Piden prisión preventiva para los policías imputados por el asesinato de Espinoza

La fiscal que investiga el crimen de Luis Armando Espinoza, el trabajador rural asesinado por un grupo de policías en la localidad tucumana de Simoca y cuyo cadáver fue arrojado en Catamarca, pidió la prisión preventiva para 10 de los 11 detenidos por el hecho, 9 de los cuales son policías. 

La representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que los acusados realizaron “un despliegue importante para hacer desaparecer el cuerpo y que nunca fuese encontrado”. Para la fiscal de Monteros, Mónica García de Targa, la cantidad de pruebas contra los nueve policías y dos civiles detenidos es “inmensa”, por lo cual remitió al juzgado de instrucción Mario Velázquez el pedido de prisión preventiva, para que el grupo siga preso.

Los detenidos por el crimen de Espinoza están acusados como coautores de “privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada” respecto de peón rural de 31 años, delitos que tienen la pena de prisión perpetua. Además, la fiscal los imputó por la “privación ilegítima de la libertad” de Juan Antonio Espinoza, hermano de la víctima, quien estuvo “esposado” y “no se le permitió ver qué pasaba” con el hombre asesinado. “Se le negó información sobre lo que le pasaba con el hermano, por eso estamos en el concepto de ‘desaparición forzada’ que prevé esta actitud del Estado, que en este caso está representado por los funcionarios policiales”, sostuvo García de Targa.

El pedido de prisión preventiva alcanzó al subcomisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales, y los efectivos Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya. También se incluyó a Fabio Villavicencio (vigía ciudadano), mientras que un pedido similar se hará en los próximos días para Álvaro Gónzalez, hermano de González Rojas, el otro detenido que no pertenece a la fuerza policial, ya que el plazo para realizar el pedido al magistrado vence el próximo lunes. Para los acusadores, la situación procesal de los efectivos se complicó por tratarse de miembros de la seguridad del Estado y porque “ocultaron el cuerpo y negaron información sobre el paradero” del trabajador rural asesinado. García de Targa añadió que la figura penal que prevé el delito imputado es “muy importante” y a criterio de la fiscalía es lo que “corresponde para este accionar realmente increíble de todo el personal policial”.

En declaraciones periodísticas la fiscal aseguró que de acuerdo a las pruebas producidas hasta el momento, diez de los detenidos “habrían intervenido en la desaparición y muerte” de Espinoza, mientras que el onceavo es alguien que “accedió a traer algunos elementos hasta el lugar con un vehículo”, como “una bolsa que utilizaron para colocar” el cadáver de la víctima. “Es un hecho muy complejo, todos cumplieron roles que ya están definidos, y la fiscalía tiene probado que el cuerpo fue trasladado hasta la comisaría de Monteagudo y que desde allí fueron cuatro personas las que lo llevaron a más de cien kilómetros, cruzando el límite con Catamarca”, agregó. “Más allá de la intención o no de matar, tenemos el resultado muerte” y que “hubo toda una actividad y un despliegue importante para hacer desaparecer el cuerpo y que nunca fuese encontrado”, aseguró la fiscal.

García de Targa precisó que uno de los policías involucrados “había prestado servicio en esa zona (Catamarca), era conocedor del terreno y probablemente conocía a las personas que trabajaban ahí”. A criterio de la fiscal, “la cantidad de prueba es inmensa, estamos terminando de procesarla, pero la causa continúa porque todavía tenemos muchas pericias para hacer como el análisis de los teléfonos celulares, una cantidad que lleva su tiempo, no todas son de producción inmediata como la autopsia o el proyectil que se extrajo del cuerpo de la víctima”, concluyó.

Espinoza fue atacado el 15 de mayo último por la Policía durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, en la ciudad tucumana de Simoca, y su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño, adonde fue arrojado por un barranco envuelto en bolsas de plástico.

Los resultados de los peritajes realizados en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) determinaron que la bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de un arma reglamentaria Jericho calibre 9 milímetros que pertenece al oficial José Morales y que fue secuestrada en el marco de la causa. Sin embargo, desde la fiscalía aclararon que resta determinar si el disparo lo realizó Morales u otro de los detenidos por el crimen. Los investigadores consideran que Espinoza aún estaba vivo cuando los policías tucumanos comenzaron a manipular su cuerpo, antes de intentar hacerlo desaparecer. 

La fiscal García de Targa cree que los policías actuaron de civil y sin las identificaciones, y entiende que retuvieron a Juan Antonio, y arrastraron hasta un monte cercano el cuerpo de Luis Armando, que presentaba escoriaciones en el estómago. “Lo hicieron sin saber si se encontraba con vida, privándolo de recibir asistencia médica”, planteó la fiscal. Según su teoría, “ante el grito desesperado de Luis Espinoza para que dejen de golpear a su hermano, Morales apuntó con su arma reglamentaria marca Jericho a la humanidad de Luis, que se encontraba a una distancia de unos 10 metros aproximadamente y, con claras intenciones de causarle su muerte, realizó un disparo directo que impactó en el espacio intercostal izquierdo de la víctima”.

Otro hecho irregular consiste en que la Fiscalía de Instrucción del Centro Judicial de Monteros señaló que a las 20:00 del día en el que se cometió el crimen -el 15 de mayo pasado-, María Soledad Ruiz, Thalia Yudith y Claudia del Carmen Espinoza, todos parientes de la víctima, se presentaron en la comisaría de Monteagudo para averiguar el paradero del peón rural asesinado. Allí fueron atendidos por Salinas y González, quienes habían participado del crimen, pero les ocultaron todo al decirles que no podían recibirles la denuncia hasta que no transcurrieran 72 horas.

En tanto, el ministro de Seguridad Claudio Maley se reunió con tres hermanos de Espinoza y con su viuda, Soledad Ruiz. “Esperamos que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias”, dijo Maley a la prensa.