Nadie le compra un avión al Gobierno

El Gobierno fracasó el viernes último por tercera vez en su intento por subastar uno de los aviones de Lázaro Báez a pesar de que ya lo rebajó a la mitad de su precio original. El valor de base era de 110.000 dólares pero terminó ofrecido a 55.800. Aún así, nadie lo quiere comprar. Lo que sucede con este ejemplo es que deja en evidencia que el recupero de bienes en casos de corrupción, que fue utilizado por Mauricio Macri para sostener algunas de sus muletillas –como “el que las hace las paga”— no es un proceso automático y está atravesado por problemas prácticos, como la falta de mantenimiento, y discusiones legales. El avión modelo Gulfstream Commander – Rockwell Commander 690 Matrícula LV-MBY que la Administración Nacional de Bienes del Estado (AABE) ofrece, está bastante deteriorado, pero además en el propio organismo hay funcionarios que suponen que un factor que conspira contra su venta es que Báez todavía está en pleno juicio por el caso en el que le fue decomisado por lo que no hay una decisión judicial firme.

Al igual que otro avión, un Learjet modelo 35A con matrícula LV-BPL también decomisado al empresario santacruceño, el Rockwell había sido entregado por la justicia al Ministerio de Seguridad para que lo utilizara en traslados o procedimientos urgentes. El Learjet fue ploteado con la leyenda “Aeronave recuperada para la corrupción”, con el sello del Ministerio de Seguridad, de Presidencia de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia. Fue para la campaña electoral en 2017. Pero después el Gobierno se arrepintió de quedarse con los aviones: el argumento fue que ponerlos en funcionamiento y mantenerlos le iba a costar 347.500 dólares, entre otras cosas porque los seguros son internacionales. Finalmente el Tribunal Oral Federal 4, que es el que está llevando adelante el juicio por lavado de dinero contra Báez, dispuso ante esa situación, que el AABE se ocupe de venderlos porque el dinero es más fácil de custodiar.

El avión Rockwell fue ofrecido en una primera subasta el 16 de agosto, anunciada con bombos y platillos, pero nadie se presentó. Luego convocaron a una segunda vuelta, el 6 de septiembre, y volvió a pasar lo mismo. La última fue el viernes pasado, a las 12: se había anotado una persona como interesado, pero decidió finalmente no participar. Por el momento, según informan en el AABE, no hay reprogramación en vista. Los aviones seguirán en San Fernando, allí donde fue detenido Lázaro Báez en abril de 2016, precisamente cuando el juez Sebastián Casanello –que lo investigaba por lavado– detectó que su avión privado no tenía hoja de ruta. La cuestión de qué hacer con los aviones generó debate dentro del propio tribunal oral, donde no todos sus integrantes estaban de acuerdo con quitarle los bienes en forma definitiva a una persona que no tiene sentencia firme, en una suerte de conversión de la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad. Pero el Gobierno ponía mucha presión con el discurso de la recuperación de bienes que luego llevó a un decreto de necesidad y urgencia que estableció la llamada “extinción de dominio” para casos de narcotráfico, crimen organizado, trata de personas y corrupción. La polémica que generó aquel decreto en la comunidad jurídica es la misma que tuvo el tribunal oral. Lo cierto es que los jueces del TOF4 terminaron acordando la subasta.

Este año, con la desesperación electoral, Mauricio Macri volvió a doblar la apuesta con el mismo tema ya que su equipo parte de la base de que capitaliza sus alusiones a la “corrupción” que asocia al gobierno anterior. Para agilizar la venta y hacer un show con 30 bienes decomisados por el juez Claudio Bonadio en la causa de las fotocopias de los cuadernos –en especial inmuebles y embarcaciones—firmó otro decreto que autoriza “subastas inmediatas”. El 9 de octubre último, de hecho, y pese a la oposición de buena parte de los directores de distintos departamentos dentro de la AABE, fue convocada la primera subasta de un departamento en Puerto Madero perteneciente a Sergio Todisco, uno de los supuestos testaferros de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, investigado por lavado en una causa derivada de la de los cuadernos. La otra dueña es la ex esposa de Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy. El precio base es de 48.123 dólares. La primera convocatoria era para el 25 de octubre, pero ya fue postergada para el 21 de noviembre. Otros inmuebles que el gobierno quiere rematar pertenecían al contador Víctor Manzanares, a Muñoz y su viuda, entre otros.

El avión de Báez fue el primer llamado a subasta bajo esta lógica de campaña y luego vino el de la causa de las fotocopias. Pero queda claro que hasta ahora ni siquiera han cumplido su promesa de recuperar dinero. Son procesos que incluso tienen todo para terminar cuestionados.