Santoro procesado por extorsión

El periodista Daniel Santoro fue procesado este miércoles, sin prisión preventiva, por el delito de coacción y extorsión en dos casos. El más notorio es el que tuvo como víctima al empresario Mario Cifuentes, propietario de una empresa importante de servicios petroleros en la Patagonia. A Cifuentes, el falso abogado Marcelo D’Alessio le pidió 1.200.000 dólares para “arreglarle” una deuda con la AFIP y “resolverle” una causa judicial. El juez Alejo Ramos Padilla considera probado que Santoro le envió un mensaje tácito a Cifuentes a través del programa Animales Sueltos, en dos días consecutivos, por lo que lo imputa como cómplice de la tentativa de extorsión. También Ramos Padilla sostiene que Santoro participó del “apriete” –coacción– a un ex director de la petrolera venezolana Pdvsa, al que amenazaron con una causa judicial si no declaraba la existencia de irregularidades en Pdvsa ante el fiscal Carlos Stornelli. El juez evalúa que Santoro supo la forma en que “pusieron en pánico” a Brusa Dovat, estuvo al tanto de que se usó información obtenida ilegalmente –datos de Migraciones, entrecruzamientos de llamadas telefónicas– y participó de la coacción como cómplice.

Extorsión

El 4 de abril de 2018, D’Alessio le advirtió a Cifuentes que viera el programa Animales Sueltos esa noche. Es que el falso abogado le estaba exigiendo 1.200.000 dólares y Cifuentes se negaba a pagar. En esa emisión, Santoro dijo al aire: “la empresa constructora OPS, para ganar un contrato con Petrobras, le hizo los arreglos a Lula”. La constructora brasileña no era OPS sino OAS. Y OPS era –y es– el nombre de la empresa de Cifuentes.

Pero la presión siguió al día siguiente. D’Alessio le volvió a decir al empresario que viera Animales Sueltos y que ese era su último aviso. Esa noche, Santoro dijo al aire: “la causa por la que va preso (Lula) es la del triplex que costó 1.200.000 dólares, un triplex de 251 metros cuadrados, que dice el juez que se lo regaló precisamente la empresa OPS, una de las grandes constructoras, a cambio de contratos…”. Otra vez el periodista mencionó OPS en lugar de OAS.

Cuando Santoro fue indagado respondió a la imputación de la siguiente manera: “es dable recordar a su señoría que se trata de un programa en vivo, de una hora y media de duración, en el que hay que tener muchos datos de memoria en la cabeza y discutir con otros periodistas de primer nivel, por lo que, en este contexto y sumado a todo lo que vengo exponiendo, se observa que el yerro de una sigla es total y notoriamente involuntaria”.

Para el juez, la explicación fue insuficiente, porque las cosas se dijeron en el marco de la amenaza de D’Alessio unas horas antes, ocurrió dos días seguidos, y a las 48 horas Santoro escribió una nota en Clarín tildando a Cifuentes como “el nuevo Lázaro Báez”, título que figuraba en las anotaciones que se le encontraron a D’Alessio. A esto se agrega que también Santoro utilizó dos datos surgidos de espionaje ilegal: que Cifuentes estuvo 52 veces en España y que le debía 800 millones a la AFIP. Los viajes a la península surgían de un informe de Migraciones obtenido de forma clandestina por D’Alessio y el dato de la deuda de OPS también estaba en las anotaciones del falso abogado.

Más allá de Santoro, toda el caso fue feroz. A Cifuentes le llevaron la empresa a la quiebra anulando contratos que tenía con YPF; apretándolo con la Afip, lo amenazaron con ponerle cinco kilos de droga en el auto a su hijo, lo pasearon por la ciudad en la camioneta de D’Alessio con la sirena puesta, como si fuera un auto oficial; le exhibieron datos sobre los movimientos de su esposa y lo presionaron por todos los medios, no sólo para que pagara 1.200.000 dólares sino para que le malvendiera su empresa a un familiar de un funcionario del Poder Ejecutivo.

El detalle de la participación de Santoro llevó al juez a procesar al periodista como partícipe primario en el delito de extorsión, en grado de tentativa. Sucede que Cifuentes se negó a pagar y por lo tanto la extorsión no se terminó consumando.

Usado

A lo largo de las 250 páginas del fallo, el juez transcribió los descargos del periodista. Los argumentos de Santoro van todos en la misma línea: “fui usado”, “pidió dinero sin que yo lo sepa”, “fue un error” y similares. El magistrado señala en ese terreno algunas contradicciones porque por un lado Santoro dijo que no se creía que D’Alessio fuera un jefe regional de la DEA “dado que ningún espía cuenta que es espía”, pero al mismo tiempo presentó al falso abogado como jefe de la DEA ante casi todos: Stornelli, Elisa Carrió, Mariana Zuvic, Paula Oliveto, Cifuentes, Brusa Dovat, el juez Marcelo Aguinsky, los periodistas de Animales Sueltos, Eduardo Feinman, entre muchísimos otros.

Y, además, Ramos Padilla afirma que la relación no era sólo profesional ya que Santoro y D’Alessio compartían un vínculo entre sus dos familias, con numerosas visitas e intercambios. En ese marco, hasta le informó a D’Alessio de numerosos detalles de opiniones políticas y reuniones de sus compañeros del programa de América. Con esa información, el falso abogado redactó papers para la AFI. Aún así, el periodista mantuvo el argumento de que “fue engañado”.

Coacción

El segundo caso que motivó el procesamiento fue el del ex director de Pdvesa. A primera vista parece haber menos elementos, aunque el magistrado afirma que los mensajes de whatsapp en los que D’Alessio le dice a Santoro que “están ablandando a Brusa Dovat” son una prueba de que se usó información obtenida ilegalmente. En términos periodísticos no es inhabitual que se use “ablandando” como un sinónimo de convencer a alguien, en este caso para que acepte una entrevista.

Lo concreto es que el falso abogado, junto con dos ex comisarios que revistaban en la AFI, amenazaron a Brusa Dovat de varias maneras: le dijeron que había una causa en su contra y que le estaban armando otras.

Con ese apriete de por medio, llevaron al ex director de Pdvesa a realizar una entrevista con Santoro, quien escribió una nota en Clarín con el mote de “el Centeno de Pdvesa”, calificación también creada por D’Alessio y que figura en sus anotaciones. Santoro afirma que la entrevista fue voluntaria y que le preguntó dos veces si la aceptaba. Brusa Dovat considera que fue coaccionado, entre otras cosas porque le exhibieron –no en presencia de Santoro– informes de Migraciones y entrecruzamientos telefónicos, todos obtenidos ilegalmente.

El contexto del caso fue también feroz. Inventaron dos guardaespaldas de la DEA, que eran amigos de gran físico de D’Alessio; lo llevaron a Brusa Dovat de esa manera a Comodoro Py, estacionaron adentro con gran operativo mediático, lo hicieron declarar ante Stornelli y D’Alessio presenció y fotografió esa declaración, sin siquiera ser abogado. El objetivo buscado era bloquear los fondos de Pdvesa en Argentina y Estados Unidos.

Algunos de los chats de D’Alessio son significativos políticamente y muestran para quién trabajaba la banda: “mañana tengo a un ex director de la filial argentina de Pdvesa que logré que se quiebre y va a aportar todos los detalles sobre los ilícitos de Chávez y Maduro en la Argentina. Mañana lo siento con Santoro y el lunes Stornelli. Es un espaldarazo para Macri. Y haré que así sea”, le escribió a un amigo.

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