Para no terminar en los súper

¿Cuánto puede bajar el precio de un alimento con otras cadenas de comercialización? Eva Verde escucha la pregunta, pero demora en contestar: no le gusta dar como respuesta un número. No quiere hablar sólo de precios porque en la compra se ponen en juego muchas cosas más: la calidad nutricional, por ejemplo; o saber quién y cómo produjo un alimento. Es un paquete. Pero ahora la pregunta es por el precio: el de los alimentos de primera necesidad. En el almacén popular donde se hace esta nota venden la mayor parte de esa canasta. Hay aceite, leche, quesos, harina, bolsones de verdura fresca, yerba, fideos, legumbres. Muchos son más baratos que en los locales que abastecen al barrio -los tradicionales chinos y las grandes cadenas de supermercados-, donde después de cada aumento del dólar, por otra parte, los Productos Esenciales se vuelven difíciles de encontrar. Todos estos productos salen de empresas recuperadas o de cooperativas.

Estamos en el partido de San Martín, en una zona donde termina el primer cordón del conurbano y empieza el segundo. Asentamientos como el Costa Esperanza, los barrios Lanzone y 9 de Julio llegan a hacer sus compras a esta calle de doble mano que tiene algo de ruta por su tránsito, pero a la vez está llena de comercios enrejados. La calle se llama Libertador y le da nombre a esta parte del distrito. San Martín fue (todavía es) un municipio de trabajadores industriales. Tiene por ejemplo el segundo polo textil del país y muchas PyMEs, aunque toda su industria fue golpeada por los cuatro años de gobierno macrista. Dentro del partido hay al mismo tiempo zonas de pobreza estructural que existen desde antes que esta crisis. En términos de consumo, el volumen de San Martín es enorme: en el municipio viven 500 mil habitantes.

El almacén fue abierto como una iniciativa del Frente Darío Santillán la semana pasada, con un acto en el que estuvo el intendente Gabriel Katopodis. Esto mostró los lazos que la intendencia viene tejiendo con los movimientos sociales. Pero en rigor, en los dos últimos años estas experiencias de comercialización se expanden en la ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano, con fuerza propia, aún sin apoyo del estado.

En todo el AMBA se vienen creado círculos de consumo que distribuyen los productos a domicilio, hay compras comunitarias, nodos de distribución de verduras, ferias, incluso se abrió un mercado distribuidor de verduras, mayorista. Estas cadenas de comercialización alternativas apoyan un pie en las redes sociales (ya que usan facebook e instagram como medios de difusión ) y el otro en el territorio, con ferias o locales.

El traslado del aumento del dólar a las góndolas del supermercado los vuelven en estos días más visibles, porque sin plata en el bolsillo no sólo los sectores populares, sino también la clase media busca mejores precios. El tema de fondo que ponen sobre la mesa es la seguridad alimentaria. Cómo poner en la mesa familiar, todos los días, el almuerzo y la cena, completos, con proteínas e hidratos de calidad. Sin que la comida sea rehen del mercado.

La seguridad alimentaria podía sonar hasta hace poco como un tema exótico para la agenda política argentina. Sin embargo, hoy más de cinco millones de argentinos no tienen garantizado el acceso a la canasta alimentaria. Los precios de los alimentos subieron desde 2016 el doble que el salario mínimo y vital (ver aparte).

La producción Mónica Orellana es una de las vendedoras del almacén de Libertador al 7037 e integrante del Frente Darío Santillán, al que pertenece el MeCoPo, una red formada por 12 almacenes y 20 círculos de compra que distribuye productos de cooperativas y empresas recuperadas, sin sobreprecios.

En el almacén ofrecen marcas que no logran llegar a los supermercados: yerba de cooperativas de Misiones (Las Tunas), leches y quesos de empresas recuperadas (7mo Varón y Bandolero, de la Cooperativa El Amanecer). Azúcar , miel, harina (del molino recuperado de Saladillo), legumbres, aceite de oliva y de maíz, pastas, dulce de leche. Juguetes artesanales y productos de herrería (de las cooperativas del FPDS), jabón de tocador y productos de limpieza.

Dos veces por semana, además de atender el mostrador, Mónica y sus compañeras arman bolsones de verduras que sacan a la venta aprovechado el camión que recorre los barrios la garrafa social. El camión va entregando las garrafas en esquinas predeterminadas y de paso ofrece la verdura, que es más barata porque la adquiere el municipio, al por mayor, con un fondo específico y comprandole a productores de la agricultura familiar (de la UTT y otras cooperativas de quinteros). El MeCopo hace el trabajo de fraccionamiento y venta, y lo recaudado vuelve al fondo para su reinversión. Las verduras se venden como pan caliente.

“El cuello de botella de toda la producción de la economía popular es la venta. El Mecopo es la alternativa que tenemos para darle salida a lo que hacemos”, explica Mónica. Los productos de la economía popular también son ofrecidos en ferias. Se venderían en los supermercados si se sancionara la ley de Góndolas, cosa que aún no sucedió. Al centro comunitario del Frente Darío Santillán en en el asentamiento de Costa Espernza, también llega la misma mercadería, que los vecinos interesados se pueden acercar a comprar. ¿A qué precios? La estimación de Eva Verde es de un 30 por ciento más baratos.

El Estado

En San Martín funciona un Consejo de la Economía Popular. Es una mesa donde una vez al mes el municipio, la Universidad Nacional (UNSAM), empresas recuperadas, cooperativas y sindicatos discuten sobre la situación en los barrios. Así se desarrollan políticas públicas que se llevan al territorio.

En el primer piso de la intendencia, Oscar Minteguía, secretario de Desarrollo Social, escucha la pregunta. ¿Qué puede hacer el Estado por estas cadenas de comercialización? El despacho de Minteguía está en el primer piso de edificio municipal, enteramente vidriado, que da a la plaza. El secretario cuenta que con el intendente Gabriel Katopodis vienen de una experiencia de economía popular de mediados de los 80 que se llamó SerCuPo, servicio de la cultura popular. “El sistema que teníamos consistía en que un conjunto de familias se organizara para el consumo de productos de la canasta básica en forma conjunta. Sercupo compraba a los pequeños productores del interior; la yerba, por ejemplo al MAM, el Movimiento Agrario Misionero. Las compras se fraccionaban en un galpón, que estuvo primero en Ciudadela y más tarde en La Tablada, y se distribuían barrio por barrio. En su pico máximo el sistema llegó a 115 barrios.”

“Esa experiencia funcionó desde mediados de los ’80 hasta el 89, cuando la hiperinflación nos mató. Es que llegó un momento en que al precio del azúcar no lo sabíamos: el proveedor ponía el precio en el mismo momento en que le dábamos el dinero… La hiperinflación estalló la organización, pero quedó la experiencia. Imaginen que había mil familias organizadas”.

“Cuando empezamos la gestión en San Martín, a finales de 2011, creamos una dirección general de economía social y solidaria, que empezó a construir instrumentos de diálogo con la economía popular e instrumentos de acción gubernamental, como ordenanzas y fondos de créditos”. “Empezamos también a desarrollar programas de comercialización, con ferias. Hoy hacemos 9 por mes, en distintas plazas. En la plaza principal -Minteguia señala abajo, a las amplias veredas que rodean la municipalidad- muestran sus productos más de 250 feriantes y pasan más de 8 mil personas. Todo lo que se vende en la feria es directo del productor al consumidor”.

“Otra pata es tenemos es el compre municipal a empresas sociales, que están anotadas en un registro. Le compramos a 28 cooperativas, tanto bienes como servicios. El poder de compra de un municipio es muy grande, porque tiene que abastecer, por ejemplo, a todos sus comedores”. “Finalmente, en estos días con el Frente Darío Santillán estamos explorando una posibilidad de abastecimiento de insumos básicos para la población, a través del MeCoPo. Lo que buscamos es que haya un paquete de productos básicos que no sean prenda de las tensiones y los vaivenes de la economía. En la línea de lo que dice Daniel Arroyo sobre que somos un país que producimos alimentos para 400 millones de personas: no puede pasar en la Argentina que los alimentos aumenten al valor del dólar”.

El territorio

Para abrir el almacén del Mecopo, el Frente Darío Santillán eligió un local en la calle más comercial de Libertador. Su centro comunitario, la casa en la que Frente hace sus actividades, está a unas diez cuadras de distancia, metida en el asentamiento de Costa Esperanza. Mónica Orellana , la vendedora, conoce el barrio porque vivió muchos años ahí, hasta que se separó del marido.

El centro comunitario es un edificio de dos pisos donde se puede ver el trabajo de la organización: en la planta baja tres personas están preparando la comida del comedor donde diariamente almuerzan los integrantes de las cooperativas, más los chicos y otras familias del barrio. Subiendo la escalera, en el primer piso, funciona un bachillerato popular y una primaria para adultos. Una de las salas de este piso fue convertida en guardería, que hay que cruzar entre niños que van de una mesa a otra, entretenidos en sus primeros dibujos. “Sin esta guardería las compañeras no podrían estudiar ni trabajar”, explica Mónica.

¿No hay cerca escuelas del Estado? Sí, pero su oferta fue recortada por el ajuste que la gobernadora María Eugenia Vidal hizo en los secundarios para adultos, justo en el momento en que desde Desarrollo Social se reformuló los programas de empleo, fijándoles como contraprestación ya no un carácter productivo sino la obligación de completar los estudios. Por eso tuvieron que abrir el bachillerato.

“Estoy orgullosa de todo esto que hacemos”, dice Mónica. Hace 20 años, ella fue una de las vecinas que tomaron estos terrenos sobre los que nació el asentamiento, que desde el comienzo fue un barrio organizado, con trazado de calles en lugar de pasillos. Ahora están asfaltadas. Como integrante de una de las cooperativas del FPDS, en estos meses de suba del precio de los alimentos, Monica va a comer al comedor y así achica sus gastos. Igual que otras compañeros que trabajan en la textil, en la herrería o en el comedor, cobra una salario social de 7500 pesos. Si hay suerte, complementa sus ingresos con lo que venden en las ferias. Mónica hoy está endeudada: le pidió un crédito al Anses para comprarle al hijo los útiles de la escuela técnica donde está cursa el secundario.

En estos pocos metros hay así personas cuidando a los niños, otras gestionando la llegada de alimentos de comedor o preparando la comida, o enseñando en el bachillerato o produciendo en los talleres. Lo hacen como parte de un movimiento que busca de ser reconocido no como organización paliativa de la pobreza, sino en su fuerza económica. Si se les pregunta, aseguran que consumen “prácticamente nada”. Pero no es así.

Seguridad alimentaria I

El Estado tiene una potencia enorme, y cuando trabaja con las organizaciones en forma articulada mucho más, porque tiene no sólo capacidad de compra, retomará después Minteguía, el secretario de Desarrollo Social, en la posterior charla del primer piso de la municipalidad. Algunas anotaciones de esa conversación:

* ”Nosotros en lo que va del año llevamos comprados más de 20 millones de pesos en productos y servicios a la economía popular”.

* ”Tenemos la capacidad de regular ciertos procesos, de intervenir. Por ejemplo, con el financiamiento. Creamos un fondo que lleva otorgados 30 millones de pesos, con más de un 98 por ciento de recupero, a la economía social”.

* El estado municipal puede también ordenar el uso de espacio público para que sea un espacio de intercambio, como con las ferias.

* Hay que impulsar una reflexión y acción con las organizaciones sociales no tradicionales de la economía popular. “Muchos comedores y merenderos dependen de las organizaciones sociales, pero muchísimos otros no, son más barriales, nacen nada más que de la intención de acercarle un plato de comida a un vecino. Sobre esa realidad de contacto diario nosotros podemos trabajar el concepto de seguridad y soberanía alimentaria a partir de ver qué es lo que estamos comiendo y a quién se lo compramos”.

“Porque los productos de las cooperativas -apuntará el funcionario- estuvieron siempre reservados a un consumo más militante. El consumidor no militante tiene que ver que en precio y calidad los productos de la economía popular están mejor, porque no tienen el componente de hacer ganancia a cualquier costo… Nosotros con MeCoPo compramos bolsones de verduras a muy buen precio y calidad de productores del segundo cordón del conurbano, y fruta de otras localidades, y estamos procurando que las familias compren esa verdura y la incorporen a su dieta. Cuando mandamos hortalizas, yogurt o cereales encontramos que había productos que directamente se habían dejado de consumir. Con las verduras hay que mandar recetas y hacer capacitaciones, porque no se vuelven a consumir automáticamente. Todo eso tiene repercusiones sobre la salud”.

* ”Hay un tema de seguridad alimentaria. El año que viene queremos avanzar muy fuerte en esto, asegurar el abastecimiento de insumos básicos para la canasta familiar, que no pueden estar al alberdrío de la puja comercial”.

Pleno empleo

EvaVerde plantea el tema de la concentración en la producción de los alimentos. “En el súper, aunque nos parezca que hay variedad, lo que está en las góndolas sale de un puñado de grandes productoras de alimentos. La enorme cantidad de marcas y envases distintos encubre que en rigor, le estamos comprando a un mercado concentrado”, indica.

Integrante del FPDS, sabe de compras y precios. Tuvo por años un restaurante en el microcentro porteño, que debió cerrar después del cambio de gobierno. Volcó entonces todas sus energías al MeCoPo, del que ahora es una de sus principales impulsoras. Hace el nexo con recuperadas y cooperativas y por eso conoce, ademas qué pasa en los lugares donde el camión carga su compra.

Cuenta por ejemplo que los trabajadores del molino recuperado Sicsa, antes de entrar a esta cadena de comercialización, sólo vendían bolsas de 25 y 50 kilos de harina. Ahora están envasándola por kilo. O que es necesario coordinar la producción de las cooperativas textiles, porque el verano pasado la mayoría se puso a confeccionar shorts pero faltaron remera: una parte de la producción fue invendible.

Sobre el empleo formal todo estos esfuerzos tienen poco efecto. Más que estrategias de generación de empleo, la economía popular está hecha de estrategias de generación de ingresos. Lo que genera es en parte fuerza productiva y en parte fuerza volcada a reproducir la vida -los no reconocidos trabajos de cuidado-.

Se impone una última pregunta. ¿Saben los entrevistados cuando fue la última vez que la Argentina tuvo pleno empleo?

Menteguía conoce la respuesta: a mediados de los ‘70. El secretario plantea que hay que empezar a poner en la balanza “que también genera dignidad el trabajo autogestivo porque sino, parece que sólo el trabajo formal es digno. Esa mirada cala en las políticas públicas orientadas a la economía social, que por ejemplo sí se impulsaron en el gobierno anterior, pero que siempre al final tenían un dejo de paliativo, se pensaba ‘hacemos esto hasta tanto y en cuanto la gente pudiera entrar a la economía de verdad’”. 

Se seguía pensando que la Argentina del pleno empleo era posible con ese paradigma. También es difícil, finalmente, medir los efectos de todo esto en términos de ingresos. Por ahora, lo que sabemos mirar son datos sueltos: La producción horticola de los quinteros llega a precios más bajos a los barrios, donde el consumo de los comedores y las familias les garantizan a su vez el compre de su producción. Las recuperadas lácteas pueden diversificar sus productos. Las cooperativas encuentran canales de venta que en las cadenas de supermercados les están vedados. Todo este movimiento hace más democrática la producción y distribución de alimentos y evita al mismo tiempo que el consumo de los hogares se repliegue, como pasa en tiempos de avance de la pobreza, limitándose al consumo de harinas y azúcares.