Rosenkrantz: una larga historia de conflictos

No es la primera vez que el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, juega de los dos lados del mostrador. Tal como reveló Página/12, el magistrado intervino e incluso firmó fallos en más de 20 casos con empresas y personas de las cuales no solo era abogado sino que también apoderado al momento de ser postulado por Mauricio Macri para ocupar un cargo como juez del máximo tribunal, según su declaración jurada al momento de asumir.

Uno de los casos que mayor polémica despertó por un posible conflicto de intereses fue con YPF, una de las tantas petroleras que tuvo de cliente. La Corte rechazó por unanimidad un reclamo de la AFIP por una multa que la empresa petrolera se negaba a pagar. En este caso, Rosenkrantz hizo un voto por separado que le permitió no dar explicaciones, a través de la fórmula conocida como 280 del Código Procesal.

Su relación con esta compañía no era solo laboral. Es conocida su amistad con uno de los principales operadores del oficialismo en la Justicia y director de YPF, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Este medio también contó que fue Rodríguez quien gestionó en el Ejecutivo la designación de Rosenkrantz el tribunal supremo, y que en una de las mesas del casamiento de la hija de este operador, junto con el presidente de la Corte y Miguel Gutiérrez, presidente de YPF estaban José Torello (asesor jefe de Macri); Bernardo Saravia Frías (Procurador del Tesoro), Fernando Sánchez (secretario de Fortalecimiento), y entre ellos también la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic.

Cuando fue consultado por el diario Perfil si fue “un error” su asistencia en ese casamiento, Rosenkrantz redobló la apuesta: “(Es) un error que volvería a cometer. Me parecía una sobreactuación inapropiada no ir, de modo que si es un error porque me trajo alguna reprobación, no sé si de buena o de mala fe, lo volvería a cometer. Cuando se case su segundo hijo, voy a ir”, retrucó.

Otra de las polémicas decisiones del magistrado fue el 3 de octubre del año pasado, dos días después de asumir la presidencia de la Corte Suprema. En este caso se trata de un litigio contra el Estado de la provincia de Córdoba por parte de la compañía Petroquímica Cuyo, de la que Rosenkrantz fue abogado y apoderado. Esta causa tenía como particularidad que al tratarse de un expediente contra una provincia, tramita como “juicio originario” en la Corte, que actúa como jueza de instrucción del expediente. Los cinco jueces rechazaron el reclamo provincial por una supuesta deuda impositiva de la petrolera.

Al inaugurar el año judicial 2019, en una de sus últimas apariciones públicas, Rosenkrantz dijo que los jueces deben demostrar que son “refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea realizar el imperio del derecho”. En un descargo contra las irregularidades reveladas por Página/12 en mayo, el magistrado expuso: “El juez adoptó como criterio excusarse o abstenerse de participar cuando consideró que su participación en la causa podía generar dudas sobre su imparcialidad en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte”.

Una de las causas en las que sí se excusó de participar es la de Farmacity contra la Provincia de Buenos Aires, en la que la empresa busca que se declare inconstitucional el artículo 3 y 14 de la ley provincial de farmacias, para poder penetrar en el distrito. Esta resolución también le interesa al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana que fue fundador y CEO de la compañía. El máximo tribunal bonaerense ya rechazó el pedido de la empresa, pero el gigante farmacéutico sigue insistiendo.

Rosenkrantz aterrizó en el Poder Judicial mediante un viaje sin escalas al máximo tribunal. Macri intentó meterlo por decreto días después de asumir la Presidencia, al igual que a Horacio Rosatti. Antes no había ejercido ningún otro cargo en la Justicia. En 1992 fundó su estudio jurídico “Bouzat, Rosenkrantz y Asociados”, con su ex socio Gabriel Bouzat, que al igual que el magistrado se dedicaba a la defensa de la competencia. En su dilatada trayectoria como abogado de intereses empresarios, entre sus principales clientes se encuentra al Grupo Clarín, Grupo Pegasus y Grupo De Narváez, entre muchos otros.

El 11 de septiembre del año pasado fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia por los próximos tres años. De está manera, reemplazó sorpresivamente a Ricardo Lorenzetti quien ejercía ese cargo desde 2007 y todavía no había concluído su mandato. Según su declaración jurada de 2015, registra un patrimonio de 13 millones de pesos.