Por qué Amado Boudou nunca debió estar preso

Más allá de la libertad condicional que dictó el juez Ricardo Basílico el viernes pasado, desde el punto de vista judicial, Amado Boudou nunca debió estar preso. La condena central del exvicepresidente fue por “cohecho pasivo”, es decir, haber recibido una coima. No en forma de dinero, sino en acciones de Ciccone Calcográfica. Nada menos que el 70 por ciento del total de las acciones. Nunca en toda la causa apareció la más mínima prueba de semejante hecho. Más bien todo lo contrario: las evidencias demostraron que quienes se quedaron con la imprenta fueron Jorge Brito, que puso al frente de Ciccone a exgerentes del Banco Macro o Raúl Moneta, que aportó el dinero para sacar a la empresa de la quiebra. O los dos juntos. Además, después la justicia determinó que eso no configuraba delito.

El fallo condenatorio de Boudou fue dictado por el Tribunal Oral Federal 4, en ese momento integrado por Pablo Bertuzzi, a quien Mauricio Macri premió, aún antes del fallo, con un cargo en la Cámara Federal, y Néstor Costabel, una pieza de Juntos por el Cambio en Comodoro Py. Votó en contra de condenar por ese delito la jueza Gabriela López Iñiguez, que dictó un fallo muy detallado de 250 páginas.

López Iñiguez, así como Bertuzzi y Costabel condenaron por negociaciones incompatibles con la función pública, un delito que no hubiera llevado a Boudou al penal de Ezeiza. La verdadera cara del fallo se vio en otros ingredientes. Nunca antes el TOF 4 había ordenado la detención después de una condena: siempre esperó el resultado de la apelación. Eso se tradujo en 15 meses de prisión preventiva de una persona que siempre estuvo a derecho y a la que se le aplicó la doctrina Irurzun de que “podría obstaculizar la causa porque tenía relaciones anteriores en el gobierno”. Las fotos de Boudou en piyama mostraron que lo trascendente era la utilización política de la causa.

La historia de Ciccone Calcográfica se resume de la siguiente manera:

• La imprenta sofisticada, una de las 12 únicas privadas del mundo que imprimía billetes, estaba en concurso de acreedores, con una fuerte deuda con la AFIP.
• En julio de 2010, se le dictó la quiebra por pedido del ente recaudador.
• El juez de la quiebra entregó la planta de Ciccone al eterno competidor, Boldt, un conglomerado que explotaba los casinos de Mar del Plata y Tigre. Parece evidente que es incompatible tener al mismo tiempo casinos y fábrica de billetes.
• Quien había ofertado quedarse con la empresa era el Estado, pero de forma asombrosa, el juez optó por Boldt en una maniobra más que extraña.
• Desesperados por la quiebra y la cesión a Boldt, los hermanos Ciccone salieron a vender sus acciones a un inversor que pusiera el dinero para sacar la imprenta de la quiebra. Se necesitaban dos cosas: que la AFIP diera el visto bueno a un plan de pagos de las deudas y que alguien aportara el dinero.
• Como exhibió la jueza López Iñiguez, la AFIP ya había dado el visto bueno antes de la venta de las acciones y antes de una consulta que se le hizo a Boudou. La razón es que la AFIP, en tiempos de CFK, siempre tenía una estrategia: no hundir las empresas, conservar el trabajo y, además recaudar. En este caso se sumaba el hecho de que se trataba de una imprenta estratégica.
• En escena apareció una sociedad, The Old Fund, cuyo titular era el abogado Alejandro Vandenbroele. Éste terminó declarando como arrepentido a cambio de lo que hoy serían unos siete millones de pesos, que invirtió en un hotel-boutique en Mendoza. Vandenbroele fue cambiando su testimonio de acuerdo a las necesidades del macrismo. Como ya se sabe, los arrepentidos se manejaban en función de la persecución política.
• Vandenbroele declaró que quien le pagaba era Brito pero dijo que Brito era testaferro de Boudou. Por de pronto, admitió algo que el exvicepresidente dijo desde el primer día: que no conocía a Boudou, que sólo lo había visto una vez, de lejos. Porque al inicio de la causa, la versión era que Vandenbroele era testaferro de Boudou.
• Jorge Brito falleció el 20 de noviembre pasado en un accidente de helicóptero. Su obsesión era la denuncia penal que formuló contra Vandenbroele por falso testimonio.
• Justamente, el inicio del expediente exhibió todo lo que vino después: un agente de inteligencia del Ejército, Jorge Pacífico, denunció que escuchó en un bar a otras personas, en otra mesa, mencionar que había irregularidades en el caso Ciccone. Pacífico fue el mismo que apareció a dos cuadras de la AMIA el día del atentado, también sembrando pistas. Por supuesto que Pacífico declaró que no sabía quiénes eran las personas que hablaban de Ciccone en la mesa del bar. Como se ve, una causa armada.
• Uno de los nudos del expediente fue un contrato en el que los hermanos Ciccone le cedieron el 70 por ciento de las acciones de la imprenta a The Old Fund. Pero el texto (señala con mucho detenimiento la jueza López Iñiguez) indicaba que esa sociedad no se quedaría con la imprenta, sino que buscaría un inversor y además resolvería la situación con la AFIP.
• Lo trascendente es que el dinero del rescate lo aportaron sociedades del financista Raúl Moneta y los gerentes de la imprenta los designó Jorge Brito: fueron dos ex Banco Macro, Máximo Lanusse y Francisco Sguera. Una de las maniobras grotescas consistió en separar el origen del dinero de The Old Fund de la causa madre. Justamente, la prueba de que la imprenta no pasó a ser de Boudou es que la plata vino de una sociedad holandesa que una pericia posterior demostró que era de Moneta.
• En todo el expediente no apareció ni una sola evidencia de que esas acciones fueran propiedad de Boudou –algo palmariamente demostrado en el fallo de López Iñiguez– o de que él se hubiera beneficiado de alguna manera. Al exvicepresidente no le aparecieron ni cuentas en el exterior ni sociedades en Panamá ni propiedades no declaradas. Su caso no se pareció, ni remotamente, a los de José López o Daniel Muñoz, ni apareció un entramado oculto como el de los Macri.
• El exvicepresidente sostiene que tampoco se le pueden adjudicar negociaciones incompatibles con la función pública pese a que intervino su amigo José María Nuñez Carmona. Boudou afirma que no hizo nada desde el Estado que cambiara, mejorara o alterara la situación de Ciccone o la negociación para salvar a la imprenta. Dio una opinión –no vinculante, general y razonable– a favor del rescate de la imprenta, no influyó en contratos futuros y, por el contrario, fue parte de un gobierno que desde el primer momento apuntó a que el Estado –como terminó ocurriendo– se hiciera cargo de la fábrica de billetes y que no quedara en manos de un grupo que además gerenciaba casinos.

En cualquier caso, no existió la menor prueba del delito que determinó la prisión –el cohecho– y se reiteró lo que fue el modus-operandi de Comodoro Py: no hacer la pericia clave que mostró de dónde vino el dinero para quedarse con Ciccone y usar jueces adictos a los que después traslado de forma ilegal a puestos decisivos (la Cámara Federal) donde siguieron ejerciendo la persecución política.