En horas de la tarde del último día hábil del año 2022 más de trescientos empleados del rubro tabacalero que conforman las plantas de las empresas For Men SA (Santa Fe) y Bronway Technology SA (Rosario) pudieron respirar aliviados y, tras la incertidumbre con que llegaron a la Navidad, pasar la noche de Año Nuevo sabiendo que sus fuentes de trabajo no se perderían.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, con votos favorables de Élida Vidal y Guillermo Toledo, había finalmente concedido una cautelar planteada por la pyme rosarina para que Afip entregase los instrumentos fiscales de control -estampillas- que eran denegados a partir de la puesta en marcha de un novedoso aplicativo, que les impedía autodeterminar el impuesto interno y que había llevado a la parálisis de tanto de esta empresa como de la firma santafesina y la suspensión de empleados.
Por esas horas llamó la atención el voto en sentido negativo del camarista Aníbal Pineda, a quien atribuyen aceitados vínculos con sectores de la política nacional y con encumbrados jerarcas de la Afip, sobre todo cuando sus dos colegas ya habían emitido opinión resultando ser su fallo irrelevante en cuanto a efecto jurídico alguno, destacaron desde Canet, la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras.
Cuando todo parecía zanjado y los obreros se disponían a volver a encender las máquinas de ambas tabacaleras de capitales nacionales, la jueza federal Sylvia Aramberri, quien ya hace tiempo solicitó su jubilación -que le concedieron, pero decidió mantenerse en el cargo-, le fijó a la pyme una fianza de 2.000 millones de pesos, monto que ninguna firma en la República Argentina podría integrar, lo cual tornó ilusoria la cautelar que días antes había concedido la Cámara Federal, describieron desde Canet. En este punto volvió a llamar la atención que la jueza de primera instancia citara repetidamente lo expuesto por Pineda aun sabiendo que era un voto en minoría, destacaron.
“Lo que hay que entender aquí –señalan a su turno desde Canet- es que existen intereses económicos en juego del monopolio Phillip Morris International (Massalin Particulares), que tiene presencia en 180 países y que en el año 2021 tuvo ingresos por más de 12.000 billones de dólares y que obviamente no quiere perder ninguna tajada del mercado en mano de pequeñas pymes regionales. Es tan así la cuestión que la ley de impuesto interno vigente -declarada inconstitucional en dos oportunidades por la justicia contencioso administrativa de la Capital Federal- fue sancionada en el año 2017 y se conoció justamente como ley Massalin”.
El escándalo por la sanción de esa ley entre gallos y medianoche, sin debate legislativo y dentro de un paquete de leyes que hizo que la mayoría de los legisladores no supiese que estaban votando, es investigado en el Juzgado Federal Nº4 en lo Criminal y Correccional de Comodoro Py, y tiene en la mira al vicepresidente ejecutivo del grupo MPI Matías O’Farrell y encumbrados directivos de Afip, junto con operadores judiciales.
De allí que exista un fuerte lobby de la empresa de capitales norteamericanos y de otra empresa nacional pero integrada con capitales extranjeros con sede en Buenos Aires: gozan de amparo judicial por medida cautelar para sacar del mercado a las pymes santafesinas, destacan las tabacaleras locales nucleadas en Canet, desde donde añaden: “De otra manera resulta a todas luces incomprensible que en todas las medidas cautelares otorgadas a pymes del rubro nunca la fianza haya superado los 10 millones de pesos, mientras aquí la Justicia federal de Rosario la eleva 200 veces más”.
“El lobby también se traduce en la manipulación de la información a ciertos medios de comunicación donde se comunica que las pymes santafesinas no quieren pagar impuestos, cuando en el año 2022 lo han hecho por más de 8.000 millones de pesos”, destacan por su parte desde Bronway.
