Un rechazo para la maniobra de Carrió

El juez de la Cámara de Casación Penal Alejandro Slokar rechazó la recusación que presentó Elisa Carrió con el objetivo de sacarlo de la causa sobre espionaje ilegal que tramita en Dolores, y que ese tribunal revisa. De todos modos, serán sus compañeros de la Sala II quienes tomen la decisión definitiva sobre la ofensiva desatada por la diputada de la Coalición Cívica, cuyo objetivo primordial es quitarle la causa al juez federal Alejo Ramos Padilla para que tramite en Comodoro Py. Carrió asumió su carácter de imputada en base a una notificación que recibió la semana pasada del juzgado de Dolores y pidió el apartamiento de Slokar con el argumento de que ella lo había denunciado ante el Consejo de la Magistratura antes de la existencia del “D’Alessiogate” con el argumento de que había demorado la causa de enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Obras Públicas José López. Otros imputados del caso hicieron presentaciones en masa para presionar ante Casación, donde reclaman que la investigación tramite en el fuero federal porteño. Fueron juntos el fiscal rebelde Carlos Stornelli, el falso abogado Marcelo D’Alessio, su amigo Carlos Liñani, el abogado Rodrigo González y Leonardo Fariña. 

Slokar rechazó la recusación de Carrió con el argumento de que una mera denuncia con pedido de juicio político, según los precedentes de la Corte Suprema, no alcanza para recusar a nadie. Debería, en cambio, estar el proceso de enjuiciamiento iniciado. No es el caso. Es más, la denuncia es de 2016 y caduca en agosto a menos que el Consejo la reflote, algo que viene intentado hace algunas semanas como parte de los ataques del oficialismo a la causa a cargo de Ramos Padilla. La Comisión de Disciplina y Acusación ya postergó dos veces su tratamiento, que está nuevamente en agenda para el jueves. Para entonces habría un dictamen para avanzar contra el juez y otro para desestimar la denuncia. Slokar también señaló que Carrió no explicó en qué basa el “temor de parcialidad” ni en qué se ve ella afectada, teniendo en cuenta que se presentó en una discusión sobre competencia que fue planteada inicialmente por el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, y luego por el de Mar del Plata, Juan Pettigiani. La decisión final sobre la recusación deberá ser tomada por los otros integrantes de la Sala II, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci, antes del miércoles.

¿Por qué el ataque va dirigido allí, a un integrante de ese tribunal?  Primero, porque la Sala II ya firmó decisiones de respaldo a la actuación de Ramos Padilla. En un caso rechazó la recusación contra ese juez que había sido planteada por el fiscal rebelde Stornelli y, en otro, confirmó los procesamientos de los ex policías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. Pero ahora vienen decisiones clave, determinantes para el futuro de la causa. Está pendiente la definición sobre la competencia: o sea, qué juez se queda con el caso que tiene como epicentro la figura de D’Alessio, pero como ya quedó en evidencia, salpica al Gobierno y a sus aliados. Al planteo inicial de los fiscales ahora se sumaron para ejercer presión varios imputados: D’Alessio, Stornelli, Fariña, Liñani y González. Todos ellos presentaron escritos de adhesión al recurso de Pettigiani que decía que la pesquisa debe tramitar en Comodoro Py. El otro tema aún sin resolución es qué pasa con la declaración de rebeldía de Stornelli, que fue confirmada por la Cámara de Mar del Plata, pero él volvió a cuestionarla, ahora ante el máximo tribunal penal. El fiscal federal está declarado en rebeldía porque faltó cinco veces a prestar declaración indagatoria. 

Así como Carrió recibió una nota del juzgado de Ramos Padilla “haciéndole saber que se encuentra imputada” y se le recuerda su “derecho a presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos y/o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles y conducentes”, lo mismo se les hizo llegar al juez Claudio Bonadio, a la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic y a la diputada Paula Oliveto. Por ahora el único que hizo una presentación en Dolores fue Bonadio, que presentó un oficio y pidió que se le detallen los hechos que se le imputan. Por ahora no hay imputación detallada, pero sí material probatorio que se puso a su disposición, audios, documentos y denuncias en su contra, como la primera que hizo el empresario Pedro Etchebest al denunciar una extorsión y la que hizo el abogado Leonardo Martínez Herrero a raíz de la aparición de D’Alessio en la causa sobre la importación de Gas Natural Licuado, después de que ese expediente quedara debilitado por el procesamiento del perito David Cohen.  En el caso de las dirigentes de la Coalición Cívica, aparecen mencionadas como posibles usuarias de la asociación ilícita para nutrirse de información, antes y después de la apertura de la causa sobre espionaje.

Lo que queda claro es que todo el ataque dirigido a Casación tiene como principal meta sacarle el expediente a Ramos Padilla, quien también fue denunciado directamente por el Gobierno ante el Consejo de la Magistratura, lo que demuestra el grado de preocupación que tiene el macrismo con la causa a su cargo.