Represión y doble asesinato en El Alto

Las balas no se detienen en Bolivia. Esta vez la represión militarizada sucedió en la ciudad de El Alto donde fueron asesinadas al menos seis personas y cincuenta y nueve han resultado heridos. La información fue dada por los médicos que tuvieron que atender a las víctimas y confirmada en cinco casos por la Defensoría del Pueblo de la regional El Alto.

“Estaba colaborando con un herido y oí los disparos. El compañero murió en mis brazos por un tiro de bala que se alojaba en el corazón”, relató uno de los médicos de la posta sanitaria de Sekata, que reportó los seis muertos.

El operativo comenzó en horas de la mañana con el despliegue militar frente a la planta de combustibles de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que se encontraba bloqueada desde el día anterior como parte de las acciones de protesta contra el golpe de Estado.

“Es inadmisible que el decreto supremo que se ha sacado dando carta blanca a los militares para matar se esté poniendo en práctica”, afirmó Teresa Zubieta, de la Defensoría del Pueblo, en referencia al decreto 4078 que exime de responsabilidad penal a la Fuerza Armada Boliviana, una de las medidas más cuestionadas tomadas por el gobierno de facto formado luego del golpe de Estado.

Adriana Salvatierra, actual senadora perteneciente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y ex presidenta de la Cámara de Senadores forzada a renunciar a ese cargo el domingo del golpe de Estado, señaló al decreto como “principal responsable de la muerte de compatriotas bolivianos”. El total de muertos asciende a veintinueve en caso de confirmarse las seis muertes de este martes.

“Hemos exigido la abrogación del decreto 4078 que dispone el uso de las fuerzas militares y que está provocando el asesinato de compatriotas bolivianos, y ha eximido de responsabilidad penal a las FF.AA. por sus actuaciones”, afirmó Salvatierra, quien anunció que entre el 22 y 25 de noviembre estará presente en Bolivia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El objetivo de la CIDH, informó la senadora, será “observar la situación de derechos humanos”, una situación que se encuentra vulnerada por la acusación de sedición a los periodistas, el decreto 4078 y la “conformación de un aparato especial para detener parlamentarios acusándolos de sedición”.

Salvatierra también se refirió a la situación del poder legislativo, la elección de autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la convocatoria a elecciones, tres cuestiones que van de la mano.

La senadora manifestó la voluntad de diálogo de la Asamblea Legislativa para lograr nuevas elecciones. En efecto, el MAS posee los dos tercios en cada una de las cámaras y, como explicó Salvatierra, le corresponde al poder legislativo nombrar seis de los siete miembros del TSE.

“No se nombra a los vocales del TSE por decreto, la Constitución es clara, artículo 206 parágrafo tercero (…) no pretendan eximir a la Asamblea Legislativa de sus atribuciones constitucionales”, afirmó, en referencia a la acusación del gobierno de facto quien señala que el MAS traba el proceso de diálogo y busca nombrar al TSE sin el acuerdo parlamentario.

Esa acusación fue dicha por el ministro de la presidencia de facto, Jerjes Justiniano, quien afirmó que la designación de vocales corresponde al legislativo, pero “lamentablemente la Asamblea Legislativa no está cumpliendo sus funciones”.

Salvatierra ratificó entonces a la voluntad de llevar adelante “un gran diálogo nacional compuesto por las fuerzas representadas en el parlamento, las cuatro principales fuerzas que han participado en el proceso electoral y han obtenido mayor votación, con la participación de los organismos internacionales y la iglesia católica”. El objetivo: nuevas elecciones generales.

Lo que está en juego es entonces un elemento central: saber si el gobierno de facto nombrará el nuevo TSE, así como los Tribunales Electorales Departamentales sin consultar con el legislativo, lo que sería anticonstitucional –como ya lo fue la autoproclamación de Jeanine Añez como presidenta– o si, por el contrario, habrá un acuerdo para la designación, antesala de la convocatoria a elecciones.

“A los trabajadores y pueblo boliviano: este es un gobierno de facto y no de transición. Con represión, están matando a nuestros hermanos bolivianos. Es un gobierno de traición a la Patria con intervención a nuestra Revolución. En tiempos de dictadura debemos mantenernos unidos”, escribió Evo Morales en su cuenta de Twitter.

Un gobierno de facto con el cual es necesario un acuerdo para una salida electoral. Así puede sintetizarse el objetivo perseguido por el MAS. Mientras tanto, se multiplican los asesinatos, los heridos, perseguidos políticos, la violación de derechos humanos, los militares en las calles con tanquetas y aviones, el desabastecimiento de alimentos en La Paz, un país violentamente asaltado por un golpe de Estado.