Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de la serie más grande y dañina de operaciones de Lawfare realizadas en la última década. Se trata de un plan criminal y sincronizado de desestabilización política, que desnuda un profundo deterioro institucional en el país. Los organismos estatales creados para detectar, intervenir y enfrentar actividades de alta criminalidad como esta, han fallado. Tanto la legislación argentina como las agencias respectivas encargadas de su aplicación, cuentan con todos los recursos materiales para una batalla que lamentablemente no se dio, no al menos con una intensidad proporcional a la agresión llevada a cabo por la organización criminal. Si bien desarrollar en detalle las razones de semejantes falencias excederían el espacio de estas reflexiones, es interesante al menos una breve reseña de los hechos.
La ruta fantasma
En lo que hace a la causa conocida como “La ruta del dinero K”, la maniobra comenzó cuando el 8 de abril de 2016 a Leonardo Fariña, entonces detenido con prisión preventiva firme se le reconoció en un Juzgado Federal de CABA la calidad de “testigo protegido”. Se encontraba a disposición de un tribunal federal de La Plata. Ese mismo día, Fariña declaró durante 12 horas en Comodoro Py ante el juez Casanello en un relato guionado para el que se había comprometido a mencionar a Cristina Fernández de Kirchner. Al día siguiente, 9 de abril, el fiscal Marijuan la imputó a la vicepresidenta de la Nación. Cuatro días después, el 13 de abril de 2016 en La Plata excarcelaron a Fariña en lo que puede considerarse una operación de fraude judicial sin precedentes. La moneda de cambio para su libertad y otros beneficios fueron sus declaraciones preparadas para incriminar a CFK y su entorno en delitos inexistentes. Es ilustrativo recordar que el juez que en La Plata se pronunció de manera más favorable a Fariña es el suegro del periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon de notable actividad en esa y otras operaciones de desestabilización política y fraude.
El 28 de junio de 2016 Fariña se reunió con el entonces ministro de Justicia Germán Garavano y le exigió “mejoras” en sus acuerdos espurios a lo que el ministro de Macri accedió.
El 5 de junio de 2023, el juez Casanello sobreseyó a CFK a pedido del mismo fiscal Marijuan que 7 años antes había pergeñado la imputación.
El daño ya estaba hecho y el plan había funcionado.
Vialidad
Como
parte las operaciones de Lawfare, el 29 de abril de 2016 uno de los integrantes
de la banda delictiva de Mauricio Macri, Javier Iguacel, efectuó la denuncia
que dio inicio a la causa conocida como “vialidad” por supuestas
irregularidades en la concesión de obra pública. El encargado de la operación
en Comodoro Py fue el juez Julian Ercolini (corrupción de Lago Escondido),
quien el 12/9/2016 indagó a CFK y el 27/12/2016 la procesó. En noviembre de 2017 los
jueces de la Casación Federal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (Padle y tenis
con Macri), confirmaron el proceso . El 2/3/2018 Ercolini elevó la causa a
juicio oral que comenzó el 21/5/2019. El presidente del tribunal fue el arquero
del equipo Liverpool que jugaba al futbol en la casa de fin de semana de
Mauricio Macri. Los fiscales del juicio, fueron Diego Luciani, jugador del
Liverpool junto al Juez Uriburu y también asiduo de la quinta de Maurizio y Sergio
Mola, vinculado a la mesa judicial macrista. El juicio se extendió durante 3
años en paralelo a las restantes causas inventadas como parte del plan político
de persecución a Cristina. El 6 de diciembre de 2022 la vicepresidenta fue
condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la
administración pública en fallo que aún no se encuentra firme.
Fotocopias
En esos mismos años se puso en marcha otra operación criminal para incriminar a CFK como jefa de una asociación ilícita destinada a cobrar coimas a distintos empresarios. El periodista de La Nación, Diego Cabot, fue el encargado de liderar dicha operación. En declaraciones públicas, relató que a fines de 2017, cuando salía de su casa, se le acercó un vecino de nombre Jorge Bacigalupo, ex policía, que paseaba su perro y que dijo ser admirador suyo y que había leído su libro “Preguntenle a Julio”. Agregó que justo vivía “pegado” a su casa. El 8 de enero de 2018 tomaron un café y allí, el vecino admirador le entregó una caja. La caja contenía 8 cuadernos que Cabot junto a dos alumnos suyos manipularon durante varios meses. Por televisión en la “mesa de Mirtha Legrand”, Cabot relató la entrega de parte de Bacigalupo de los cuadernos escritos por su amigo Oscar Centeno, chofer de un funcionario del Ministerio a cargo de Julio de Vido. Contó Cabot que Centeno se los dio a Bacigalupo para su resguardo.
Puede verse en los registros fílmicos como Mirtha Legrand le interrogaba sobre “qué sentía y si se preguntaba si esos millones de dólares iban a Juncal y Uruguay” [domicilio de CFK] (sic)… Respondió Cabot que “le impactó la doble moral de que mientras había actos en la Casa Rosada, en el domicilio particular de la Presidenta estaban dejando bolsos con dinero…” (sic). Dijo además Cabot: “yo encontré una endija para tener los originales, manipularlos” (sic). Refirió que junto a dos alumnos suyos de la Universidad Di Tella “retipearon todo” (sic). Un dato interesante es que el periodista de La Nación, -diario a cuyas autoridades comunicó de inmediato la tenencia de la documentación-, en lugar de entregar a la justicia los documentos originales, presentó las fotocopias. Sin precedente en la justicia Argentina, y con la precariedad jurídicamente infantil que significan la “fotocopias”, los fiscales Stornelli (procesado penalmente por extorsión) y Carlos Rivolo (actual investigador del atentado a CFK) iniciaron una de las persecuciones judiciales más viles e infundadas de que se tenga memoria. El presunto autor de los escritos, Oscar Centeno, declaró ante la justicia que había incinerado los cuadernos originales. Sin embargo y como el Ave Fenix, el operador Diego Cabot, apareció más de un año después con los originales argumentando que se los había entregado una persona de 60 años, desconocida para él, en una esquina de Vicente López. Ese municipio, gobernado en ese momento por Jorge Macri, informó a la justicia que se habían “borrado” los registros fílmicos de esas cuadras.
Hace pocos días, se conoció una fulminante pericia de la que surge que de los cientos de alteraciones de los cuadernos analizados, muchas pertenecen al puño del ex policía amigo de Centeno y admirador de Diego Cabot, Jorge Bacigalupo.
Si se tiene en cuenta que en base a las fotocopias hechas llegar a la justicia por el diario La Nación, se detuvieron y mantuvieron en prisión distintas personas inocentes, la criminalidad de la operación aparece con claridad.
El atentado
Finalmente, en 2022, se produce un hecho trágico vinculado a las operaciones referidas. Diariamente, en esa época, la vicepresidenta de la Nación, al salir de su domicilio -Juncal y Uruguay-, y al regresar de su labor, era esperada por un número creciente de simpatizantes que con alegría se regocijaban con esos contactos. Ese crecimiento exponencial de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, desdibujaba el efecto de las operaciones de Lawfare referidas, y permitía avisorar un contundente triunfo del Frente de Todos en las elecciones 2023. Ahí entonces, se motorizó el atentado. Si bien la tragedia fue infinitamente menor que la que hubiera significado el asesinato de la candidata, el objetivo electoral se cumplió. Cristina ya no interactuó a diario con su gente y con dolor e indignación, emocionalmente proscripta, resignó su candidatura. El encubrimiento judicial y político del atentado es de tanta impudicia, como el resto de las operaciones llevadas a cabo. El objetivo central fue siempre mantener el control del poder real que facilite el saqueo y la impunidad.
El daño esta hecho y el poder, por ahora, está intacto.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/574487-operaciones-cuadernos-y-balas
