Trump endurece los requisitos para obtener residencia a los inmigrantes más pobres

En el marco de su agresiva política antimigratoria, el gobierno de Estados Unidos anunció una norma que facilitará el rechazo de solicitudes de residencia (denominadas “green cards”), y penalizará a los inmigrantes que sean beneficiarios de ayudas sociales. De promulgarse, la legislación reducirá drásticamente el número de inmigrantes a los que se les permite el ingreso y la residencia en el país.

La norma afectará los procedimientos orientados a otorgar la nacionalidad a millones de inmigrantes, la mayoría de origen latino, con empleos precarios y mal pagos, y que dependen de ayudas sociales para subsistir.

Al anunciar los nuevos cambios en la llamada “ley de carga pública”, la Casa Blanca informó que se impedirá la entrada a inmigrantes en base a la probabilidad de que necesiten ayudas sociales. Entre las ayudas designadas están los subsidios para vivienda, el seguro de salud público (Medicaid), y los bonos para comprar alimentos.

“Una vez que esta nueva legislación sea implementada y se haga efectiva a partir del 15 de octubre, los funcionarios migratorios van a considerar que si un extranjero recibió o recibe algunas de las ayudas señaladas, será considerado como un factor negativo al examinar su caso”, dijo en rueda de prensa Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

“Esta acción va a ayudar a asegurar que si un extranjero entra o permanece en Estados Unidos deba mantenerse a sí mismo y no depender de ayudas sociales”, señaló categóricamente el gobierno en un comunicado. “Una gran cantidad de personas que no son ciudadanas, se aprovechan de un sistema de ayudas generoso, con recursos limitados que de otra forma podrían ir hacia estadounidenses vulnerables”, agregó el texto oficial.

Según autoridades oficiales, en la mitad de los hogares donde todos sus miembros son extranjeros, al menos una persona utiliza Medicaid, y un 78 por ciento de los hogares liderados por un inmigrante sin estudios universitarios emplea al menos un programa de asistencia.

El endurecimiento de ley de carga pública comenzó en 2018, como parte del plan de Donald Trump para poner un freno a la inmigración. En mayo pasado, el mandatario anunció un amplio proyecto destinado a “proteger los salarios de los estadounidenses, promover los valores estadounidenses y atraer a los mejores y más brillantes cerebros del mundo”. “El flujo anual en cartas de residencia (green cards) es en su mayoría de bajos sueldos y de baja cualificación”, agregó en aquella oportunidad.

Para el Comité Nacional Demócrata (CND), “lo único que el presidente quiere hacer es atacar a las comunidades latinas e inmigrantes”. “El apetito de crueldad de esta administración es insaciable, y esta nueva regla es la más reciente intensificación de su agenda anti-inmigrante”, expresaron los demócratas a través de un comunicado.

Según el gobierno estadounidense, en cambio, “Trump está reforzando una ley ya existente para evitar que los extranjeros dependan de los programas de ayudas sociales”.

Por su parte, el Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC) anunció que presentará una denuncia por la nueva norma ante la justicia. Marielena Hincapié, directora ejecutiva de la asociación, estimó que el daño de esta política “se sentirá durante décadas”. “Esto va a tener un impacto humanitario directo forzando a algunas familias a recurrir a ahorros vitales para cubrir necesidades de salud y de nutrición”, aseguró Hincapié.

Para Joshua Hoyt, director ejecutivo de la Asociación Nacional para los Nuevos Americanos, (NPNA), esta nueva regla es “cruel y discriminatoria”. “Durante toda la historia de Estados Unidos, algunos inmigrantes han sido explotados efectuando trabajos por los que se rompen la espalda por un salario muy bajo. Ahora el gobierno de Trump los va a penalizar por ser pobres”, dijo.

Se espera que la regulación anunciada este lunes enfrente numerosas demandas legales (como la presentada por el NILC), por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o, incluso, nunca producirse, si la justicia estadounidense así lo determina.

En los últimos días, el gobierno de Trump también aplicó su política de mano dura contra la inmigración, al ordenar la detención de 680 inmigrantes durante una redada masiva en seis ciudades del estado de Misisipi. El propio Trump fue centro de controversias por sus declaraciones luego de las masacres en Ohio y Texas, que dejaron un saldo de 31 muertos (entre ellos, ocho mexicanos) y decenas de heridos.

Varios dirigentes demócratas y residentes del estado de Texas afirman que la retórica racista del presidente en relación a los inmigrantes alimenta el nivel de intolerancia presente en la sociedad, y que origina masacres como la ocurrida en una tienda de Walmart, ejecutada por un joven blanco, luego de publicar en Internet un violento manifiesto supremacista.

Distintas figuras demócratas como el precandidato a las presidenciales de 2020, Beto O’Rourke, y la congresista de Texas, Veronica Escobar, vinculan directamente la conducta del presidente al hecho, y lo instaron a no visitar la ciudad.

Trump se había mostrado preocupado por el peligroso incremento de los crímenes de odio, aunque no puso reparos a la venta libre de armas, ni se refirió a la comunidad latina, víctima principal de los ataques.