"Nos toca a nosotros decirle Nunca Más a la manipulación del Poder Judicial"

Por primera vez desde su asunción, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, mantuvo una reunión con referentes de organismos de derechos humanos en la que hablaron sobre la necesidad de avanzar con una reforma del Poder Judicial y de destrabar los juicios por delitos de lesa humanidad. En el encuentro virtual, que duró más de dos horas, los organismos le presentaron al ministro una agenda de preocupaciones vinculadas a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y al funcionamiento de los organismos del sistema judicial, especialmente el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema. Uno de los ejes de la charla fue la causa Blaquier por crímenes durante la última dictadura militar, y que se encuentra demorada en la Corte Suprema hace ya seis años. “Con la misma fuerza que los organismos construyeron el Nunca Más como uno de los pilares de nuestra sociedad, ahora nos toca a nosotros decirle Nunca Más a la manipulación del Poder Judicial”, explicó, al finalizar el zoom, Martín Soria a Página/12. 

“Fue una reunión estupenda. Es un compañero, no hay vuelta que darle”, resumió la referente de Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Taty Almeida. Era el primer encuentro con los organismos de derechos humanos desde que Soria asumió en la cartera de Justicia, por lo que había bastantes expectativas de parte las organizaciones que participaron, es decir: Familiares Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, HIJOS Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Movimiento Ecueménico por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Asociación Buena Memoria, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, APDH La Matanza y, por supuesto, Madres Línea Fundadora. También participó del zoom el  secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. El clima, coincidieron los y las participantes, fue de acuerdo respecto a que una de las prioridades del gobierno debía ser la reforma del sistema de Justicia. “Esto no va a quedar en intenciones, vamos a ir a los hechos”, prometió Taty Almeida. 

“En este primer encuentro compartimos diversas preocupaciones, entre otras, la situación de los juicios por delitos de lesa humanidad, la importancia de recomponer los equipos de investigación ministeriales desmantelados por el Macrismo, la necesidad de desarmar la llamada Mesa Judicial responsable del Lawfare que ocasionó la persecución de referentes sociales y opositores políticos. También tratamos la situación en Jujuy, la violencia institucional y en particular los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado”, sintetizaron en un comunicado que fue firmado por los organismos participantes. A grandes rasgos, los temas debatidos en el encuentro se dividieron en dos: la necesidad de dar una respuesta a las violaciones a los derechos humanos –vinculadas tanto a los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar, como a los casos de violencia institucional durante la democracia–, por una parte, y la necesidad de una reforma judicial, por el otro.  

En el primer caso, los organismos le plantearon al ministro la necesidad de acelerar los juicios de lesa humanidad y de las leyes reparatorias para los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. “Hubo un estancamiento durante el macrismo y la situación todavía se presenta difícil de agilizar. Es una de las deudas pendientes”, contó el integrante de HIJOS Capital, Carlos Pisoni, haciendo referencia al caudal de expedientes demorados luego de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. “El macrismo prácticamente desmanteló los juicios reparatorios para las víctimas de la dictadura. Fue una política de Estado del macrismo. Nosotros tenemos que poner en pie lo que ellos intentaron desmantelar”, indicó, a su vez, el ministro Martín Soria, y destacó que, durante sus dos meses de gestión junto a Pietragalla, se había “duplicado la cantidad expedientes de leyes reparatorias”. A su vez, los organismos se hicieron eco del pedido de la familia de Santiago Maldonado y solicitaron la creación de “una comisión de expertos independientes que pueda darle impulso a la causa judicial”.

Por otro lado, los organismos y Soria coincidieron “en la urgencia de avanzar en la reforma del Poder Judicial, en la recomposición de la Corte Suprema de Justicia y en la sanción de la ley del Ministerio Público Fiscal que actualmente espera ser tratada en Diputados y pondrá fin al interinato de Eduardo Casal”. “Fue muy oportuna la reunión en un momento en el que el lawfare y el Poder Judicial están siendo muy cuestionados por la sociedad”, opinó el abogado integrante de la Liga, Pedro Dinani. Además de apuntar contra la persecución judicial durante el macrismo y por la situación de los presos políticos –un tema que desarrolló más extensamente por la mañana (ver aparte)–, los organismos manifestaron su apoyo al proyecto de reforma del MPF que impulsa el gobierno nacional. “Es importante contar con un procurador que pueda volver a impulsar los reclamos que tenemos los organismos”, indicó Pisoni. “El MPF es un actor clave para perseguir las violaciones a los derechos humanos y que por eso mismo no podemos seguir con la parálisis institucional que fue funcional al macrismo”, sumó Soria.

Finalmente, uno de los grandes temas tocados a la hora de discutir la parálisis y arbitrariedad del sistema judicial estuvo vinculado al estado de la causa que investiga la responsabilidad de Carlos Pedro Blaquier por el secuestro de 29 personas en el ingenio azucarero Ledesma en 1976. En ese sentido, el secretario Pietragalla indicó que “compartimos la preocupación por la demora de la Corte” en expedirse sobre esta causa. Al respecto, los organismos dijeron que “la Corte mantiene sin resolver la causa Blaquier, emblema de la responsabilidad del poder económico con los crímenes del terrorismo de Estado, así como la falta de confirmación de las sentencias a los genocidas quienes alcanzan de esa manera la impunidad biológica. Es la misma Corte que, contrariando la ley, intervino de manera irresponsable avalando las políticas negacionistas del gobierno porteño, invadiendo las atribuciones del Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia”. Es por ello que los organismos concluyen que resulta “imprescindible” reformar la Corte Suprema y el MPF para “garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho”.

El otro encuentro

Dos fueron las reuniones con organismos las que mantuvo el ministro de Justicia, Martín Soria. La primera sucedió en la mañana con referentes de la Liga y el Foro por la Democracia y la Libertad de Presos Políticos para dialogar sobre la necesidad de una reforma del sistema de Justicia. “Se pudo hablar en una lengua que nos permitió entendernos de los lados. Es un ministro que habla de lawfare, que habla de causas fraudulentas, que habla de persecución. Eso nos colocó en un terreno de mucha cercanía”, analizó el presidente de la LADH, José Schulman, luego del encuentro en el que también participaron Francisco “Paco” Oliveira, del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, y la jueza de Justicia Legítima, Marcela Carlomagno.

Además de presentarle dos proyectos de ley que tienen como objetivo tipificar al “lawfare” como delito, los referentes le entregaron una lista “actualizada” de los presos políticos en el país. El padre Paco hizo un particular pedido por las presas en Jujuy, entre las que se encuentra Milagro Sala, aunque, según indicaron los participantes, se buscó “no ir al debate individual, sino al conceptual”. “No esperamos que el gobierno haga lo mismo que nosotros, pero creo de que tenemos un objetivo común, que es resolver los efectos del lawfare y empezar a pensar en grande una reforma judicial”, concluyó Schulman.