Fueron capaces de colocar bolsas mortuorias con nombres de funcionarios, colgadas de las rejas de la Casa Rosada durante una pequeña manifestación. Fue el colmo y fue tolerado –que esta columna sepa– ya que no se les aplicó ningún castigo previsto por la Ley 23.077, de Defensa de la Democracia y que el Senado, por unanimidad de todos sus miembros presentes, convirtió en ley en la noche del jueves 9 de agosto de 1984.
En el articulado de esa ley constan diversas penalidades para quienes amenacen la institucionalidad y la paz, algunas de hasta 25 años de prisión. Esa ley anuló las disposiciones represivas de la dictadura, reformó el Código Penal y dispuso prisión para quienes “se alcen en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos e impedir el libre ejercicio de las facultades del Gobierno”.
Hoy es evidente que estamos rodeados de sujetos que gritan todo el tiempo en contra de las instituciones, el Gobierno, la sanidad pública y –fanatizados y desafiantes– se han ido convirtiendo en cada vez más peligrosos. Y aunque no alzados en armas –todavía– en muy violentos.
Y es que el discurso negacionista viene teniendo una enorme difusión y eso es grave. Gravísimo. Porque atenta contra la esperanza, la buena voluntad y el ánimo fraterno que anida en el pueblo argentino, cuyo espíritu de paz y de trabajo es claro y contundente. Como se ve en estos días en las olimpiadas de Tokyo y más allá de los magros resultados. Son símbolos de esperanza, orgullo y unidad que los discursos de odio y resentimiento están quebrando día a día y con peligro para la paz social.
Los mentores de la violencia antidemocrática buscan rebajar la trascendencia histórica de los organismos de Derechos Humanos y sus luchas ejemplares. Muchos de estos fanáticos autoritarios son, además, mayoritariamente antivacunas además de ignorantes y prepotentes. Van en contra no sólo del sentido común, sino, lo que es mucho más grave; en contra del sistema político constitucional, que guste o no es el que tenemos y hay que respetar independientemente de que muchos impulsemos reformas profundas.
La gritería negacionista de los nostágicos del Terrorismo de Estado, muchos de ellos viejos canallas indultados o en relajados regímenes domiciliarios, viene prendiendo con una velocidad e impunidad que urge detener. De cuajo y en profundidad. Y no sólo porque costó mucha sangre recuperar la democracia y restablecer tres valores fundamentales para convivir –Memoria, Verdad y Justicia– sino también porque el símbolo sagrado que son los 30.000 desaparecidos seguirá siendo una luz en la reconstrucción de este país.
Lo que ha hecho el candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, al citar a dos figuras políticamente desprestigiadas como el Sr. Lopérfido y la Sra. Fernández Meijide, y sosteniendo como ellos que “ese número 30 mil se originó para llamar la atención de los europeos”, es lisa y llanamente una barbaridad. Esta columna quiere creer que fue una calentura impensada, pero su demora en corregirse hace pensar que, en efecto, lo único que busca es un rédito político cortoplacista y reprochable, vinculado a las acostumbradas bravatas machistas de la ex ministra Bullrich y los desatinos tuiteros de la candidata Ajmechet respecto de Malvinas, su amor a Inglaterra y la tragedia de La Noche de los Lápices.
El negacionismo, además de revanchismo tardío, viene instalando en el debate público la validación de una estrategia de búsqueda de rédito electoral que se dirige a los sectores más retardatarios, desinformados y deformados por el sistema mentimediático. Ese discurso delata la pobreza conceptual de sus dirigentes, tanto de los que desde hace rato propagandizan su odio como el de quienes hacen silencio cómplice creyendo –-ilusos– que sabrían contenerlos en caso de exabruptos.
El negacionismo de los aprendices de terroristas tiñe ya la campaña electoral y desnuda una verdad peligrosa: al no desautorizarlos, las supuestas “alas moderadas” de Juntos por el Cambio o del radicalismo residual, puede suponerse que la Sra. Vidal y los Sres. Larreta, Zamora, Negri, Cornejo o Manes, en esencia están utilizando supuestas neutralidades para simular que no avalan lo que sí están avalando.
Lo cierto es que ya es hora de detener el abuso de provocaciones y barbarie anunciadas. Y el único modo es responder con toda la dureza de las leyes. Única defensa efectiva que tiene la democracia frente al nazi-fascismo-cambiemita que está envenenando mentes. Diciendo por ejemplo que la “culpa de todo” es del “48% de imbéciles” que votaron al actual gobierno, y expresado con violencia verbal, oral, grafitera y en todas las redes dizque sociales en las que se puede decir cualquier cosa, impunemente y con tal de ser tendencia.
Es de necesidad y urgencia republicanas fijar penas a estas manifestaciones antidemocráticas y protoviolentas. Así, ante esta moda política de practicar el negacionismo vocinglero de resentidos y autoritarios, el Estado debe estar atento por si se pasan de la raya de la democracia y la paz, para, en tales casos, denunciarlos por apología de la violencia.
Se sabe que hay algunos proyectos de ley como el del Senador Alfredo Luendo (FdT, Chubut) que propone modificar el artículo 213 del Código Penal para castigar “con prisión de un mes a un año al que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”. Esa iniciativa –hasta donde conoce esta columna– propone reprimir con “prisión de tres meses a dos años o multa equivalente a uno y hasta cien salarios mínimos” al que públicamente “negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.
También habría otro proyecto de ley de los diputados nacionales Roberto Koenig y Cecilia Moreau, en los que propondrían penas pecuniarias para los infractores negacionistas. Opción que para esta columna es insuficiente, además de que la monetarización desvirtuaría la cuestión.
Como sea, a negacionistas y autoritarios es
urgente responderles democrática y legalmente. Leyes en mano. Y ya verá el país
cómo se encarrilan.
