Aunque puede resultar extemporánea, la cuestión de la sindicalización de las policías sigue abierta y eso es en sí desafortunado. Más allá de que a las policías de todo el país se les permita agremiarse o no, el problema policial es en la Argentina un tema que hace a la democracia y la paz de la república.
No han faltado acontecimientos riesgosos, y en cada uno (el más reciente a las puertas mismas de la residencia presidencial de Olivos), el escenario es similar: acuartelamientos, pancartas amenazantes, ex jefes vinculados inexorablemente a la dictadura y a lo que hoy podemos chocobarismo. Los libretos se repiten y casi siempre son promotores quienes tuvieron pésimas conductas y/o estuvieron vinculados a represiones, crímenes de mano dura y narcotráfico.
En cada provincia hay casos similares (Santa Fe, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Neuquén, Santa Cruz) si bien la repercusión mediática siempre es mayor si se trata de la Bonaerense, corporación que de pretendida “mejor policía del mundo” pasó a justificada “maldita policía”. Una inmanejabilidad que disimula equivalencias de otras policías bravas como la santafesina (en particular la de Rosario), la de Córdoba o la de Tucumán. Y es obvio que en la historia argentina las policías están siempre sometidas a los poderes políticos, tanto en el orden nacional como provinciales y municipales.
Pero desde hace años algunos constitucionalisras, como Raúl Eugenio Zaffaroni, sostienen que “a la larga el policía tiene que ser considerado un trabajador, que debe tener todos los derechos, menos el de huelga“. Esto validaría la sindicalización, participación y discusión horizontal de las condiciones de trabajo, porque “el servicio de policía es civil, no militar”. Por lo tanto, para el ex juez de la Corte Suprema “es inconstitucional que la policía no pueda sindicalizarse”. Para él la Bonaerense es una policía macro y “todo lo que es macro es muy difícil de controlar”. En cambio ha recomendado “pensar en una policía más chica, con mayor inserción comunitaria”. Y aunque eso no equivale a la figura estadounidense del sheriff por elección, advierte que “lo que hay que municipalizar es la policía de seguridad de calle, no la policía de investigación criminal, que debe seguir centralizada” porque se trata de funciones diferentes.
Es sabido que el autoritarismo argentino es de vieja data y se ha inoculado a todas las policías, que fueron creadas por militares de rígidas ideas jerárquicas. Quienes hicimos el Servicio militar en los viejos tiempos lo sabemos, como sabemos que sólo con ideología y militancia es posible expulsar esos cánceres. De ahí la importancia que tuvo una de las demandas recibidas por Axel Kicillof al día siguiente de la rebelión de septiembre: “Queremos trabajar para la ciudadanía y no para el jefe de turno”. Idea que debiera ser leída como vía correcta para la reconsideración de los policías como civiles armados en defensa de la ciudadanía, y por ende sujetos a responsabilidades ciudadanas y también derechos sindicales. Pues ya se sabe que cuando un reclamo no se encauza, emerge una distorsión autoritaria.
Además está el riesgo de que la Bonaerense derrape convirtiéndose en un instrumento de la oposición, lo que hace dos meses se desactivó inteligentemente al reconocer la legitimidad del reclamo gremial, aunque no sin zozobras. Pero lo que quedó claro con ese clima amenazante no fue sólo la legitimidad del reclamo salarial, sino también que la pauperización de la bonaerense es la misma de los sectores más postergados que hoy son por lo menos la mitad de la población del país. Toda composición salarial con básicos absurdos, y con horas involuntarias de recargo de servicios y pagadas con montos ridículos, también puede incitar a los uniformados a la violencia. Como sostienen dos avezados especialistas –Marcelo Saín y Nicolás Rodríguez Games, coautores del libro “El gremio de la gorra”, de Editorial Octubre– estamos frente a “la inseguridad laboral armada. Quizás el caldo de cultivo para la traición democrática”.
Para Saín, “en una sociedad en la que todos los sectores tienen representación gremial y regulaciones laborales desde hace 80 años, tenés una burocracia donde hay una expectativa social de cumplimiento de tareas sensibles, que está totalmente desprotegida, precarizada, en situación de alta explotación laboral en todo sentido (salarial, condiciones de trabajo, capacitación, protocolo de actuación, salud, etc.), hay que debatir en relación a las condiciones de trabajo”. Y el segundo aspecto es que las mejores policías del mundo, de los países más desarrollados institucionalmente, han atravesado reformas organizacionales”. En esos países la policía se repensó integralmente en función de la problemática criminal, se implementó una revolución tecnológica y hoy todas esas policías están sindicalizadas. No sólo en los Estados Unidos sino también en España, Holanda, Inglaterra, Portugal y Francia. En Latinoamérica, ninguna.
El problema es grave y urgente, además, porque el crecimiento en todos los cuerpos policiales es exponencial (sólo la Bonaerense alcanza ya los 100.000 efectivos), y es un hecho que las respuestas a la inseguridad son casi todas ineficaces: con más policías, más patrulleros, más armas y más cámaras en las calles, lo que crece es la violencia. Y aunque en nuestro país se insiste en lo contrario, está comprobado que la densidad de policías por habitante no garantiza eficacia, y que la idea de “poner más efectivos en las calles” no resuelve la problemática.
En el reciente caso bonaerense, los sublevados no tenían representantes, y la experiencia laboral argentina enseña que es imposible solucionar con paz y orden un conflicto sin representantes sindicales ni vías de negociación. De ahí que de pronto las redes sociales parecían un sindicato virtual. Pero en las sombras sí operaron tres sindicatos de facto, ninguno con representatividad y uno de ellos, APROPOL, de viejos comisarios retirados vinculados a Miguel Etchecolatz.
Claro que tampoco se trata de idealizar el sistema norteamericano, donde según un artículo de María Clara Albisu en El cohete a la luna, una investigación de la Universidad de Chicago realizada sobre en el Estado de Florida, estableció que “la sindicalización policial se tradujo en un aumento del 40 por ciento en casos de violencia institucional”. Y eso que “los policías representan el 33 por ciento de los trabajadores organizados del sector público, por arriba del segundo oficio más organizado”, que es el de los docentes. Además, allá los sindicatos policiales son en general hiperconservadores: casi todos ayudaron a financiar la reelección de Donald Trump.
Y hay que añadir que muchos convenios policiales sirven para encubrir abusos y/o casos de corrupción. Y si la patronal es el municipio, puede ser proclive a limpiar legajos. Y si además se recuerda que la sindicalización policial en los EEUU conlleva el evidente racismo antinegro, nada indicaría que aquí el odio racial sea leve, que ya lo hay hacia nuestros “negros choriplaneros”.
Precisamente Saín, actual Ministro de Seguridad de Santa Fe y especialista convencido de la necesidad de la dirección y el control político de las policías, que ha asesorado en algunos resonantes conflictos provinciales, aboga por agremiar a los policías, pero con ciertos límites al derecho a huelga, y considerando que “podría contribuir a la democratización” de los cuerpos de seguridad.
Y para completar lo complejo, hay quienes piensan que si ahora tenemos una CGT de fuerte vinculación patronal, que no se distancia demasiado de la AEA y otros nucleamientos empresarios, habría que evaluar muy cuidadosamente la presencia de un sindicato policial, toda vez que las policías argentinas han sido, y son, defensoras históricas de empresariados y oligarquías, tipo Círculo Rojo. Por lo que sería recomendable que discutan salarios y condiciones laborales en contextos provinciales o municipales, pero no como una organización nacional confederada. Todo está abierto para seguir pensando.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/308925-sindicalizar-las-policias
