Sin fecha cierta para el retorno a las aulas

El jueves, después de varias semanas de debate, los ministros de Educación de todo el país aprobaron por unanimidad el protocolo de base que moldeará el retorno  progresivo a las clases presenciales. Estas pautas acordadas – basadas en el distanciamiento social, la higiene y la asistencia alternada a las aulas – representan los cimientos a partir del cual cada provincia deberá definir, de acuerdo a la situación epidemiológica, sus propias reglas. El protocolo, sin embargo, es solo un puntapié , motivo por el cual Página/12 dialogó con actores de la Educación sobre sus limitaciones y el camino que falta recorrer hasta lograr garantizar el regreso a las aulas durante la pandemia.

“El protocolo es una buena iniciativa, una medida indispensable y mínima que había que desarrollar. Pero la realidad es que Argentina tiene serias desigualdades que no se han podido subsanar en los distintos gobiernos y no creo que eso se pueda solucionar en sólo 60 días”, observó el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero. El Ministerio de Educación nacional estima que, para agosto, todas aquellas jurisdicciones sin circulación comunitaria del virus – es decir casi todo el país excepto el Área Metropolitana de Buenos Aires y Chaco – estarán en condiciones de abrir las escuelas de manera escalonada. Romero, por el contrario, advierte que gran parte de las escuelas del país tienen “graves deficiencias de infraestructura”, por lo que a menos que “el Estado nacional y los Estados provinciales intervengan activamente y con premura para poner estas unidades escolares en condiciones va a ser muy difícil poder empezar en agosto”. “Hay lugares, como en Misiones, que tienen escuelas itinerantes con baños químicos. En otros lugares directamente no hay baños, sino que usan letrinas. El protocolo es importante, pero no suficiente. Vamos a necesitar una activa participación del Estado y de grandes consensos sociales”, indicó el titular de la UDA.

Por “grandes consensos sociales” Romero refiere a uno de los puntos claves que el protocolo acordado por el Consejo Federal de Educación busca resolver: el miedo de las familias a la exposición de sus hijos e hijas. “Hay que poder garantizarle a los padres que los alumnos y las alumnas van a ir a la escuela en condiciones óptimas. Hay que generar confianza y eso se logra con trabajo y unidad y criterio”, determinó quien también es el Secretario de Políticas Educativas de la CGT. “Ahora falta trabajar en una campaña que respalde la idea de que va a ser un regreso seguro, que sostenga que la escuela es un lugar seguro aún en una situación en la que nadie tiene certezas”, coincidió la coordinadora digital de la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), Patricia Ferrante. Ferrante, sin embargo, destaca que contar con un “documento nacional en el que participaron todos los actores de la Educación” es un “logro” que arma, desde un principio, un esquema de toma de decisiones que preveé que haya “muchas personas involucradas”.

Ferrante es optimista, considera que la “nueva normalidad” obligará a repensar las formas de ocupar el espacio y de hacerse cargo de sostener la presencialidad en lo que resta del año. “Las escuelas funcionaron muchas veces como si estuvieran dentro de cajitas de cristal, con paredes impenetrables que, ahora, deberán salir al barrio y empezar a dialogar con otras instituciones”, aseguró la pedagoga, haciendo referencia no sólo a la entrega de viandas que muchas escuelas están centralizando – tarea que muchas cumplen hace años -, sino también a la posible utilización de clubes e instituciones vecinas como extensiones de la infraestructura escolar, para así poder garantizar el distanciamiento social. Romero, por el contrario, es menos optimista: “Falta mucho, no alcanza con el protocolo. Hay que mejorar la infraestructura, actualizar salarios y buscar una forma de darle un fiel cumplimiento del protocolo, porque faltan tapabocas, falta alcohol y faltan espacios dentro de las escuelas que permitan garantizar el distanciamiento”, aseguró.

En esta línea, otro de los puntos a resolver son los reclamos laborales y salariales de los gremios docentes. “Los docentes estamos colaborando y haciendo una tarea titánica en esta coyuntura, pero hay varios casos en los que no se reconoce el salario de los trabajadores. La mayoría de las provincias no llamaron a paritarias, por lo que no se ha podido actualizar el salario, y en aquellas en las que se llamó por lo general no se cumplió, como el caso de San Juan. La Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Mendoza programaron el pago del aguinaldo en cuotas. Hay varias cuestiones sindicales a solucionar”, advirtió el titular de UDA, adelantando que a fines de julio se convocará una nueva paritaria y los gremios docentes se sentarán a negociar con el gobierno nacional. 

Otro de los puntos a tener en cuenta es la exposición al virus de profesoras, maestros y trabajadores no docentes en el caso de que se reabran las escuelas. “Nosotros vamos a cuidar la salud de nuestros representados. Hemos creado ya equipos de trabajo que recorrerán las escuelas en donde haya presencialidad, y si no están dadas las condiciones sanitarias se retirará a los docentes y los alumnos. Hay que ser responsables porque, Dios no lo permita, si llega a haber un contagio de algún docente o alumno no van a haber solo consecuencias políticas, sino que van a haber también consecuencias penales”, advirtió Romero. De todos modos, consultados sobre la necesidad de abrir las aulas, tanto Romero como Ferrante coincidieron que la presencialidad es algo “indispensable”.