Lo ocurrido este lunes en el juicio por las obras viales de Santa Cruz es todo un símbolo de lo que fue el proceso: al final de su alegato, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola retiraron la acusación contra Carlos Kirchner por integrar una asociación ilícita y defraudar al Estado. Entonces, para ocultar un poco el papelón y no dejar tan expuestos a fiscales y jueces anteriores, Luciani-Mola acusaron por un delito menor a Carlos Kirchner –incumplimiento de los deberes de funcionario público– y pidieron una pena casi simbólica: dos años de prisión en suspenso. Pero lo grave es que Carlos Kirchner ya estuvo preso –prisión preventiva– dos años en el penal de Ezeiza. Los defensores del primo de Néstor Kirchner demostraron que no tenía ninguna vinculación con las obras viales, que contaba con apenas siete (7) empleados y se ocupó del llamado Programa 86, que era de asistencia a 1.800 obras urbanas, en distintos municipios de todo el país.
Los doctores Enrique Arce y Nicolás Guzmán arrancaron dando dos razones iniciales por los “que no se puede condenar a Carlos Kirchner”:
*”Ustedes no pueden condenar a Carlos Kirchner por portación de apellido, como se ha hecho a los largo de esta causa, invocando la relación de parentesco. Se utilizó el criterio antiguo de condenar a toda la tribu.”
*”Y Ustedes no pueden condenar a Carlos Kirchner porque ya sufrió la privación ilegal de la libertad durante casi dos años. No se puede condenar para disimular el daño que ya se hizo. Nada legitimaría el encierro que le impusieron”.
El expediente conocido como Vialidad tiene aspectos tan escandalosos como el hecho de que nadie acusó inicialmente a Carlos Kirchner: ni siquiera el interventor de Vialidad del macrismo, Javier Iguacel, que no lo nombró ni en la primera ni en la segunda denuncia. Tampoco lo hizo el fiscal natural de la causa: Eduardo Taiano, desplazado por una maniobra de la justicia alineada con Juntos por el Cambio.
Dijo la defensa que la acusación contra Carlos Kirchner arrancó a partir de la insólita jugarreta de sacar una fotocopia de la denuncia y volver a presentarla. En base a esa trampa, el aparato de Comodoro Py sacó a Taiano e impuso a dos nuevos fiscales: Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, éste último ligado directamente al macrismo.
En apenas ocho días, los nuevos fiscales, supuestamente revisaron las 51 obras cuestionadas y se despacharon con un dictamen de cientos de páginas, por supuesto todo imposible. Estaba hecho de antemano. En ese escrito involucraron a Carlos Kirchner, que no tenía la menor relación con las obras viales de Santa Cruz. Nunca firmó ninguna resolución ni se pronunció sobre licitaciones, adjudicaciones o controles. Todo eso quedó tan claro en el juicio, que Luciani y Mola renunciaron a acusar al exsubsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal en relación con los dos delitos centrales: asociación ilícita y fraude al estado.
Para tapar un poco el escándalo, los fiscales –en una clara actitud corporativa con Pollicita y Mahiques– mantuvieron una acusación por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque, según dijeron, debió darse cuenta que había irregularidades. Eso sí, le pidieron una pena en suspenso, o sea que ya está claro que el primo de Néstor Kirchner no volverá a la cárcel, aún en el muy improbable caso que lo condenen.
“En este juicio se probó que Carlos Kirchner era ajeno a las 51 obras de las que trata este juicio. No intervino en nada”, sostuvieron Arce y Guzmán. Un documento de relevancia que presentaron los defensores es que al lado de la planilla de sueldos de los siete empleados de la subsecretaría que encabezaba Kirchner, figuraba como motivo de la remuneración, el Plan 86, o sea sólo el plan relacionado con los municipios. Ninguna referencia a rutas ni obras viales.
En el aire quedó flotando un ambiente agridulce. Por un lado, porque el alegato de Arce y Guzmán fue contundente: no parece haber chance de que el tribunal condene a Carlos Kirchner. Pero por otro lado, repiqueteó un mensaje que uno de los defensores escribió en el chat privado del juicio: “gracias Diego”. Como es obvio, los otros letrados entendieron que era un gracias a Luciani por haber desistido de las acusaciones decisivas respecto de Carlos Kirchner. Tal vez fue una ironía, pero en cualquier caso otros defensores lo consideraron una mala ironía cuando en la anterior audiencia la expresidenta Cristina Kirchner pidió virtualmente la acusación contra Luciani y Mola por prevaricato, abuso de autoridad u otros delitos.
Este martes alega la defensa de José López, el exsecretario de Obras Públicas que dejó los nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. A lo largo del juicio, al exfuncionario tampoco se lo nombró. Los fiscales recurrieron a los chats que se encontraron en su celular aquel día en que fue detenido en el convento. O sea, trajeron prueba de otro expediente, evidencia que nunca se trató en el juicio y que los jueces autorizaron a usar casi en la última audiencia de testigos. Los mensajes tampoco son muy incriminatorios: a fines de noviembre de 2015, un gerente de Lázaro Báez, Julio Mendoza, se comunicó con López para reclamarle pagos para poder destinarlos a sueldos, y López le mandó mensajes a un secretario de CFK. Los fiscales ocultaron que de esos chats había cientos, principalmente con empresarios macristas vinculados a la obra pública y que los mensajes de Mendoza-López y uno de los secretarios de Cristina fueron apenas cuatro en 26.000. Muchos de los chats eran por la misma razón: reclamar pagos.
Todo indica que las coimas que recaudó López provinieron de las empresas relacionados con el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada a la brasileña Odebrech -que confesó haber pagado coimas en muchos países-, Iecsa, del grupo Macri, la italiana Ghella y la española Comsa. La maniobra consistió en armar una consultora en España y, transferirle alegando trabajos inexistentes, millones de dólares que iban para coimas. Pero eso no tiene relación, al menos aparentemente, con el expediente de las obras en Santa Cruz.
El alegato de la defensa de López estará a cargo de Santiago Finn, un defensor oficial.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/485164-portacion-de-apellido-y-una-prision-grotesca
