Para la Inspección General de Justicia (IGJ), la causa en la que Mauricio Macri acusó a su fallecido padre, Franco Macri, y logró que un juez civil dijera que no tenía nada que ver con dos sociedades off shore en medio del escándalo de los Panamá Papers, fue una farsa montada entre los propios padre e hijo y sus operadores judiciales. Por eso planteó que se debe anular aquella sentencia por el proceso de “cosa juzgada írrita”, que implica señalar que se habría llegado a un fallo en forma fraudulenta, dictado por el juez Andrés Guillermo Fraga en septiembre de 2017. El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, hizo una presentación judicial en la que incluso muestra documentos donde se advierte que el ex presidente y su padre fueron directores en las sociedades “Fleg Trading Ltd.”, registrada en Bahamas, y “Kagemusha S.A”, armada en Panamá.
La denuncia le tocó al juez civil Luis Bournissen y plantea que la sentencia que “mediante la cual se desvinculó totalmente al ex presidente Macri de las sociedades off shore denominadas Fleg Trading y Kagemusha, declarándose que el mismo ‘no fue socio, ni accionista (…), que no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia alguna’, fue redactada con la única intención de crear un blindaje jurídico al mandatario de la manera más rápida, expedita y segura posible”. Lo que sucedió en los hechos, además, fue que con aquel fallo como base Mauricio Macri logró ser sobreseído –por decisión de la jueza Elizabeth Alejandra Paisán– en un expediente donde se lo acusaba de omisión maliciosa y enriquecimiento ilícito ya que nunca había declarado esas empresas en paraísos fiscales. Luego fue desligado de otros. Las off shore en cuestión y su relación con Macri habían salido a la luz en medio de las revelaciones de los Panamá Papers, y fue tema mencionado hasta en medios internacionales.
La denuncia inicial del ex mandatario decía que su padre lo había puesto en una de las off shore sin su consentimiento, pero que de todos modos él no tenía relación alguna con esas sociedades ni había percibido dividendos. Otro de los disparadores de este expediente promovido por el propio Macri, además de la causa por enriquecimiento, era contrarrestar otra investigación que se había abierto en Comodoro Py, por una denuncia del entonces diputado Darío Martínez, que señalaba la sospecha de lavado de dinero y/o evasión, dos actividades clásicas que suelen facilitar las off shore teniendo en cuenta que proveen instrumentos y estrategias para que no se conozca la identidad sus accionistas, directivos, socios, fundadores y administradores.
Blanqueo, evasión, fuga
Los mecanismos de blanqueo, evasión y fuga son un clásico cada vez que empresarios o personajes poderosos de la política aparecen ligados a estas firmas. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal porteña dijo que lavado no había y mandó el expediente al fuero penal económico, donde está a cargo del juez Diego Amarante, que aún investiga algunas maniobras y personas, entre ellos a Gianfranco Macri, por la omisión de declarar una cuenta en Suiza desde donde se habían movido más de 5 millones de dólares. Gianfranco fue quien blanqueó 63,5 millones de pesos ante la AFIP, en una amnistía fiscal del gobierno de Cambiemos, y que reconoció que había sido dueño junto a su hermano Mariano Macri de la off shore BF Corporation SA. La fiscalía quiso sobreseerlo, pero Amarante evaluaba investigar si el dinero era de Gianfranco o alguien que tenía prohibido blanquear por ley (funcionarios, por ejemplo, o el padre). Esta discusión está en la Cámara de Apelaciones. Mauricio Macri había conseguido el sobreseimiento.
Ricardo Nissen, titular de la IGJ (foto: Alejandro Leiva).
Según la denuncia de Nissen, la demanda de Mauricio Macri en el fuero civil fue ideada por el abogado y operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón –hombre clave de la llamada “mesa judicial” PRO– por la que demandaba a su padre Franco, que ya estaba enfermo. El planteo era que no sabía que había sido designado administrador y director de las sociedades “Fleg Trading” y “Kagemusha”. La denuncia resalta que Macri padre llevó como abogado a Jorge Anzorreguy, quien había sido apartado de la causa sobre la identidad de los hermanos Noble Herrera por asesorar simultáneamente a partes con intereses distintos en un mismo juicio. La resolución del juez Fraga, advierte la IGJ, fue en un tiempo récord de nueve meses.
El detalle de las irregularidades
Algunas de las anomalías que señala la denuncia de Nissen y que, a su entender, podrían revelar una sentencia diseñada de manera fraudulenta son:
* Macri eligió el fuero civil, en un caso que debería tramitar en el fuero comercial.
* La demanda no estuvo dirigida a las dos sociedades extranjeras ni sus accionistas mayoritarios o administradores, que permanecieron ajenos al proceso judicial.
* Solo eligió como “un único demandado –su octogenario y propio padre, como ‘dueño’– para que, ‘convenientemente’, adopte una actitud procesal absolutamente condescendiente” con su hijo-demandante. Ni siquiera apeló la sentencia que desligaba a su hijo de las sociedades y que le reconocía que lo metieron de prepo pero nunca se había ganado plata. Los abogados no reclamaron regulación de honorarios.
* Consiguió una sentencia express cuando debió haber “un proceso ordinario”.
* La sentencia “fue ‘a medida’ o ‘ad hoc’, basada en documentos y pruebas unilaterales”, dice la IGJ. Se basa, por ejemplo, en testimonios las mismas personas que diseñan la ingeniería de las off shore y venden el servicio para armarlas en paraísos fiscales.
“Lo cierto es que, de la prueba documental acompañada”, agrega la presentación de Nissen, no surge la ajenidad del ingeniero Mauricio Macri respecto de las sociedades offshore aludidas en el escrito de demanda, sino que, contrariamente a ello y conforme la descripción del propio juez en su exorbitante sentencia definitiva, se encuentra indubitablemente probado” que en 1998 “Francisco, Mauricio y Mariano Macri en su carácter de directores de la compañía (Fleg Trading Ltd) procedieron a designar nuevos directores de la sociedad, a los efectos de llenar las vacantes dejadas por su renuncia. Y, claro está, no se puede renunciar a lo que no se ha sido”. A la vez señala sobre Kagemusha que hay un acta de una junta directiva en la que en 1982 los entonces miembros renuncian y designan a Franco, Mauricio y Gianfranco Macri. “No existen dudas –concluye el pedido de nulidad de la IGJ– a la luz de lo expuesto, que hasta las propias constancias arrimadas en dichos autos por el propio concernido ex presidente Macri prueban exactamente lo contrario a lo manifestado en la sentencia definitiva y a lo afirmado en el escrito de demanda, esto es que el ingeniero Mauricio Macri no fue ajeno a las sociedades Fleg Trading Ltd. y Kagemusha S.A”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/298980-panama-papers-la-igj-denuncio-un-fallo-amanado-para-salvar-a