Bariloche. Necesitaban refuerzos y allí acudió Santiago a poner el cuerpo en su apoyo.

La antesala de terror

Las denuncias que originaron la represión de hace casi cuatro años en esa comunidad ubicada sobre la ruta 40, entre Esquel y El Bolsón, habían sido presentadas por Benetton, avaladas por la policía local y funcionarios, y luego impulsadas por el Poder Judicial, meses antes de la aparición de Santiago Maldonado en la comarca andina. El proceso que acaba de terminar fue el segundo que afrontaron los mapuche de Cushamen por los mismos hechos, porque encima les desdoblaron las causas. El dueño de la marca United Colors ya había tenido un revés, y ahora tuvo otro.

Ivana Huenelaf, Elisa Ose Ñancunao, Gustavo Jaime, Javier Huenchupan y Jorge Buchile estuvieron acusados de agredir a los policías cuando en realidad fueron ellos los baleados. En el juicio anterior en noviembre de 2018, donde ya habían sido absueltos, estuvieron imputados de atentado contra la autoridad agravado por el uso arma y por ser en grupo, y al conductor de la camioneta, Buchille, le agregan resistencia a la autoridad y las supuestas lesiones graves del sargento Adrián Amed. 

A eso se agregó una causa federal por las bombas molotov que la fiscal Silvina Avila afirmaba tenían en la caja de su camioneta, y que el juez Guido Otranto unificó con otro proceso abierto por un corte de la ruta, que culminó la semana pasada con la sentencia en juicio oral. Los cinco llegaron a esa instancia por un expediente donde abundan irregularidades y falsos testimonios, pero que puso en evidencia un enorme armado político, policial y judicial para seguir hostigando a las comunidades mapuche tehuelche. “No es casual que todo el proceso haya comenzado en tiempos de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad”, dijo revista Cítrica, uno de los medios que realizó la cobertura colaborativa del juicio, llevado adelante en tres jornadas en el Centro Cultural Eduardo Galeano de El Bolsón. 

Los fiscales Teodoro Nürberg y Mariano Ignacio Sánchez retiraron sus imputaciones y el juez Enrique Guanziroli dictó las absoluciones de las cinco personas. A su vez, se ordenó avanzar en la investigación por falso testimonio de los policías que prestan servicio en Chubut, Cristian Amed y José Leonardo Fernandez, y el ayudante de mayordomo de la estancia de Benetton, Gonzalo Graña.

Lo que quedó demostrado en el juicio oral y público es que les imputades tenían razón en su denuncia pública sobre los hechos sucedidos en enero de 2017: fueron emboscades por personal de la compañía Tierras del Sud Argentina SA –la empresa de Benetton que ocupa el territorio ancestral de la Pu Lof– y por miembros de la Policía de Chubut, quienes les dispararon con balas de plomo, los detuvieron, golpearon y torturaron. La foto de la mandibula rota de Emilio Jones circuló, pero no tanto el encarcelamiento de Huenelaf que terminó con el brazo quebrado, y cuyo paradero no fue informado por la policía. La denuncia que el grupo inició contra el Estado por su secuestro, detención ilegal y torturas va por el carril lento. “Son ellos contra el Estado, es la doble vara de la fiscalía que durmió nuestra acusación, pero en 48 horas activó la otra”, dijo el abogado Edgardo Manosalva sobre el contragolpe judicial que aún no se activa. La Red de Apoyo Comunidades en Conflicto pidió que los responsables materiales sean llevados a juicio y condenados por el intento de homicidio a miembros del pueblo mapuche en el Pu lof en resistencia del departamento Cushamen, Chubut.

Esta pulseada se la ganaron a Benetton, pero el episodio fue la sangrienta antesala de lo que vendría. En definitiva, la vida sigue pero las causas judiciales quedan para condicionar y disciplinar a les protagonistes de la protesta social.