Piden que la Corte Suprema ceda parte de sus ahorros en la emergencia

La Corte Suprema se convirtió en foco de reclamos que apuntan a que ceda parte del ahorro de cerca de 30.000 millones de pesos que guarda en plazos fijos, también llamado “fondo anticíclico”. El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, le dijo al presidente del alto tribunal, Carlos Rosenkrantz, que para junio el cuerpo no tendrá plata suficiente para pagar sueldos en el Poder Judicial y menos para instrumentar cambios tecnológicos que son indispensables para que el sistema de justicia funcione en plena pandemia del Covid-19. En una reunión virtual el tema quedó planteado pero sin respuestas. En la acordada donde declaró días inhábiles del 16 al 31 de marzo, el alto tribunal anunció también que ponía a disposición para gastos derivados de la emergencia sanitaria 40 millones de pesos de sus ahorros. El titular del Sitraju, uno de los sindicatos judiciales, Agustín Bruera, se quejó de que los supremos apenas ejecutaron hasta ahora 1% de aquel monto. En la Corte acusan al Consejo de llevar desde hace años una pésima administración con una estructura propia sobredimensionada, pero dice que le prestarán todo el dinero que haga falta para sostener el funcionamiento de la justicia. El organismo ya le debe, de tiempo atrás, cerca de 10.000 millones.

La puja por la plata entre la Corte y el Consejo es histórica. Lo curioso es que durante el macrismo, el organismo hizo una suerte de mea culpa implícito cuando le fue a plantear al alto tribunal si podía hacerse cargo de su administración que es, nada menos, la del grueso del Poder Judicial. Ese pedido se sostuvo. En el tribunal dicen que desde el punto de vista normativo es imposible. Con o sin pandemia, la cuestión presupuestaria es un problema. De hecho, incluso todavía antes de marzo el gobierno analizaba algunas variables en torno de este tema, que siguen en estudio: una era modificar la distribución de recursos que reciben la Corte y el Consejo respecto de los recursos tributarios y no tributarios (de 3,5 por ciento, los supremos se llevan 0,57 y el Consejo 2,93); otra establecer directamente alguna disposición respecto del fondo anticíclico que la Corte cuida como oro en polvo.

Por ahora, desde el organismo y tras analizar el panorama presupuestario, iniciaron conversaciones con la Corte. “La plata nos alcanza hasta mayo, y parcialmente hasta junio. De ahí para adelante hay un pozo ciego y tenemos que buscar una solución. Eso es lo que planteé. Y porque debería seguir la feria estricta, sin modificaciones. Ya tenemos un muerto, un empleado de tribunales, de la mesa de entradas de la Corte, con coronavirus; hay un juez que falleció y se está averiguando si también tuvo Covid-19. Por lo tanto, y como la Corte lo pidió en su acordada, todo tiene que ser digital. El punto es que también hace falta dinero para reformas tecnológicas para poder trabajar de esa manera. El Poder Judicial no está de vacaciones”, dijo Lugones a este diario. A la vez se mostró molesto por la insistencia de la Corte en señalar que el organismo tiene una mala administración y un exceso de estructura, la impronta de un cuerpo que hace fundamentalmente política (y reparte cargos). “El Consejo tiene cerca de 900 empleados y funcionarios pero les paga los sueldos a 18.000 personas de todo el país, en todas las instancias judiciales”, se defendió. El presupuesto que maneja ahora el organismo es aún el de 2019: 50.000 millones de pesos. El proyecto para 2020 es de 59.000.

La Corte Suprema nunca había habilitado el uso del fondo anticíclico hasta esta ocasión de emergencia sanitaria, donde señaló que la “afectación inicial de 40 millones de pesos” para “afrontar las medidas que demande la emergencia sanitaria en el ámbito del Poder Judicial”. Es el 0,15 por ciento del total del fondo anticíclico. Ante la consulta de Página/12, en el tribunal insistieron en que podría utilizarse más dinero si es necesario y si el Consejo no encuentra otro camino para pagar los sueldos. La Unión de Empleados de la Justicia le pidió a la Corte que maneje el destino de los fondos con transparencia. El Sitraju, a través de una nota de Bruera, acusó a la Corte de tener “una deficiente política institucional en relación al combate contra la pandemia por coronavirus”. Señaló que hasta ahora, desde la acordada del 16 de marzo, el tribunal ejecutó “sólo el 1 % de ese fondo: 443.840 pesos” y lo compara con la suma similar gastada en “la junta de presidentes de Cámaras nacionales y federales” que se hizo en Chaco. Reclamó “algo más que buenos gestos” en pos de “revertir la emergencia judicial aún más en tiempos de pandemia”.

El Consejo tendrá el martes una reunión virtual entre algunos consejeros de la comisión de labor, donde podrían definirse próximos pasos.