Obra pública en Santa Cruz: por qué naufraga la causa en la recta final

El juicio de los juicios, el de la obra pública de Santa Cruz, entra en una larga recta final en la que van a declarar durante septiembre algunos de los principales empresarios de la construcción: Eduardo Eurnekian, el expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner y hasta el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. Todos fueron convocados por la defensa de Cristina Kirchner para que expliquen cómo se manejó la obra pública durante su gobierno. Después vendrán los exjefes de Gabinete, incluyendo al ahora presidente Alberto Fernández, el actual titular de Diputados, Sergio Massa, y todos los que tuvieron ese cargo en el gobierno de CFK. La acusación viene de naufragio en naufragio y apuesta sus últimas fichas a los peritos oficiales, al extitular macrista de Vialidad, Javier Iguacel, y al arrepentido Leonardo Fariña.

Esta semana que termina se cayó una de sus cartas claves, el auditor Alejandro Nieva, que en su momento había dicho que se direccionaron las licitaciones y que hubo sobreprecios; el martes, ante los jueces, no sostuvo nada de eso. Y se produjo una derrota todavía mayor: la Cámara de Bahía Blanca afirmó en un fallo en que revocó el procesamiento de Lázaro Báez que entre el diario La Nación y la AFIP armaron una historia falsa sobre facturas truchas supuestamente vendidas y compradas por el constructor y lo imputaron como jefe de la asociación ilícita que cometía ese fraude. En el medio introdujeron a Juan Suris –otrora pareja de la vedette Mónica Farro– que habría sido socio de Báez en la usina de facturas falsas. La Cámara sostuvo que no se encontró ni una sola factura que vincule a Báez con Suris.

Bahía Blanca

Parte de la historia armada en su momento consistía en afirmar que las rutas ganadas por Lázaro Báez encerraban sobreprecios y que esos sobreprecios se escondían mediante una usina de facturas falsas generadas en Bahía Blanca. Todo reflejaba el modus operandi del macrismo: no hubo pericia ni respecto de las obras ni respecto de las facturas. Por ejemplo, se decía que era falsas las facturas de las empresas a las que Báez y Austral Construcciones le alquilaban parte de las maquinarias. En el proceso judicial de Bahía Blanca se presentaron las certificaciones de obra oficiales en las que constó la utilización de esas máquinas.

Y lo que salió a la luz fue otra modalidad del macrismo: el uso de la AFIP para perseguir. Por ejemplo, la acusación la formuló la delegación Mar del Plata del organismo recaudador, cuando la empresa de Báez tenía sede en CABA y su actividad se realizaba en Santa Cruz. Los propios hombres de la AFIP reconocieron que nunca en décadas se hizo algo semejante: “jamás inspeccioné a un contribuyente que no fuera de mi jurisdicción. Este fue el único caso”.

A esto se sumó otro hecho gravísimo: la AFIP dio por probado el fraude por el que acusaba a Báez ante su falta de entrega de documentación. Pero resulta que el constructor estaba preso y todos los papeles incautados por la justicia.

El remate de los camaristas tiene un tinte dramático. Citando a la Corte Suprema, los integrantes de la Cámara escribieron que “nada se resuelve creando delitos de la nada ni buscando el tipo penal que permita el procesamiento con efectiva privación de la libertad. No es cuestión de satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción sino de aplicar el ordenamiento jurídico sancionando mediante la utilización de los medios legítimos suministrados por el derecho’. En base a todo lo expuesto, corresponde revocar el procesamiento de Lázaro Antonio y Martín Antonio Báez”.

Testigos

Hasta ahora, la totalidad de los que declararon –ingenieros, técnicos, contadores, exfuncionarios de la AFIP, o especialistas en presupuestos del Congreso– desmintieron la acusación. Y el nombre de Cristina Kirchner ni se mencionó. Todos coincidieron que las obras y los presupuestos se votaron en las dos cámaras y las redeterminaciones de precios se hicieron de acuerdo al decreto firmado en su momento por Eduardo Duhalde.

Los testigos que figuran todavía en el listado de los que faltan pasar por el juicio son 51. Eso incluye:

• A los peritos contadores –oficiales y de las defensas– que firmaron de manera unánime el estudio que dice que no hubo sobreprecios y que las redeterminaciones se hicieron como correspondía.
• En la próxima sesión va a declarar una exfuncionaria de la AFIP que en 2007 analizó la primera denuncia contra Austral Construcciones. Por los medios, el órgano recaudador de Comodoro Rivadavia calculó que Báez evadió impuestos por 250 millones de pesos. Las inspecciones y el sumario determinaron que la deuda era de 200.000 pesos.
• Van a declarar 11 empresarios de la construcción, entre ellos Eurnekian, Wagner y Calcaterra. Este último, primo y sospechado de testaferro de Mauricio Macri hasta se asoció a Báez en la licitación por las dos grandes represas de Santa Cruz. Los empresarios son testigos de la defensa de CFK, encabezada por Carlos Beraldi y se apunta a que cuenten cómo fueron las licitaciones. Los funcionarios de Vialidad de la época de Cristina señalaron en su momento que en casi todas las provincias, la mayor parte de las obras las ganaron las constructoras locales, que tienen en cada distrito el personal y la maquinaria y por lo tanto pueden ofrecer mejores valores. A pocas empresas les interesa, por ejemplo, llevar personal y maquinaria a Santa Cruz, a 1.800 kilómetros, con el agregado de que existen enormes dificultades climáticas que hay que saber cómo manejar.
• Luego vendrán los jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Lo que incluye a Alberto Fernández que ha dicho que irá de manera presencial. También están convocados Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y todos los que ocuparon el cargo.
• Las cartas que le quedan a la acusación son esencialmente dos peritos oficiales –incluye a Eloy Bona, aquel que tuiteaba contra CFK–, el extitular de Vialidad, Iguacel, el arrepentido Leonardo Fariña y algún exfuncionario de la AFIP.

Algunos de estos testigos insumirán más de una jornada y, además, las defensas piden que haya declaraciones presenciales en varios casos, no a distancia. Todo indica entonces que el juicio recién terminará en el primer semestre de 2022, cuando se van a haber cumplido tres años desde que empezó. O sea que todo el proceso habría durado seis años. En ese tiempo, del total de 81 tramos de rutas que se hicieron en Santa Cruz, la acusación cuestiona 51, pero como el juez instructor, Julian Ercolini, no hizo ni una sola pericia en cuatro años, el Tribunal Oral número 2 dispuso que ese vacío grotesco se llene ahora. Sin embargo, de entrada, los magistrados sostuvieron que era imposible peritar 51 rutas dado que lleva demasiado tiempo. Por lo tanto, los fiscales seleccionaron cinco, obviamente eligiendo las que creen que tienen más evidencias para la acusación. Tampoco esas cinco pudieron ser peritadas. Al final se analizaron únicamente tres. Así funcionó la alianza político-judicial-mediática alineada con Cambiemos y con domicilio en Comodoro Py.