Según el Censo Nacional Agropecuario, Argentina tiene hoy menos unidades productivas que el siglo pasado. El crecimiento que resultó de las políticas de acceso a la tierra y desarrollo rural implementadas en las décadas subsiguientes al Grito de Alcorta -rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios rurales en 1912- fueron desmanteladas por la última dictadura cívico-militar y clausuradas definitivamente durante la década del ‘90.
De las 378.000 explotaciones agropecuarias que existían en 1988, ya en el año 2002 habían descendido a 297.000, y para el año 2018 apenas alcanzaban las 220.000 locaciones.
Las explotaciones que desaparecen son siempre las más pequeñas, y de la mano de ese desplazamiento se profundiza no sólo la alarmante concentración de tierras en pocas manos sino también el despoblamiento rural: en las últimas dos décadas, 667.000 personas dejaron de residir de manera permanente en el campo.
Los pequeños productores que abrazamos los principios históricos de la Federación Agraria Argentina, organización gremial que naciera con ese Grito de Alcorta, reivindicamos aquellas políticas públicas diferenciadas y entendemos que es necesario recuperar y actualizar muchas de ellas: la segmentación de esas políticas para generar mejores oportunidades para los productores pequeños y medianos; la progresividad de los impuestos; el financiamiento a tasa y plazo diferenciado; el fortalecimiento del sistema cooperativo; el acceso a la tierra, a sistemas productivos sustentables y el arraigo rural, entre otras.
Los actores que se consolidan
Las compañías y grupos inversionistas en agricultura cuentan con herramientas que les permiten el manejo de gran volumen de hectáreas y de toneladas producidas, generando una posición dominante sobre el resto (solo el 20% de los productores producen el 80% de las toneladas generadas en nuestro país).
Se han expandido en toda la cadena, desde la venta de insumos, hasta la comercialización y exportación de commodities o la industrialización de alimentos, acaparando la oferta de alimentos tales como lácteos y derivados de harina, por ejemplo.
De esta forma, y en muchos casos con inversiones de otras actividades económicas y de la renta financiera, obtienen precios muy competitivos en sus insumos, pagando servicios a precios módicos a contratistas que, sin opciones, acceden a trabajar ante la fijación de los valores, y precios muy altos a propietarios de tierras que se las ceden bajo contrato de arrendamiento o accidental: el 70% de la tierra se encuentra alquilada, es decir ya no la trabajan sus propios dueños.
En la coyuntura actual, con la implementación del “Dólar Soja I” y el “Dólar Soja II” que concede ganancias extraordinarias a esos mismos grupos de grandes ganadores del modelo agroexportador, un régimen de segmentación de las retenciones a los granos para favorecer a los agricultores más chicos, desplazados constantemente por los sectores siempre favorecidos, es una medida urgente y sobre todo de justicia distributiva.
Antecedentes recientes y propuesta de segmentación
Durante el año 2015, a partir de un trabajo conjunto entre quienes conducían la Federación Argentina por entonces y el Ministerio de Economía, se logró la implementación exitosa de un Programa de Estímulo a Pequeños Productores de granos y de reintegro de retenciones que alcanzó a 56.000 beneficiarios, retribuyéndosele, proporcionalmente, un monto mayor por tonelada según la escala de producción era más chica, de modo tal de otorgar mayor beneficio a quienes más lo necesitaban.
Se demostró no solo la oportunidad sino también la viabilidad de la medida: la oportunidad de un régimen de segmentación de retenciones que beneficie a los productores más chicos que se encuentran en riesgo cierto de ser desplazados de la actividad por los actores más grandes del sector, que concentran la producción y comercialización de granos y de alimentos, con los consecuentes impactos negativos reflejados en el despoblamiento rural, el monocultivo de soja, el encarecimiento del precio de los alimentos, la utilización de la tierra como plataforma extractiva y la degradación ambiental; y la viabilidad de un mecanismo ágil y transparente de devolución, teniendo en cuenta que siempre ante cada intento anterior, los argumentos de los sectores más concentrados y con influencia en la toma de decisiones, habían sido que una medida de esa índole era de imposible aplicación.
Lamentablemente, el gobierno de Mauricio Macri iniciado en 2016, dejó de implementar el Programa y la devolución de las retenciones a los pequeños productores, sin que fuese sustituida por alguna otra durante los cuatro años de mandato. Al inicio del gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019, la segmentación para pequeños productores y sus cooperativas se incorporó por ley, pero nunca se hizo efectiva.
En este contexto, y como lo indicamos en la actividad parlamentaria que organizamos con la Mesa Agroalimentaria, las bases federadas proponemos un programa de compensaciones basado en la multiplicación de un monto estímulo por tonelada, de forma progresiva y por estrato de producción, que tiene por objetivo proteger un estrato mínimo de 60.000 pequeños productores que, enclavados en las pequeñas ciudades y pueblos del interior de país, peleamos año tras año para ser un chacarero sobreviviente y seguir produciendo diversidad de alimentos.
* Pablo Pailolle, Omar Príncipe, Carlos Baravalle y Sebastián Campos. Bases Federadas–Mesa Agroalimentaria Argentina
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/503742-segmentar-para-el-arraigo
