La Policía de Córdoba no sólo reprimió manifestaciones públicas en repudio al decreto de necesidad y urgencia anunciado por el Presidente Javier Milei y su Gabinete. También habría infiltrado las movilizaciones que agrupaciones de izquierda realizaron en conmemoración de la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Así lo denunciaron públicamente en redes sociales al detectar que una supuesta integrante de la fuerza fotografió a manifestantes haciéndose pasar por trabajadora de prensa. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local está reconfirmando datos para avanzar en una denuncia.
La protesta fue convocada por el Polo Obrero para entrada la tarde del miércoles 20 de diciembre en el centro de Córdoba Capital. Allí, manifestantes detectaron a una mujer que sacaba fotos con su celular a la cabecera de la marcha haciéndose pasar trabajadora de prensa, entre efectivos de la policía provincial y algunos periodistas de medios locales: cabello rubio atado en la nuca, pantalón cargo color avellana y un chaleco del mismo tono, similar a los que utilizan les reporteros gráficos –con muchos bolsillos en el frente– y la inscripción de la leyenda “prensa” en la espalda, colgando del cuello, una cámara de fotos. “¿De qué medio sos?”, le consulta un varón. “Prensa independiente”, le responde la mujer, sin parar de caminar en círculos, queriendo escapar de la cámara que la estaba registrando su actitud esquiva.
El video comenzó a correr dos días después vía redes sociales, con velocidad y con la acusación concreta de que la supuesta trabajadora de prensa era Claudia Susana Melián Aranibar, efectiva de la Policía de Córdoba, ascendida a sargento 1° en 2020. Los repudios apuntaron directamente al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
“Esto es un hecho gravísimo que nos retrotrae a las épocas de la D2”, denunció la regional local de H.I.J.O.S. en referencia al Departamento de Informaciones de Córdoba cuyo rol en los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura fue fundamental. “El gobierno está alineado discursivamente con los planteos de memoria, verdad y justicia, pero en los hechos espían organizaciones y reprimen a la protesta. El silencio del gobernador y su ministro es total”, declaró a este diario Emilio Pihen, de la agrupación de derechos humanos.
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local tomaron los repudios y están avanzando en la recopilación de datos que confirmen los hechos para efectuar una denuncia. Sus referentes enmarcan el supuesto accionar policial en el desempeño represivo de las fuerzas de seguridad provincial contra las manifestaciones críticas al flamante gobierno de Javier Milei y sus medidas. El jueves por la noche, en el centro de la capital provincial, unas tres mil personas se concentraron para expresar rechazo al decretazo de Milei. Cerca de las 22, la policía local reprimió la manifestación con balas de goma, gases lacrimógenos y palos, y detuvo a cinco manifestantes, dos de ellos trabajadores de prensa, quienes fueron liberados al día siguiente previo labrado de causas penales en su contra.
“Todo esto se va poniendo bastante denso”, calificó Carlos Vicente, copresidente local del organismo. “De corroborar lo que plantean los posteos en redes sociales vamos a avanzar en una denuncia porque es absolutamente ilegal hacer inteligencia de la protesta social”, añadió.
El precedente del protocolo de Bullrich
“En febrero denunciamos a la cúpula de la Policía de Córdoba por espionaje ilegal. Este video es de la marcha del 20. La policía de Córdoba espía y persigue a las organizaciones políticas y sociales, además de reprimir a los que luchan. Es gravísimo!”, posteó en su cuenta de X la legisladora provincial Luciana Echeverría al compartir el video de la supuesta sargento.
En Córdoba rige un protocolo de procedimiento con el que el Ministerio Público Fiscal y fuerzas de seguridad responden frente a la protesta social. “Lo implementaron sin ningún tipo de audiencia participativa previa, en acuerdo entre la Justicia y la Policía, y es vergonzoso”, expresó en diálogo con este diario Rafael Ortíz, abogado, ex defensor público e integrante de una comisión de homenaje a exdetenides desaparecidos de la provincia. El protocolo incluye “una serie de medidas represivas, de inteligencia previa y durante los actos sobre las organizaciones que participan de las manifestaciones, y de imputación penal contra sus referentes”, amplió.
La represión sucedida el jueves a la noche sobre el cacerolazo cordobés estuvo amparada en este código procedimental y ordenada por el fiscal Ernesto de Aragón, a cargo de la Fiscalía de Instrucción distrito 4 turno 1, quien suele estar a cargo de la respuesta judicial y represiva sobre las protestas. También la que tuvo lugar en abril pasado sobre la Marcha contra el hambre, y que derivó en la imputación de dirigentes de ATE y la CTA autónoma por los delitos de desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte o servicios públicos. “En Córdoba la Policía y la Justicia quieren disfrazar como legal algo que es ilegal, que no pueden hacer, que es la infiltración de organizaciones. Se puede hacer inteligencia sobre actividad delictiva, pero ¿qué tiene delictivo manifestarse?”, apuntó Carlos Vicente.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/698185-pieda-libre-para-una-infiltrada-denuncian-que-una-policia-hi
