Peru: tímida disculpa de Boluarte por la represión   | La presidenta volvió a decir que no va a renunciar y criticó a los manifestantes

Página 12 en Perú

Por Carlos Noriega 

Desde Lima

Después de varios días de silencio encerrada en Palacio de Gobierno en medio de una crisis que se agrava con protestas antigubernamentales que crecen y una represión que suma muertos, la presidenta Dina Boluarte reapareció en la noche del viernes. “No voy a renunciar”, señaló en un mensaje al país, en respuesta a las masivas movilizaciones y las voces que se suman demandando su renuncia después de más de cuarenta muertos por la represión gubernamental. En un gesto para intentar bajar la indignación popular por las muertes de la represión, pidió perdón, pero lo hizo sin reconocer excesos en la represión. “Sin en algo nos hemos equivocado, pido disculpas”, dijo. Acompañó esas tímidas disculpas con la repetición de acusaciones contra los manifestantes, a los que calificó de “violentistas y radicales”. Relacionó las protestas con “sectores extremistas” y las atribuyó a “azuzadores”.

Un pobre discurso

Fue un discurso que difícilmente contribuya a apaciguar el desborde de indignación popular, que estalló en el sur andino después de la destitución y encarcelamiento en diciembre del expresidente Pedro Castillo, y que se viene extendiendo al resto del país, incluyendo Lima. La renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones para este año -programadas para abril de 2024- son demandas centrales de las protestas. Página/12 consultó con tres analistas sobre la crisis que remece el país. ¿Por qué ha estallado el Perú en este desborde de indignación popular?

“La gente se está movilizando por el maltrato a Castillo, los asesinatos que se han producido y la miseria que están sufriendo y que ya llegó a su límite. Hay una ira acumulada y contenida por siglos por el maltrato de la elite limeña al campo y al mundo andino. La identidad de Castillo con la gente de las zonas andinas, del campo, es muy fuerte, más fuerte que los errores de su gobierno y que no haya implementado las promesas de cambio. No es que las movilizaciones pidan que vuelva Castillo, si no que ven en el maltrato, el desprecio a Castillo por parte de la elite limeña, el maltrato y desprecio que ellos mismos han venido sufriendo por siglos. Lo nuevo es que ahora han dicho basta ya”, señala el sociólogo y profesor universitario Sinesio López.

El historiador Nelson Manrique, profesor de la Universidad Católica del Perú, precisa que “hay una continuidad geográfica en la insurrección de Túpac Amaru (contra la colonia española en el siglo XVIII) y las poblaciones que votan por candidatos con cierto perfil étnico que se identifica como indígena, como Castillo, esa zona geográfica es el centro de estas protestas”. Señala que “se reconoce la corrupción y el nombramiento de incapaces en el gobierno de Castillo, pero hay una actitud de desprecio, de racismo terrible contra esa región del sur andino, que ha sido tradicionalmente marginada, que ha convertido a Castillo en un elemento simbólico importantísimo. La gente que ahora protesta votó por Castillo como uno de ellos y ha visto como fue sometido a una despiadada cacería desde que triunfó en la segunda vuelta, como antes de llegar al poder ya estaban organizados para ver cómo sacarlo del gobierno. Otras razones de este estallido son el desprestigio del Congreso, de la clase política y del sistema de representación”.

Para el sociólogo y analista político Alberto Adrianzén “hay demandas embalsadas que se están expresando ahora”. Coincide en que la identificación de las poblaciones andinas con el destituido expresidente Castillo es fundamental en estas protestas. “No se había tomado conciencia de la fuerza de esa identificación. El voto por Castillo fue sociológico, identitario, antes que político, lo que hace que la persona que emite ese voto sienta que simbólicamente está presente en el poder, ahora sienten que los han sacado del poder y han salido a protestar”. Pero agrega que los cuestionamientos a la legitimidad del nombramiento de Boluarte como presidenta es otro elemento central que gatilló las protestas. “Castillo intentó dar un golpe de Estado y por eso fue destituido legalmente con los votos de la derecha y la izquierda, pero después un sector de la izquierda comenzó a retroceder y abrió el espacio para decir que Boluarte es una golpista, un gobierno ilegal, ese quiebre de legitimidad es un factor para la protesta”.

Un gobierno represivo

Adrianzén califica al régimen de Boluarte como “un gobierno represivo de derecha y prisionero de la ultraderecha” y señala que “una represión excesiva y una respuesta poco política ha alimentado las protestas contra el gobierno”. Opina que Boluarte se ha aliado con la derecha “porque la izquierda desde los primeros días la acusó de golpista cuando no lo era y le quitó apoyo, poniéndola en manos de la derecha”.

López y Manrique coinciden en el calificativo de “gobierno represivo de derecha”. López afirma que la alianza de Boluarte con la derecha se explica porque “Boluarte pensó que si tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas y de todos los poderes fácticos no iba a pasar nada, iba a asustar a la gente. Se equivocó. Estamos frente a un gobierno autoritario dispuesto a todo, que cree que matando y ‘terruqueando’ (expresión que define acusaciones falsas de terrorismo) va a contener a la gente. Al contrario, eso la ha enardecido más”.

Para Manrique, con la magnitud que han alcanzado las protestas antigubernamentales, la renuncia de Boluarte es en este momento un paso necesario. “Con cerca de cincuenta personas muertas en apenas un mes de gobierno es insostenible que esta persona siga al mando del país. La salida de Boluarte es el punto en el que están de acuerdo todos los sectores movilizados. Su renuncia es necesaria e inevitable, creo será forzada en el corto plazo”.

López coincide en la necesaria salida de Boluarte. “Hay demasiada ira contra ella, ya no puede mantenerse, la gente no acepta que se quede. Es indispensable la salida de Boluarte, que no sabe qué hacer”.

En este punto, Adrianzén discrepa con los otros dos analistas. “Antes que la renuncia de Boluarte, lo que debe darse es el adelanto de elecciones para octubre de este año, el cambio del gabinete ministerial ahora encabezado por alguien (Alberto Otárola) que es durísimo y no entiende lo que pasa, y el anuncio de una consulta ciudadana sobre una Asamblea Constituyente”.

La sucesión

Una eventual renuncia de Boluarte abre el problema de que la sucesión en la presidencia le correspondería al titular del Congreso, José Williams, un general retirado acusado de violaciones a los derechos humanos que representante de la ultraderecha. Williams tendría que convocar elecciones para este año, pero la transición y el proceso electoral se darían con la derecha controlando el Ejecutivo y el Congreso. Frente a este riesgo, se propone que también renuncie la mesa directiva del Congreso para que se busque una figura que genere un mínimo de consenso para reemplazar a Boluarte.

Adrianzén opina que la derecha que controla el Congreso no aceptará eso. Manrique y López estiman que la presión popular obligará a la derecha a aceptar que también renuncie Williams. “El poder no es el arma, el poder es el número organizado y movilizado de ciudadanos. Si las protestas toman masivamente Lima, a la derecha no le quedará otra opción que ceder. Lima ya se está moviendo.”, dice López.

Los tres analistas coinciden en que las acusaciones del gobierno y de la derecha que sindica como terroristas a manifestantes y señala que detrás de las masivas movilizaciones hay azuzadores como el expresidente de Bolivia Evo Morales, no tienen ningún sustento.

El viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el Perú señaló que las autoridades deben asegurar una investigación imparcial por las muertes durante las protestas y sancionar a los responsables.