PASO 2021: Denuncian al Gobierno porteño por uso ilegal de datos personales

“Me llamaron para preguntarme a quién voy a votar. Me hizo ruido que pidieran por mí, con mi nombre. Cuando les pregunté de dónde habían sacado mis datos, me dijeron que de la guía, ¡pero mi número no figura en guía!”. “A mí me llamaron al celular. Me dijeron que era un número marcado al azar. Pero sumaron que María Eugenia Vidal iba a estar en Caballito, ¿y cómo saben que vivo en Caballito, si es al azar?”. “Yo había llamado al 147 para saber dónde hisoparme en mi barrio. Agendé el número como ‘hisopado’, por si tenía que hacer otra consulta. A los dos días recibí un llamado de ese mismo contacto diciendo que ‘María Eugenia’ iba a estar cerca de casa, y me invitaba a tomar un café con ella”. “Me llamaron para decirme que Diego Santilli iba a hacer un zoom para Tres de Febrero. Les pregunté cómo saben dónde vivo, respondieron que era un llamado aleatorio. ¿Y justo acertaron con el lugar donde vivo?”.  

Los testimonios de vecinos y vecinas que denuncian que el Gobierno de la Ciudad estaría utilizando ilegalmente datos personales, y también fondos públicos, para la campaña electoral, se acumulan. Como relevó Página/12, todo apunta a la información obtenida a través de la línea oficial 147 por una cantidad de trámites, incuida la vacunación –con datos especialmente sensibles, como son los de salud–. La reciente denuncia de trabajadoras del call center de la línea 147 –gestionado por la empresa GIV SRL, que en marzo obtuvo una millonaria ‘ampliación del objeto del contrato’ sin licitación de por medio– corrobora las sospechas. 

Uniendo estos testimonios, decenas de personas que sienten violada la privacidad de sus datos personales realizarán una denuncia colectiva este martes. Serán patrocinadas por abogades de la Defensoría de Laburantes, una organización que ya asumió la defensa de las trabajadoras del 147 por precarización laboral. La denuncia se suma a la que ya presentó el lunes, citando el comunicado de la Defensoría y notas periodísticas, el abogado precandidato a diputado por Aptitud Renovadora Juan Pablo Chiesa, por extorsión y malversación de caudales públicos, que quedó a cargo del juzgado de Luis Rodríguez.

La denuncia colectiva

“Le pedimos a la Justicia que investigue qué hizo el Gobierno de la Ciudad con los datos privados de las personas, si los protegió y cómo. También si existen delitos contra la administración pública; si la empresa GIV SRL, contratada con fondos públicos, está cumpliendo tareas para la campaña, y si entonces se trataría de financiamiento ilegal de campaña“, enumera los posibles delitos la abogada Ana Guarriello, quien conversa con Página/12 luego de mantener una reunión con unos cincuenta vecinos y vecinas porteños y bonaerenses, en particular del partido de Tres de Febrero, que aportan testimonios y pruebas coincidentes. Estudian además presentarse próximamente ante la Justicia Electoral. 

El artículo 157 bis del código penal establece penas de prisión de un mes a dos años a quien “ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales”. La ley 25.326 de protección de datos personales, por otra parte, es clara respecto al uso de bases de datos y al consentimiento expreso que deben prestar los y las ciudadanas para recibir publicidad de cualquier índole.

El órgano de aplicación de esta ley en la Ciudad es la Defensoría del Pueblo, que a través de su Centro de Protección de Datos Personales ya recepcionó denuncias en este sentido y elevó un pedido de informes al Ejecutivo. Según la misma ley, por otra parte, todas las bases de datos tienen que estar registradas. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública –actualmente acéfala–, es el órgano que recibe esa inscripción.

Convenciendo jubilados

Al cruzar ambas denuncias –la de las trabajadoras que manifiestan que las hacían hacer campaña desde el 147, y en condiciones de precarización laboral, y las de vecinos y vecinas que cuentan que recibieron esos llamados– surgen no sólo coincidencias, también detalles inquietantes. 

Por ejemplo, las trabajadoras coinciden en que no marcaban los números: les “caían” junto a la información personal de la persona a la que debían “convencer”. Allí figuraba el nombre, el lugar de residencia, y también, especialmente, si se trataba de una persona jubilada. A esos “objetivos” –que presumiblemente reciben menos llamadas, tienen más tiempo, están más solos– les apuntaban especialmente, y sobre ellos exigían mayor “rendimiento”.