Un fiscal pide pruebas de las amenazas contra la jueza Figueroa

El fiscal federal Ramiro González habilitó la feria judicial y dispuso las primeras medidas para avanzar en la investigación que se abrió a partir de que la camarista de Casación Penal Federal, Ana María Figueroa, revelara en el programa de radio Toma y daca (AM750) que había recibido “presiones” de un funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri, en relación a la causa del Memorándum con Irán.

Si bien la jueza no quiso decir el nombre del funcionario (sólo dio algunas pistas por descarte), la fiscalía incorporó al expediente los twits de la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner que señalan al entonces secretario de Justicia y hoy jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques. La contestación de éste, que niega relación con el asunto, también fue añadida al expediente. La denuncia fue presentada por el diputado Martín Soria (Frente de Todos) y habla de la existencia de “amenazas coactivas agravadas por haber sido cometidas con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.

Durante la entrevista con el periodista Mariano Martín, la jueza Figueroa contó que soportó “presiones” durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Fueron “muchísimas”, dijo
. “Nada más que yo de entrada, desde el propio diciembre de 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, cosa que no me había pasado nunca en el tiempo que yo en el ejercicio de la jurisdicción en Casación, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario”.

Los mecanismos implementados durante el gobierno de Macri son conocidos, incluso forman parte de un informe del relator de Naciones Unidas sobre libertad de Expresión, Diego García Sayán, que habló de un “plan sistemático” de amedrentamiento sobre el Poder Judicial en Argentina en esos años, que tuvo diversas modalidades.

Figueroa se mantuvo firme en evitar dar el nombre del funcionario, pero el periodista le fue preguntando por varios, que negó, y cuando llegó a Mahiques ella comentó: “por suerte es una etapa superada”. “Lo que sí puedo decir es que es muy incómodo el trabajo de los jueces si uno tiene un Poder Ejecutivo que se cree que tiene atribuciones para poder direccionar qué sentencias tiene que darse y con qué sentido o con qué dosificación de pena. Eso es públicamente conocido. Tenemos colegas donde decían que los habían ido a ver de los servicios, esto ha sido público no estoy agregando nada nuevo”, agregó.

También dijo que creía recordar que el episodio con un funcionario estuvo relacionado con la causa del Memorándum, que fue impulsada por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto, y que apuntaba a Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman. Con algunas diferencias con sus colegas, Figueroa votó por la reapertura, que fue lo que habilitó que Claudio Bonadio siguiera adelante con el caso y lo llevara a juicio. En la decisión que dejó firmen la inconstitucionalidad del Memorándum Figueroa no intervino. Es probable que la jueza sea citada a declarar para dar su testimonio. La grabación de sus dichos ya está incorporada a la causa, a cargo del juez Sebastián Ramos pero delegada en la fiscalía de González.

La denuncia de Soria hace hincapié en que el relato de la jueza muestra un accionar “extorsivo” y “la afectación e las instituciones del Estado, mediante la ilícita injerencia en el poder judicial”. En el caso del Memorándum en particular, subrayó la “colosal persecución política que resultó ser la causa (…) que estuvo viciada e irregularidades e ilegalidades, que el gobierno de Cambiemos utilizó como herramienta de persecución”.

Al papel de Mahiques esta semana se refirió también el actual presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones
, ya que recordó que era allí representante del gobierno de Cambiemos en ese organismo y le atribuyó enorme poder. También dijo que cuando llegó al Consejo “había denuncias contra la doctora Figueroa, que estaban ahí paradas, que no avanzaban ni en un sentido ni en otro, y hoy no queda nada en su contra”. Aludía a una modalidad de presión que, a través de la creación de expedientes, llegaba a la tapa de los diarios.

Esta semana diputados y senadores del Frente de Todos presentaron otra denuncia
basada en los dichos de la jueza que directamente apunta a la llamada “mesa judicial” del gobierno de Macri, donde el ex presidente está incluido, igual que Garavano, Mahiques, el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, los ex secretarios de Estado José Torello y Pablo Clusellas, el operador Fabián Rodríguez Simón, y Daniel Angelici. Piden que se investigue una asociación ilícita, además de amenazas y abuso de autoridad. Le tocó a Daniel Rafecas, que se la giró a Ramos para acumularla con la de Soria, pero este juez se la devolvió. Todavía no se sabe si tramitarán juntas. Lo cierto es que por primera vez los mecanismos del macrismo sobre el Poder Judicial cobran forma de expediente penal.