Reforma judicial: qué piensan sobre la perspectiva de género las mujeres que lo integran

¿Tiene perspectiva de género el proyecto de reforma judicial? ¿Cómo se implementará?; ¿Será suficiente para revertir la estructura patriarcal de la Justicia?; ¿se tiene en cuenta la incorporación de la comunidad LGTBI+? Estas son algunas preguntas que distintas magistradas, fiscalas y abogadas se están haciendo estos días de profundo debate en el ámbito judicial. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, disertó el 12 de agosto en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado
y explicó algunas de estas cuestiones. En diálogo con PáginaI12 se explayaron sobre estos temas la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta; la ex subdirectora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Luciana Sánchez; y la jueza de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori.

El proyecto de reforma judicial que envió el Poder Ejecutivo al Congreso menciona cuestiones de género en dos artículos: el 16 y el 37. Ambos se refieren a la selección de los magistrados que estarán a cargo de los 22 juzgados (del 24 al 46) que pretende crear la nueva ley en el fuero penal federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 16 establece que el Consejo de la Magistratura “deberá respetar la diversidad de géneros en la selección” de los jueces subrogantes –jueces suplentes, que cubren el lugar de un juez titular– para los nuevos puestos. El 37, establece que en los concursos para la selección definitiva de los nuevos funcionarios –magistrados y funcionarios correspondientes a los Tribunales, Juzgados, Fiscalías y Defensorías– “deberá valorarse la perspectiva de género”. 

Gómez Alcorta, en su disertación ante los senadores, subrayó que estos artículos “son fundamentales porque la composición actual del Poder Judicial da cuenta que la selección de jueces está fuertemente sesgada por género y no permite el acceso a los cargos en igualdad de condiciones. Hoy en día tampoco se valora la formación en perspectiva de género de los candidatos y eso se ve reflejado en sentencias que desconocen derechos fundamentales de las mujeres y diversidades”.  Según la ministra, “datos de 2019 de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema muestran una fuerte disparidad en la participación de las mujeres en el sistema de administración de justicia. El 56 por ciento de quienes integran el Poder Judicial son mujeres. Sin embargo, se concentran en los escalafones inferiores e intermedios”. 

La ministra también detalló que “vemos que los juzgados federales de todo el país tienen como titulares el 79 por ciento a varones y el 21 a mujeres. En los los Tribunales Orales Federales, el 79,2 son titulares varones y un 20,8 mujeres. Los Defensores Oficiales son el 70 por ciento hombres y 29 mujeres y en las Fiscalías, el 79,8 por ciento son varones y el 20,2 mujeres”. Para Gómez Alcorta “para revertir estos patrones, es fundamental el diseño de políticas institucionales para la igualdad de género que apunten a la inclusión de las mujeres y a la población LGTBI+”. Si bien añadió que “para esta población particular se deben promover condiciones para su ingreso y permanencia, aunque no forma parte del proyecto, porque es casi nula su participación”. 

En diálogo con este diario, las especialistas consultadas celebraron que se incorporen en los artículos 16 y 37 cuestiones de género, pero cuestionaron ciertos aspectos. Uno de los problemas que marcó Sánchez es que “se propone la creación de más juzgados y fiscalías en el ámbito federal –prácticamente duplicarlos– pero, en primer lugar, realizarlo mediante subrogancias y no mediante concursos”. En este sentido, la especialista que trabaja hace más de 20 años en cuestiones vinculadas a reformas judiciales, se preguntó: “¿cómo se van a garantizar los estándares si lo que se propone es ascender a secretarios y secretarias que ya están por subrogancia?”. La propuesta de Sánchez es que “tiene que haber reglas muy estrictas –que, por ahora, no están propuestas– porque los concursos van a llegar muy tarde”. Sánchez agregó que “la otra cuestión es que, si se va a hacer así, desdoblando las secretarías y haciendo subrogancias, no va a haber inclusión de la comunidad LGBT, sobre todo T”.

Labozzetta, por su parte, sostuvo que “primero hay que decir que lo de la equidad es parcial, porque solamente lo establece el art. 16 para las subrogancias y no el 37 para los concursos”. Con respecto a este tema explicó que el proyecto, al crear nuevos juzgados federales abre la necesidad de nombrar nuevos juezes y para ello, en una primera instancia, llamará a ocupar esos cargos por subrogancia en la que participarán jueces y juezas de instrucción nacionales. “Ahí es donde el art. 16 detalla que el Consejo de la Magistratura debe tener en cuenta la diversidad de género para la selección. Pero después, cuando en el 37 se habla de llamar a concurso para ocupar de manera efectiva los cargos, lo único que se hace es dar una pauta general diciendo que en los concursos ‘se debe a valorar la formación en perspectiva de género’. No hay ningún mandato de paridad para la integración de los cargos definitivos”, dijo.

El segundo problema que marcó la titular de la UFEM es que de los 23 juzgados que ya existen, solo uno está encabezado por una mujer. Es decir, ya hay 22 en los que los titulares son hombres. En ese sentido, Labozzeta propuso que “para los concursos debería establecerse una regla más específica, o sino decir: ‘solo van a entrar mujeres hasta que se equipare y exista una verdadera paridad en los juzgados’”.

La jueza Liberatori esbozó algo similar con respecto a este punto: “dada la enorme preponderancia histórica de hombres en la integración de todos los poderes judiciales del país, yo querría hacer la propuesta de que el primer concurso que se haga a partir de esta ley, llame solamente a mujeres y a las personas de la comunidad trans, diversidad y disidencias”. Según comentó, “la idea la estuve debatiendo largas horas con la jueza civil Marcela Carlomagno y con la jueza federal Martina Forns y llegamos a la conclusión de que sería una oportunidad histórica para hacerlo”.

Por otra parte, Liberatori resaltó la importancia de tener en cuenta la implementación del art. 37: “el proyecto dice ‘deberá’, y por eso será una obligación tener en cuenta la formación de género de los candidatos. Pero es muy importante ver de qué modo se implementa, porque no basta solo con la ley Micaela, que por cierto es importantísima”. “Esto va a tener que ponderarse en los antecedentes, y corroborar si hay alguna trayectoria que indique que el candidato o candidata –porque también hay mujeres machistas– está involucrado realmente con la perspectiva de género, porque sino seguiremos teniendo fallos lamentables que hablan de ‘desahogos sexuales’, cómo pasó en Chubut
”, aseguró. 

En cuánto a la selección de los magistrados y por qué siempre llegan en su mayoría hombres, Liberatori indicó que “hoy en día, para la selección se pone un gran énfasis en lo que yo llamo ‘los cartones’. Los candidatos son juntadores de títulos, cursos y artículos. El problema es que como las mujeres en esta sociedad patriarcal tenemos atribuidas las tareas de cuidado –cuidar a los suegros, padres e hijos– no todas tienen tiempo de sentarse a escribir para que en el concurso ese puntaje tenga una incidencia”. En ese sentido propuso una idea que escuchó del ex juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zafaroni, que según explicó: “proponía un criterio de evaluación vinculado a la actividad y compromiso social que cada candidato pueda acreditar”. “De ese modo estaríamos cambiando algo”, dijo. En la misma línea, Labozzetta destacó que “las mujeres no pueden estudiar. Llegan diez años después a las magistraturas, cuando ya terminan de criar a sus hijos”.

La titular de la UFEM también cuestionó que “hoy en día vemos algunos fallos cómo el de ‘deshago sexual’ en Chubut y comprobamos que el derecho se sigue construyendo sobre la base de un tiempo totalmente terminado. Eso sucede porque la justicia está de espaldas a la sociedad, y los jueces tienen despachos cerrados. Hay un divorcio y una desvinculación absoluta con el ideario social, con lo que está pasando afuera”.

Por último,  Sánchez resaltó que “las reformas judiciales no se hacen por fuerzas internas. Las anteriores, por ejemplo, tuvieron que ver con la instalación del neoliberalismo. Entonces esta nueva reforma tiene que estar asociada a lo que Alberto Fernández llamó ‘el nuevo capitalismo’. Para que sea verdaderamente democrática –agregó– además de contar con representación política, partidiaria y académica, tienen que participar los movimientos sociales en sentido amplio. Esa transformación no puede ser solo guiada por las corporaciones, también tienen que estar les pibis, las juventudes y las travas”.

Informe: Melisa Molina