Plebiscito en Chile: Una Constitución viciada, autoritaria y tramposa

Desde Santiago de Chile

La transición a la democracia chilena conscientemente aceptó la Constitución elaborada por la dictadura de Pinochet en 1980. O, mejor dicho, la pasó por alto. Patricio Aylwin (DC), el futuro presidente, que sucedería el general lo señaló cuatro años después de promulgada la Carta Magna en un seminario repleto de políticos de la oposición y con un título que no llamaba demasiado la atención: “Un Sistema Jurídico-Político-Constitucional para Chile”. “Lo primero es dejar de lado la famosa disputa sobre la legitimidad del régimen y su Constitución”, señaló ante el asombro de la concurrencia. “Personalmente yo soy de los que considera ilegítima la Constitución de 1980. Pero, así como yo exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo. Ni yo puedo pretender que el general Pinochet reconozca que su Constitución es ilegítima, ni él puede exigirme que yo la reconozca como legítima (…) ¿Cómo superar este impasse sin que nadie sufra humillación? Sólo hay una manera: el eludir deliberadamente el tema de la legitimidad”.

El documento, que puede consultarse online, es citado por el periodista Rafael Otano en Nueva Crónica de la Transición, como el momento exacto en que comenzó la Transición. El pragmatismo del líder DC (que, por cierto, fue uno de los que apoyó el Golpe hasta que la dictadura comenzó a extenderse demasiado) fue recibido con sorpresa hasta terminar siendo aceptado. La solución que rondaba entre los políticos en receso era la Asamblea Constituyente. Él mismo la veía así, pero al reconocer esa Constitución se reconocía también el plebiscito establecido por ésta misma para elegir un presidente para Chile tras el 11 de marzo de 1989. Obviamente la idea era eternizar a Pinochet. Pero ganó la opción “No”, aunque el general mantuvo el cargo, se convirtió en senador vitalicio y la Constitución siguió operando.

Origen fraudulento (y un asesinato)

Aunque la Constitución de 1980 ha sufrido una serie de reformas, como las 58 efectuadas por el presidente Ricardo Lagos en 2005, eliminando por ejemplo la figura de “los senadores designados” y también la figura de “garantes de la institucionalidad” a las Fuerzas Armadas o acortando la duración del régimen presidencial de seis a cuatro años, es su origen el que genera más dudas, incluso por sobre sus contenidos y omisiones. Fue redactada a cuatro paredes por una comisión de carácter autoritaria y liberal (en la económico), destacando civiles como el abogado ultraderechista Jaime Guzmán. El plebiscito del 11 de septiembre de 1980 donde se debía elegir esta Constitución presentaba cuantiosas irregularidades. No hubo padrón electoral, libertad de prensa y acceso al conteo de votos. La opción “Si” —marcada con una patriótica estrella frente al “No” que era un círculo oscuro— no sólo aprobaba la nueva Carta Magna sino que ratificaba al general Pinochet en el poder y su plan de gobernar hasta, incluso, pasado 1989. Tampoco hubo debates públicos, excepto una concentración donde el expresidente Eduardo Frei Montalva (que, todo sea dicho, inicialmente apoyó el Golpe) cuestionó este plebiscito. El DC era visto como la principal carta política opositora a Pinochet, muriendo dos años después tras presentar complicaciones en medio de una cirugía simple de hernia. Fue envenenado con gas sarín, según determinó la justicia chilena en 2019 condenando por homicidio a seis personas, entre choferes, médicos y agentes de la policía secreta del régimen.

Los hackeos a la democracia

A pesar del deseo “refundador” de Ricardo Lagos con las modificaciones de 2005 o la eliminación del Sistema Binominal en 2018 —otro aspecto clave de la Constitución de 1980 que garantizaba un “equilibro” y estimulaba la negociación entre los partidos clásicos de derecha e izquierda en desmedro de opciones nuevas o emergentes— la Constitución de 1980 y por consecuencia el fantasma de Pinochet y la dictadura siguen presentes en la vida chilena a través de aspectos que “hackean” el sistema democrático como Leyes Orgánicas Constitucionales. Estas obligan a modificar temas claves como Fuerzas Armadas, Carabineros, concesiones mineras, Banco Central o educación con un quórum de 4/7 (57%) de votos en el parlamento lo que en teoría vuelve prácticamente imposible cualquier cambio relevante al sistema. También está el Tribunal Constitucional (TC) una institución que en caso de que se logre el quórum anterior, puede decretar “inconstitucional”. Algo que efectivamente ha ocurrido con modificaciones al SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) que le daban más poder al consumidor para fiscalizar los malos servicios comerciales y que fueron rechazados. O la posibilidad de retirar el 100% del dinero en las Administradores de Fondos de Pensiones en caso de enfermedad terminal. O prohibir la creación de “sindicatos” truchos que negocien acuerdos con las grandes empresas en desmedro de los sindicatos históricos. Todos esos cambios son “anticonstitucionales” según el TC. También, como curiosidad, aparece el concepto de “soberanía nacional” (no popular), donde puede leerse una más que clara referencia al mundo militar que finalmente aprobó este texto.

Las omisiones de Pinochet

La Constitución de 1980 —y sus reformas— no considera temáticas centrales para el desarrollo de Chile tanto político, económico y social. Por ejemplo, los niños no son reconocidos ni, evidentemente, se garantiza su protección y bienestar. Tampoco los pueblos originarios poseen mecanismos de reconocimiento efectivo y que garanticen su protección ante prácticas industriales como la plantación de pinos o eucaliptus en el sur que consumen el agua y alteran el medioambiente. De hecho, son las protestas contra este sistema invasivo y estimulado por la propia dictadura las que han sido respondidas por violentas olas de represión policial). Tampoco hay nada sobre el derecho de agua, permitiendo que Chile sea el único país del mundo donde el elemento ha sido privatizado. Otros aspectos no considerados es el reconocimiento de las diversidades en particular de la comunidad LGBT+ que carece de representación en temáticas como el derecho a las identidades de género o la protección de niños en etapa transicional o intersexual. También está la necesidad de incorporar la defensa de los animales en la Constitución. Y eso sería sólo el principio.