Recta final para blanquear el aporte empresario a las campañas electorales

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar este mediodía para tratar la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Cambiemos y un sector del PJ le dieron media sanción al proyecto en la Cámara Alta hace dos semanas. La iniciativa fue rechazada por un grupo importante de intelectuales y ONG’s porque, entre otras cosas, blanquea el aporte de las empresas a las campañas electorales y prohíbe la donación por parte de los sindicatos. Además, reduce a la mitad el espacio de publicidad gratuita en medios audiovisuales para las distintas agrupaciones.

Poco antes de las 12 el oficialismo consiguió quórum para iniciar la sesión, luego de que tuviera que levantarla la semana pasada por la ausencia de distintos legisladores nacionales. El kirchnerismo con los bloque de izquierda habían adelantado que no acompañarían ni para el quórum ni para que aprobar la iniciativa.

Se trata de la una de las últimas chances del Gobierno de Mauricio Macri para poder sortear los obstáculos legales que tenía para recibir dinero de los grandes empresarios luego de que el año pasado se revelaran las maniobras realizadas mediante aportantes truchos.

Dado que se trata de un proyecto de materia electoral, el macrismo necesita juntar la mayoría absoluta (129 votos) para convertirlo en ley. Fuentes del oficialismo se mostraban confiados en que lograr el número dado los respaldos que ya habían obtenido en el Senado.

Organizaciones de la sociedad civil afines al gobierno como CIPPEC y Poder Ciudadano defienden la iniciativa porque la consideran un avance en materia de transparencia, dado que obliga a la realización de todos los aportes de manera bancarizada, permitiendo así la trazabilidad del dinero.

Sin embargo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y académicos como Ana Castellani, Marcelo Leiras o María Esperanza Casullo calificaron la medida como “un retroceso para la democracia”. Según este grupo, la reforma en curso “favorece a las elites económicas” y “genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas” que los financian “por encima del bienestar general”, advierten