Una comitiva de abogados llegó a Paraguay para buscar a la menor desaparecida en el monte

Una comitiva de abogados de Argentina y Brasil llegaron a Paraguay para recolectar información sobre el paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, la menor desaparecida en noviembre pasado. Carmen era prima de las dos nenas argentinas asesinadas en septiembre por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que integra el Ejército, durante un ataque al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Según la familia, la menor se perdió tras escapar junto con su tía en otro operativo del FTC contra el grupo guerrillero. La comitiva empezó a recorrer una zona caliente del país. Se trata de un territorio rico en materias primas, marcado por la presencia de grupos narcos, el accionar clandestino del EPP y el terror impuesto por el Ejército. Benjamín Valiente, activista de la zona y miembro de la Pastoral Social, habló del miedo que sienten los pobladores. “En el norte vivimos en estado de sitio permanente”, dijo el activista social a PáginaI12.

En la zona de conflicto

El monte parece el lugar perfecto para guardar las peores atrocidades de Paraguay. Los departamentos de Amambay y Concepción están ubicados en el centro-este del país, en la frontera con Brasil. Sin embargo, todos los llaman “el norte”, como si se tratara de un territorio lejano e inhóspito. A ese lugar llegó la comitiva conformada por la Gremial de Abogadxs y Abogadas de Argentina. Más precisamente a Yby Yaú, un pequeño pueblo ubicado en Concepción. La Gremial, que representa a la familia Villalba, está recorriendo las comunidades de la zona en base a la última información que tienen sobre Carmen Elizabeth. La menor había logrado escapar junto con su tía Laura Villalba del operativo lanzado por la FTC. Pero ambas se perdieron en el bosque el 30 de noviembre. Su tía intentó encontrarla durante semanas, hasta que fue detenida por el Ejército el 23 de diciembre durante un control de rutina.

Laura se encuentra detenida en un destacamento militar en Asunción y fue imputada por terrorismo. Recién días después de permanecer en este lugar, cuando le permitieron hablar con su abogada, Daisy Irala, que integra la comitiva, pudo informarle que Carmen estaba desaparecida y que había sido herida durante el operativo del FTC. Además le había mencionado que pobladores de la zona habían visto como se la llevaban militares. Sin embargo, otras personas le dijeron que había sido recogida por gente de civil. Siguiendo esta información es que la comitiva llegó hasta el lugar, no sin antes dar alerta a las autoridades paraguayas, a las que pidieron los dejen avanzar en la investigación.

Carmen es hija de los dos exlíderes del EPP, que están en la cárcel desde hace más de 15 años. El gobierno de Mario Abdo Benítez sostiene que este grupo insurgente recluta a menores en sus filas y tilda a la organización de terrorista. Además negaron tener a Carmen en su poder y calificaron a Laura como la “enfermera” de la organización. Sin embargo, la familia sostiene que están siendo perseguidos por el gobierno desde hace más de diez años por ser familiares de los líderes del grupo armado. Myriam Villalba, tía de Carmen y madre de una de los dos niñas asesinadas en septiembre, negó que su hermana Laura forme parte de la organización. Dijo que desde hace años vive en Argentina donde trabajaba como enfermera. En noviembre de 2019 había llevado a Carmen y las otras dos menores a Paraguay para que conozcan a sus padres, actuales miembros del EPP. Pero la pandemia les impidió volver al país. Se quedaron junto al grupo armado y tuvieron que afrontar las dos emboscadas de la FTC.

Inseguridad interna

El gobierno del expresidente Horacio Cartes había creado en 2013 la FTC. Su objetivo era lisa y llanamente terminar con el EPP. Previamente el Partido Colorado logró que se sancione una ley para permitir la injerencia en seguridad interior del ejército, algo que impide la Constitución del país. Una vez logrado este paso, el grupo formado por policías y militares recibió carta blanca para operar en los departamentos de Amambay, Concepción y San Pedro. Incluso en varias ocasiones se declaró el ‘estado de excepción’ en esas zonas.

Sin embargo, tras siete años de funcionamiento de esta fuerza y millones de dólares al año destinados a su financiamiento, el EPP sigue operando. Benjamín Valiente, que trabaja desde hace décadas con la iglesia en la frontera entre Amambay y Concepción, recalcó la inoperancia de las Fuerzas Armadas de su país. “El Ejército había dicho que en el operativo de septiembre, donde murieron las dos niñas, habían logrado desmantelar el campamento más grande del EPP. Parecía que los habían masacrado. Ocho días después, a 20 km de ahí, el EPP secuestra al exvicepresidente Oscar Denis. Los militares reciben millones, tienen la tecnología, y podrían haber encontrado a la gente del EPP hace rato. Esto no se puede comparar con Colombia”, sostuvo el Coordinador de la Pastoral. Además señaló que detrás de esta lógica de militarizar la zona existe un fuerte interés por los recursos naturales. “El norte es rico en su hidrografía y su subsuelo. Aquí está la materia prima con la que se hace el cemento Portland, recursos que son como para mil años. También hay diamante y otras riquezas incalculables. A su vez hay grupos narcotraficantes muy poderosos”, indicó Valiente.

La concentración de la tierra tiene en Paraguay otro capítulo que replica la lógica latinoamericana. El 90 por ciento del territorio cultivable guaraní está en manos de 12.000 grandes propietarios, según un estudio de Oxfam que data del 2016. El diez por ciento restante se reparte entre 280.000 pequeños y medianos productores. Valiente narró que este contraste se expresa en una población extremadamente pobre. “En estos departamentos la gente pasa enormes dificultades. Aquí hay comunidades campesinas e indígenas, el último resto de lo que se llama agricultura familiar. Uno de los objetivos principales de esta guerra es ahuyentar al campesino y permitir el cultivo extensivo transgénico y dejar el territorio libre para traficantes”, indicó el militante social.

“No podemos seguir viviendo así”

Junto con el padre Pablo Cáceres, Valiente publicó en 2014 el libro “Relatos que parecen cuentos” donde narran las atrocidades cometidas por el FTC. “En los campos se mata a campesinos y mientras esto siga nosotros tenemos que abandonar nuestro templo y codearnos con los problemas. Esa es la convicción que nos impulsa”, había dicho Cáceres durante la presentación del libro. Para Valiente, nada de lo que allí narraron perdió actualidad. “En el libro contamos las famosos ‘equivocaciones’ de la FTC donde mataron a campesinos por error. Una fue la de Julián Ojeda, que tenía diez hijos. Había ido a pescar y se topó con un grupo de los militares que lo mataron. Le pusieron uniforme y armas como a las nenas argentinas. Era un señor trabajador que nada tenía que ver con todo esto”, narró el Coordinador de la Pastoral.

Hace algunas semanas el padre Cáceres informó que aceptó el pedido de las hijas del exvicepresidente secuestrado para que medie con el grupo guerrillero. Sin embargo, Valiente muestra sus reparos hacia ese pedido. “¿Con quién vamos a hablar? Porque si el EPP tuvieran status de guerrilla como eran las FARC, podríamos. Pero con criminales, terroristas y extorsionadores, como dice el gobierno, no es posible ese diálogo”, indicó el militante. Lo que sí tiene en claro es que la FTC tiene que ser desmantelada. “La ley de seguridad nacional que permitió su formación es inconstitucional. No se pueden meter en seguridad interna. Y nosotros no podemos seguir viviendo así”, señaló Valiente.

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