Torturas a conscriptos en Malvinas: una jueza llamó a indagatoria a seis militares retirados

La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto convocó a prestar declaración indagatoria seis militares retirados por las torturas a conscriptos durante la guerra de Malvinas. Las indagatorias comenzarán el 13 de abril, más de un año después de que la magistrada dictara la primera tanda de procesamientos en la causa que se inició hace casi catorce años.

Las indagatorias comenzarán el 13 de abril con la declaración de Omar Edgardo Parada, que era el Jefe de Comando de Brigada de Infantería III de Corrientes, a quien le imputan todos los hechos de estaqueamientos y enterramientos que sufrieron los soldados que estaban bajo el mando del Regimiento 5 con asiento en Paso de los Libres, que durante la Guerra se trasladó a Puerto Yapeyú. Además de Parada, están convocados para prestar declaración indagatoria Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Jorge Guillermo Díaz, Emilio Samyn Duco, Horacio Francisco Vlcek y Jorge Raúl Masiriz.

La jueza había decidido avanzar con las indagatorias de estos seis militares en mayo del año pasado, la fiscalía junto con la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad le especificaron con detalles cuáles eran los 22 casos de torturas que imputaban, pero la medida se terminó postergando.

Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) – La Plata, saludó la decisión de la jueza, aunque remarcó en diálogo con PáginaI12 que hay una “lentitud evidente” en el trámite de la causa. Según explicó Alonso, son más de 120 los hechos de torturas denunciados y alrededor de 95 los militares identificados.

En febrero del año pasado, la jueza Borruto procesó a los oficiales del Ejército Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini. Borruto consideró que los crímenes por ellos cometidos u ordenados constituían delitos de lesa humanidad, pero, además, hizo foco en el interés de las fuerzas armadas por mantener en secreto los crímenes sobre sus propios soldados por lo que consideraban faltas disciplinarias, lo que también confluye a la hora de entender que se está ante crímenes imprescriptibles.

“Si bien alguien podría considerar que los hechos narrados por las víctimas en los presentes actuados, en principio, no darían cuenta de un plan sistemático como el que se desarrollaba por esos momentos en nuestro país – escribió la jueza de Río Grande –, no puede negarse que los imputados actuaron en conocimiento y bajo el amparo de un sistema que había suprimido las garantías de los ciudadanos en general y que impedía toda posibilidad de reclamar contra las acciones ilegítimas de los miembros de las Fuerzas Armadas”. La investigación pudo avanzar, sostuvo Borruto, por los decretos de desclasificación de archivos firmados durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.