Otro capítulo de la guerra entre el presidente y el Congreso

Desde Lima

En medio de una grave crisis política por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la pandemia del coronavirus en dramática alza y una aguda crisis económica, el presidente Martín Vizcarra ha tenido que cambiar dos gabinetes ministeriales en solo tres semanas. El último ha sido un cambio obligado, después que el Congreso le negara el voto de investidura al gabinete nombrado el 15 de julio. Fue un duro golpe que el gobierno no esperaba. Cayó un primer ministro cercano al empresariado y ha sido reemplazado por un militar en retiro.

Esta vez legisladores de distintas bancadas han ofrecido su respaldo al nuevo gabinete. No parecen tener alternativa. Tumbarse un segundo equipo ministerial en pocos días y en plena pandemia tendría un alto costo político. Derribado el gabinete anterior, y con el nuevo recién designado, ha bajado, desde ambos lados, el tono del enfrentamiento. Pero la tensa relación entre el gobierno de Vizcarra y el Congreso no se ha resuelto. Es una relación de choques constantes.

Esa historia de choques con el Congreso ha marcado la turbulenta gestión de Vizcarra, que llegó a la presidencia en marzo de 2018 producto de una grave crisis política, cuando el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, ahora en prisión domiciliaria, debió renunciar por cargos de corrupción. Vizcarra pasó de ser un vice sin partido y con poco peso político propio, a convertirse en inesperado presidente.

Se fortaleció con el respaldo popular por su apoyo a la lucha contra la extendida corrupción política -que involucra a los cuatro últimos ex presidentes y altos dirigentes políticos- y se mantuvo en estado de guerra constante contra un descreditado Congreso obstruccionista y desestabilizador, controlado por una mayoría fujimorista. Ese choque de poderes terminó con Vizcarra cerrando, en septiembre de 2019, el Congreso fujimorista, en uso de sus atribuciones constitucionales, luego que éste rechazara un pedido de voto de confianza hecho por el gabinete ministerial. Esta vez ya no tenía esa opción.

Convocó a elecciones legislativas, pero, sin partido, no presentó candidatos. Se esperaba que el gobierno tuviera una mejor relación con el nuevo Parlamento, que asumió en marzo, pero no ha sido así. En medio del desprestigio de la clase política, se eligió un Congreso fragmentado, con nueve bancadas que se reparten 130 curules, sin representación oficialista, con una primacía de pequeños partidos de derecha, y donde el grupo más grande, la centroderechista Acción Popular (AP), apenas obtuvo poco más del 10 por ciento de los votos y 25 bancas.

“Esta última crisis política se ha resuelto con el cambio de gabinete, pero la situación de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso es como la pandemia, va a continuar, y el gobierno va a tener que aprender a convivir con este Congreso. Van a seguir los momentos de tensión, con altas y bajas”, le declaró a Página 12 Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica.

Sobre el tema también opina el historiador y sociólogo Nelson Manrique. “Entramos a una crisis de baja intensidad, que eventualmente puede estallar en una guerra abierta. La crisis sigue ahí”, le dijo a este diario.

En la votación parlamentaria contra el breve gabinete ministerial que por tres semanas encabezó el abogado y experimentado político de la derecha liberal Pedro Cateriano, confluyeron distintas razones. Hubo cuestionamientos de fondo a sus abiertas posturas proempresariales, posición adoptada por la bancada de la izquierda, de ocho miembros, y otros legisladores que suelen votar en esa misma línea. En otros grupos se movieron oscuros intereses particulares. Según diversas versiones, legisladores habrían condicionado su apoyo al gabinete a la destitución del ministro de Educación, Martín Benavides, con el objetivo de tumbarse una reforma universitaria que está cerrando universidades de baja calidad convertidas en millonarios negocios privados que tienen importante influencia en más de una bancada. El condicionamiento no fue aceptado. Vizcarra ha dicho que la reforma universitaria no es negociable y en respuesta ha ratificado en el cargo a Benavides.

El nuevo primer ministro, el general Walter Martos, era, desde octubre pasado, ministro de Defensa. Se convierte en el quinto jefe de gabinete en los poco más de dos años de la gestión de Vizcarra. Su experiencia política se limita al cargo de titular de la cartera de Defensa. Desde que estalló la crisis de la pandemia se ha convertido en uno de los principales voceros del gobierno.

Vizcarra estaba obligado a cambiar al primer ministro, pero podía ratificar al resto del gabinete. Y así lo hizo con la mayoría de los otros dieciocho ministros. Hubo solo cuatro cambios, incluyendo la rotación de Martos, que dejó Defensa. Fueron cambiados los ministros de Trabajo y de Energía y Minas, que habían sido llevados por Cateriano y expresaban con notoriedad su enfoque proempresarial. La cuarta modificación se dio en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Si Cateriano puso el énfasis en la economía, Martos lo va a poner en combatir la pandemia. Es inusual tener a un militar como primer ministro, pero no lo han puesto por ser militar. Se dice que Vizcarra ofreció el cargo a otros, pero no aceptaron. Sin tener mucho para escoger, puso a alguien que ya estaba en el gobierno. No creo que lo militar sea ahora un rasgo del gobierno, sin embargo, eso no significa que Martos no tenga una mirada con una visión de orden, de disciplina, pero hay contrapesos. En el Perú, el primer ministro es el coordinador del gabinete ministerial, pero no es el que gobierna, como ocurre en los regímenes parlamentarios”, señala Tuesta.

Manrique opina sobre el posible efecto del cambio de gabinete en las políticas del gobierno. “El gobierno va a mantener la misma orientación neoliberal, pero creo que luego de la caída de Cateriano, con quien se pretendió profundizar esa orientación, habrá mayor cautela. Lo primero que debe hacer el nuevo gabinete es conversar, negociar, recoger otros intereses que no sean solamente los de las grandes empresas. Espero lo haga”.

La Constitución peruana consagra un sistema mixto, un presidencialismo parlamentario, en el cual el Congreso otorga o niega el voto de investidura a un nuevo gabinete ministerial, y puede censurar ministros o retirarle la confianza a un gabinete en funciones. Como contrapeso, el presidente puede cerrar el Congreso y llamar a nuevas elecciones parlamentarias cuando el Legislativo niega la confianza a dos gabinetes. Es lo que hizo Vizcarra con el Congreso anterior. Pero en el último año de su gestión, como es ahora el caso de Vizcarra, el presidente pierde esa facultad de cerrar el Congreso, el cual sí puede seguir censurando ministros, como ocurrió con el gabinete Cateriano.

“Ahora el gobierno -afirma Tuesta- está a merced del Congreso. Por eso va a tener que negociar, no tiene alternativa”.

Después de presentar su nuevo gabinete ministerial, Vizcarra hizo un llamado al diálogo a la oposición parlamentaria. El nuevo primer ministro se reunió con el presidente del Congreso. Se abrió un espacio para una tregua. Pero es una tregua temporal, parcial, frágil, que podría durar poco.