Rafael Nahuel y Elías Garay tenían un mismo sueño, hacer su ruca (casa) en territorio ancestral recuperado por sus comunidades mapuches. Hace cuatro años las balas de la Prefectura le quitaban la vida al primero, y hace cinco días caía asesinado el segundo en la misma Comarca Andina. Garay tenía 29 años y era padre de mellizos. Nahuel tenía 21, vivía con su familia en uno de los asentamientos del Alto Bariloche y concurría al proyecto de la organización Al Margen, donde iba sumarse a un taller de telar mapuche. Pero un viaje al campo lo llevó a replantearse que “en este sistema es imposible salir de la marginalidad”, y por eso se encontraba en la disyuntiva de “laburar el día entero para sobrevivir o construir otra vida”, en sus propias palabras. Ya había participado de varias ceremonias con su tía, María Nahuel, una luchadora de la causa mapuche, de las recuperaciones territoriales y del reconocimiento como pueblo preexistente a la creación del Estado argentino.
El 25 de noviembre de 2017, en Villa Mascardi, a 30 kilómetros de Bariloche, cinco integrantes del grupo especial Albatros de la Prefectura Naval Argentina ingresaron al territorio de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que había sido desalojada violentamente dos días antes por la denuncia de la dirección de Parques Nacionales por usurpación, con mujeres y niños detenidos y una machi (sanadora) de 16 años obligada a comer tierra por los uniformados. Los Albatros tenían la orden de custodiar el lugar desalojado, se cruzaron con Rafael y sus compañeros y tras dar la voz de alto comenzaron a disparar balas de plomo y a perseguirlos. A los piedrazos de los mapuches respondieron con cientos de disparos de pistolas y fusiles. Rafael Nahuel cayó herido por la espalda, otros dos jóvenes resultan heridos.
Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca cargaron el cuerpo moribundo de Rafita, como le decían, cerro abajo. “No me dejen con los winka (blancos invasores)”, alcanzó a decirles en su último aliento. Cuando llegaron a la ruta casi los fusilan, los obligaron a dejar el cuerpo y los esposaron. Lejos de preservar su integridad como testigos del homicidio, fueron presos acusados de usurpación. Los peritajes demostraron que las municiones estuvieron en manos de los uniformados, pero la presión del gobierno de Mauricio Macri fue tal que el expediente quedó plagado de contradicciones. Su vice, Gabriela Michetti, llegó a decir en televisión que los mapuches estaban armados, algo que jamás se verificó pero que instaló la teoría del “enfrentamiento”. Paradojas, la causa por el homicidio amañada, la acusación contra las víctimas, reforzada.
“Está renaciendo esa voluntad de pelear y de reconocerse mapuche para la resistencia contra el saqueo de la tierra, hay que rescatar a nuestro pueblo que fue vendido a los terratenientes y a Parques Nacionales; estamos expuestos a la cárcel y la muerte cuando confrontamos contra el sistema, pero pronto vamos a ser más, no hay que bajar los brazos”, dice Curruhuinca, quien se encuentra en la clandestinidad desde hace tres años y medio porque se niega a reconocer a la justicia que lo procesó por atentado contra la autoridad y usurpación.
En tanto, del grupo de prefectos que disparó en el cerro solo uno pasó un par de semanas detenido. Los demás permanecen en sus cargos y fueron trasladados a la sede de la Prefectura en Tigre. La causa está cerca de llegar a juicio oral pero los “albatros”, en caso de ser condenados, podrían eludir la cárcel porque están acusados de homicidio cometido en legítima defensa, un atenuante que sería clave.
“El 25 de noviembre de 2017, durante un operativo del grupo Albatros de Prefectura en Villa Mascardi, Río Negro, Rafael Nahuel fue asesinado de un disparo por la espalda, mientras participaba de la recuperación de tierras de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu”, publicó la cuenta de Twitter de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que encabeza Horacio Pietragalla Corti, que es querellante en la causa. En tal condición, en junio sus autoridades informaron que apelarían los procesamientos dictados a los cinco prefectos acusados por el homicidio de Nahuel tras considerar que “no hay ninguna prueba en la causa que sostenga la teoría del enfrentamiento”, como podría deducirse de una calificación que menciona la “defensa” a la que se habrían visto obligados. En esa versión se apoyó el juez federal de Bariloche Gustavo Zapata .para considerar que los imputados incurrieron en un “exceso en la legítima defensa”, pero desde la querella de la Secretaría se considera en cambio que corresponde una “imputación por homicidio calificado” para los efectivos involucrados.
“Me tengo que ir, mataron un compa”, le dijo Ariel Garzi a Carolina Bozzi, una de las cuñadas de Santiago Maldonado, aquel 25 de noviembre de 2017 en 25 de Mayo, el pueblo donde había nacido el tatuador anarquista que estaba siendo testigo de su velatorio y entierro, al que había acudido su amigo. Maldonado había sido reprimido por Gendarmería en la comunidad mapuche de Cushamen y estuvo desaparecido más de dos meses. “Ese mismo día mataron a Rafa Nahuel, era demasiado”, dijo Bozzi.
En el barrio Nahuel Hue del Alto Bariloche había luchado contra el consumo problemático de alcohol, trabajó en un taller de herrería, se hizo una casita y tuvo una novia. “La última vez que pasó por el taller de San José Obrero fue unos 20 días antes de que se fuera a Villa Mascardi a ayudar en el territorio mapuche. Se sentó, tomó unos mates, dejó en el aire un lejano olor a perfume Internacional”.*
* Silenciar la muerte, Santiago Rey, Acercándonos, 2019.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/385266-rafael-nahuel-y-elias-garay-vidas-y-muertes-mapuches-paralel
