Un pedido de imputación a Riveros

A 43 años del operativo en el que fue diezmada la cúpula del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), lo hijos de Mario Roberto Santucho insisten en su reclamo de justicia y presentaron un pedido de imputación al ex comandante Santiago Omar Riveros y a los oficiales de inteligencia del Ejército y del estado mayor de Campo de Mayo, por el asesinato del dirigente y de su segundo, Benito Urteaga, y por la no entrega de sus restos a los familiares. “Es necesario que lo más pronto posible exista una indagatoria porque Riveros, que todavía está vivo, tiene que responder por estos hechos”, señaló Pablo Llonto, abogado querellante de la causa.

El 19 de julio de 1976, una patota militar-policial encabezada por el oficial del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, Juan Carlos Leonetti, irrumpió violentamente en el departamento de Villa Martelli donde se encontraban Santucho y su compañera Liliana Delfino, Urteaga y su pequeño hijo José, y la pareja del también dirigente del PRT-ERP Domingo Menna, Ana Lanzilloto, entonces embarazada de seis meses. Se produjo un tiroteo en el que murieron Leonetti, Santucho y Urteaga. Los restos de ambos dirigentes fueron trasladados a la Unidad Militar de Campo de Mayo. Delfino, Lanzilloto y Menna -que había sido capturado en la calle pocas horas antes del operativo- fueron secuestrados y continúan desaparecidos. En tanto, José Urteaga fue rescatado por la familia y Maximiliano, el hijo de Lanzilloto y Menna nacido en cautiverio, se convirtió en octubre de 2016 en el nieto 121 restituido por Abuelas de Plaza de Mayo.

“No llegaron de casualidad ahí, fueron sabiendo a quiénes iban a buscar y llegaron con los objetivos de matar y secuestrar”, aseguró Llonto a Página/12, al tiempo que explicó que el expediente penal radicado en el Juzgado 2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, “en cuanto a materia probatoria está muy avanzado, casi desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos, porque hubo una admisión de lo acontecido por parte del Ejército”. Se refiere a los declaraciones de, entre otro, el ex jefe del Ejército Martín Balza, del ex dictador Jorge Videla, de Federico Verplaetsen, ex Jefe de Inteligencia del Ejército, y del propio Riveros, que se recogieron en el marco del pedido de información sumaria que se abrió, también en la Justicia federal de San Martín, a mediados de la década de los 90 para determinar el lugar donde fueron enterrados los cuerpos de Santucho y de Urteaga . “Hasta Campo de Mayo, la ruta de esos cuerpos (los de Urteaga y Santucho) está claramente determinada y la ruta de quienes fueron llevados vivos también”, explicó Llonto, y agregó que “con los años se pudo determinar que hubo una tarea de inteligencia previa, que hubo secuestros previos que permitieron llegar al departamento de Villa Martelli y que en ese marco fue clave la actuación de la zona 4 que es la que comandaba, desde Campo de Mayo, Santiago Riveros”.

De hecho, en abril del 2012, Videla reconoció por primera vez que él ordenó “no dar a conocer el lugar donde iban los restos de Santucho para evitar homenajes en ese momento” y explicó que el asesinato de Santucho “además de un hecho bélico, tenía una tremenda connotación política que afectaba la conducción de la guerra por ser Santucho el muerto”. “Aunque declararon, gracias al pacto de silencio que tienen ellos, no aportaron ninguna ayuda”, señaló a este diario Marcela, una de las hijas del dirigente.

“Iniciamos, hace casi 20 años, un proceso largo y difícil por la recuperación del cuerpo de nuestro padre. Para nosotros es un derecho saber dónde está”, difundieron en un escrito Marcela y sus hermanas, Ana y Gabriela. El texto, enviado a este diario, condensa décadas de dolor y el reclamo férreo de Memoria, Verdad y Justicia. Además, intenta responder los agravios recibidos por parte de dirigentes políticos y medios de comunicación cuando, en mayo del año pasado, la jueza María José Sarmiento instó mediante un fallo -que inmediatamente fue apelado- al Estado a indemnizar a las mujeres por el “daño moral”. “Nos difamaron y exageraron el monto”, apuntaron las hermanas Santucho Villarreal, al tiempo que expresaron: “Nos resulta digno haber actuado con las herramientas disponibles para conocer qué pasó con nuestro querido padre. Necesitamos realizar una demanda decorosa”.