Desde Lima
Este martes la democracia peruana se juega una jornada clave. Ese día, la extrema derecha buscará aprobar en el Congreso un pedido para iniciar un proceso sumario contra el presidente Pedro Castillo, que asumió hace sólo cuatro meses, para destituirlo del cargo. Se alega una supuesta “incapacidad moral permanente” del maestro rural y sindicalista cuya sorpresiva victoria electoral llevó a la izquierda al gobierno y remeció a los grupos de poder y la derecha, que ahora buscan su caída. Tres bancadas de extrema derecha, entre ellas el fujimorismo, promueven el golpe parlamentario, con importante respaldo mediático. Estos sectores intentaron desconocer el triunfo electoral de Castillo sobre Keiko Fujimori, no pudieron y desde el primer día de su gobierno han maniobrado para sacarlo de la presidencia.
Se necesita 52 votos, el 40 por ciento de los 130 legisladores del Parlamento unicameral, para darle luz verde al debate de la moción de vacancia (destitución) del presidente por “incapacidad moral”. Si se alcanzan esos votos, Castillo enfrentará en los siguientes días un proceso sumario que duraría unas dos semanas y que no pasa por las instancias de un juicio político. El ambiguo cargo de “incapacidad moral” da para ser interpretado como los intereses de los legisladores determinen. Se requieren dos tercios de la cámara, 87 votos, para concretar el golpe que promueve la extrema derecha. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 55 por ciento se opone a una posible destitución de Castillo, quien ganó la presidencia con el 50,12 por ciento.
Los últimos cálculos revelan que los golpistas tienen buenas posibilidades de pasar la barrera de los 52 votos para llevar a Castillo al Congreso y someterlo a un proceso de destitución. Las tres bancadas que promueven el golpe suman 43 votos y tendrían el respaldo de legisladores de otros grupos de derecha. No alcanzar esos 52 votos significaría un rotundo fracaso para los golpistas. Analistas coinciden que si se llega a abrir un proceso de destitución, es difícil que se alcancen los 87 votos para concretarla. Pero la política peruana ya ha demostrado su vocación por los resultados inesperados. El partido oficialista Perú Libre (PL) y sus aliados progresistas de Juntos por el Perú suman 42 votos, solo dos menos de los 44 que necesitan para neutralizar una destitución de Catillo. A ellos se sumarían tres votos del centrista Partido Morado, que ya se han pronunciado en contra de la destitución del presidente. Pero parlamentarios del sector considerado de extrema izquierda de PL, encabezado por su secretario general, Vladimir Cerrón, que se ha distanciado de Castillo acusándolo de haberse moderado, no han rechazado la conspiración golpista y han dicho que están “evaluando” la postura que tomarán, dejando así abierta la posibilidad de respaldarla, lo que sería un suicidio.
Hace un mes, 16 legisladores de PL votaron con la derecha en contra del voto de confianza al gabinete ministerial. Cuatro bancadas de centro derecha y derecha, que suman 41 votos, se expresaron inicialmente en contra de la vacancia, pero con el pasar de los días varios de sus legisladores han ido cambiando de posición y no hay seguridad de cómo votarían estas bancadas.
Reuniones con los partidos
En un intento por neutralizar el golpe parlamentario, Castillo ha comenzado reuniones con los líderes de los partidos. Las bancadas de extrema derecha promotoras de su destitución han rechazado el llamado al diálogo, las otras lo han aceptado. Esas reuniones comenzaron el viernes y continúan este lunes. Después de hablar con el presidente, hubo declaraciones de dirigentes opositores a favor de “la gobernabilidad y la democracia”, pero han sido intencionalmente ambiguos al momento de comentar cómo votarán sus bancadas.
“Incapacidad moral”
La derecha acusa de “incapacidad moral” a Castillo por supuestamente haber presionado para el ascenso de cinco militares, que no fueron ascendidos, una acusación hecha por dos generales luego de ser pasados a retiro y que está en investigación; por una denuncia de financiamiento ilegal de la campaña de PL, que también está en investigación, en la cual no está incluido Castillo; las movidas de su exsecretario Bruno Pacheco -a quien en una intervención fiscal se le encontraron 20 mil dólares en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno- a favor de algunas empresas ante las autoridades tributarias, quien ya fue separado de su cargo; por una supuesta relación con el “terrorismo” de funcionarios del gobierno, una imputación en la línea de la recurrente acusación que sin pruebas suele hacer la derecha contra la izquierda; a lo que se suman afirmaciones tan absurdas como calificar de “incapacidad moral” el reestablecer relaciones diplomáticas con Venezuela.
Errores del gobierno, denuncias comprometedoras y reacciones tardías, debilitan a Castillo en medio de esta grave crisis. En los últimos días la situación del mandatario se ha complicado luego que un programa de televisión revelara que el presidente mantenía reuniones por fuera de la agenda oficial en una casa en el barrio popular de Breña, una vivienda prestada por un amigo en la que vivió durante la campaña electoral y despachaba antes de asumir el cargo. El caso ha dado lugar a que se hable de una “agenda paralela” y de “reuniones clandestinas”. Muchas de esas reuniones han sido con ministros y congresistas, encuentros que no tienen nada de extraño ni sospechoso, aunque se cuestiona que se hayan dado al margen de la agenda oficial, pero una de esas citas en la casa de Breña fue con una empresaria relacionada a un consorcio que ha ganado una licitación para construir un puente. Esta es una reunión que compromete a Castillo y sobre la que no se ha dado una explicación. El presidente ha admitido haber cometido errores, pero ha negado estar involucrado en actos de corrupción.
La figura de la destitución sumaria del presidente por “incapacidad moral” ha sido fuente de inestabilidad en los últimos años. Por esa razón cayó Pedro Pablo Kuczynski -PPK-, quien se libró de un pedido de destitución en diciembre de 2017 -un año y cuatro meses después de haber asumido la presidencia-, pero tres meses después renunció cuando se consideraba seguro que perdería un segundo pedido de destitución. Su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido en noviembre de 2020, dos meses después de haber zafado de un primer pedido para sacarlo de la presidencia por “incapacidad moral”. La destitución de Vizcarra gatilló masivas protestas en rechazo a lo que se calificó como un golpe parlamentario, y su reemplazante, el legislador de derecha Manuel Merino, tuvo que renunciar solo cinco días después de asumir la presidencia. Ahora, otra vez aparece la amenaza del golpismo parlamentario y de la inestabilidad, y vuelve el recuerdo de las protestas en las calles y la brutal represión como un riesgo de repetición si se consuma otro golpe desde un Congreso que tiene 75 por ciento de rechazo.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/387186-peru-la-ultraderecha-promueve-el-golpe-parlamentario-contra-
