Operativo macrista a todo vapor | La causa de la “Gestapo” cerca de ir a Comodoro Py

La causa sobre la Gestapo Antisindical está cada vez más cerca de desembarcar en Comodoro Py como quiere el macrismo, que ya logró lo mismo con el resto de los expedientes sobre espionaje. El fiscal subrogante ante la Cámara Federal de la Plata, Diego Iglesias, dictaminó a favor del pedido de tres imputados –el intendente platense Julio Garro, el senador Juan Pablo Allan y el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi– para que deje de investigar el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien ya dictó sus procesamientos por violación a la ley de inteligencia y prevaricato, medida que incluyó a tres exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y también al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, autor de la frase con la que sinceró  su deseo de tener una Gestapo propia “para terminar con los gremios” en la famosa reunión en la sede porteña del Banco Provincia. Iglesias afirma, inclusive, que este caso debería juntarse con el que está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el que la Cámara Federal consideró que los exagentes conocidos como Súper Mario Bros y unos pocos jefes –que espiaban a políticos, sindicalistas, organizaciones sociales, periodistas y hasta referentes eclesiásticos– eran en realidad cuentapropistas. 

La historia de la llamada “Gestapo antisindical” puso al descubierto el armado de causas judiciales contra sindicalistas y la utilización de tareas de inteligencia ilegal para ese fin desde el aparato del Estado cuando gobernaba Mauricio Macri. Lo peculiar y novedoso es que existe un video de la reunión en el Bapro donde se aprecia la planificación de esa fabricación de acusaciones, en particular contra el dirigente de la UOCRA, Juan Pablo Pata Medina, que de hecho terminó detenido tres meses después. La filmación fue hallada en la AFI, por la interventora Cristina Caamaño, y uno de los imputados, el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, confirmó en su indagatoria que el organismo había instalado las cámaras y que él fue enviado a supervisar por disposición de las autoridades. El juez Kreplak dio por probada la existencia de una “estrategia parajudicial para resolver la conflictividad asociada a la actividad del sindicato UOCRA-La Plata, desde los máximos niveles de decisión de los gobiernos nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad de La Plata”. 

En la Cámara Federal de La Plata hay dos cuestiones pendientes. Están apelados los procesamientos de Villegas, Garro, Grassi, Allan, y los exespías Dalmau Pereyra,  Juan Sebastián De Stéfano (exdirector de Asuntos Jurídicos) y Darío Biorci (exjefe de gabinete de la AFI), así como la desvinculación de los empresarios que habían estado en la reunión en Bapro el 15 de junio de 2017. Pero también el tribunal de alzada debe resolver el pedido de algunos de los procesados para que el tema pase a los tribunales de Comodoro Py. 

Tanto la fiscala Ana Russo como el juez Kreplak defendieron su competencia. Pero el fiscal ante la Cámara, Iglesias –designado como subrogante por el procurador interino Eduardo Casal–, discrepó con su colega de primer instancia y se pronunció por mandar la causa a Comodoro Py. Su argumento central es que “si bien parte de los hechos investigados se proyectaron en esta jurisdicción (La Plata) y en la de Quilmes (…) el plan de persecución judicial investigado se habría orquestado y dirigido en jurisdicción territorial de la Ciudad de Buenos Aires, ámbito en el cual también se realizó la reunión celebrada entre los imputados y que fuera objeto de análisis en este legajo”. Para Kreplak la clave es que las causas fueron armadas en jurisdicción bonaerense, e incluso según se desprendía de su resolución, las próximas medidas deberían apuntar a la exgobernadora María Eugenia Vidal, ya que su principal colaboradora figura en la gestión del encuentro en el Provincia, pero también a las viejas autoridades de la AFI, como Gustavo Arribas y también al expresidente Macri, que encabezó al menos una reunión por el “tema Uocra”.   

Iglesias sostiene que el período investigado coincide con el que se analiza en los tribunales de Retiro en otro expediente de gran magnitud que abarca el espionaje a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a múltiples políticos y referentes (incluso macristas) y a exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios detenidos en el penal de Ezeiza. Es el mismo que tramitó en Lomas de Zamora y que tras la pesquisa de la fiscalía de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide derivó en varios procesamientos, incluso el de Arribas. Pero luego sucedió todo lo esperaba el macrismo: la Cámara de Casación lo mandó a los tribunales porteños tras lo cual los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi negaron que hubiera existido una estructura de espionaje, descartaron asociación ilícita y crearon la teoría de los agentes solitarios. Por eso revocaron la mayoría de los procesamientos, menos los de los exespías del grupo de los Super Mario Bros, el de Dalmau Pereyra y del ex director de Operaciones, Alan Ruiz.

Se supone que el juez Martínez de Giorgi está “profundizando” la investigación, ya muy cascoteada. El fiscal Iglesias dice que ahí debe ir a parar todo lo referido a la “Gestapo antinsindical” porque hay imputados comunes también, porque el “Pata” Medina aparece allí como uno de los espiados y porque “dicha investigación posee un objeto procesal más amplio y registra un grado de avance superior al de la presente pesquisa”. A esta altura, y con los antecedentes de los Súper Mario Bros y también de la causa sobre espionaje a los familiares del ARA San Juan, absorbida por Comodoro Py, y donde casualmente un fiscal de Cámara pidió anular el procesamiento de Macri, queda claro por qué el expresidente y su tropa confían en los juzgados de esos tribunales. 

En Comodoro Py ya reclaman la causa de la Gestapo, al hacer lugar a un pedido de De Stéfano, un hombre que conserva mucho poder no sólo por su cargo de director en Subterráneos de Buenos Aires, sino por sus vinculaciones judiciales y políticas. En las elecciones del Colegio de Abogados de Capital Federal funcionó como una suerte de jefe de campaña de la lista ganadora, encabezada por Ricardo Gil Lavedra. El Colegio es querellante, por impulso de su gestión anterior de Gente de Derecho, en la causa de espionaje. La fiscala Russo y el juez Kreplak aún no respondieron al planteo de su colega porteño. Todo indica que la discusión sobre la competencia terminará en la Cámara de Casación Penal Federal, donde hay una mayoría afín a la estrategia “amarilla”.