Los movimientos sociales coparon el centro porteño con dos grandes protestas. La Unidad Piquetera marchó del Obelisco a la Plaza de Mayo, mientras que frente al Congreso la UTEP hizo una feria de la economía popular. Con sus diferencias –que no son pocas– expresaron así dos puntos en común: el rechazo a un ajuste del gasto social en momentos en que la inflación, combinada con los altos niveles de trabajo informal y precarizado, viene agravando la pobreza. Y la intención de mostrarse unidos contra la judicialización de los militantes sociales, luego de tener, la semana pasada, más de 40 allanamientos a comedores y merenderos.
Las organizaciones están mostrando una voluntad de salir a la calle que se viene ampliando desde principios de año. En febrero inició un plan de lucha la Unidad Piquetera, para reclamar contra el congelamiento del programa Potenciar Trabajo –aquella decisión de no otorgar nuevos planes fue anunciada mientras el exministro de Economía, Martín Guzmán, acordaba con el FMI la refinanciación de la deuda externa–. En marzo, las organizaciones que se referencian con Juan Grabois comenzaron a realizar movidas callejeras para impulsar la creación del salario básico universal. El Congreso ya había aprobado el acuerdo con el Fondo; el debate entre Cristina Kichner y Alberto Fernández dividió al gobierno y a los movimientos que integran la UTEP, que se alinearon en apoyos diferenciados: el Movimiento Evita dió su respaldo al Presidente y a la negociación hecha por Guzmán, mientras el sector de Grabois permaneció cercano a la vice.
Luego arrancó un nuevo debate: en plena discusión interna del Frente de Todos sobre el rumbo económico, Cristina apoyó la propuesta de un ingreso mínimo universal. Renunció Guzmán, lo reemplazó Silvina Batakis y hubo expectativa sobre su concreción, aunque la Casa Rosada rápidamente aclaró que no habrá ingreso universal por falta de recursos. Por el contrario, Batakis habló en sus primeras declaraciones de recuperar el equilibrio fiscal: “no vamos a gastar lo que no tenemos”, definió. Las organizaciones que impulsan el salario universal –el MTE, el Frente Popular Darío Santillán, Nuestramérica–, se sumaron a la calle. Y la UTEP en su conjunto, finalmente, hizo lo propio con la feria frente al Congreso, respondiendo a las críticas que Cristina Kichner hizo al manejo de los planes y su propuesta de que pasar todo su manejo a los intendentes. Al mismo tiempo, aunque sin plantearlo como confrontación, la UTEP le reclamó con la feria al propio Presidente que concrete medidas que ha prometido para el sector, que quedaron en veremos, como un nuevo régimen de monotributo productivo, programas que faciliten el acceso a la la tierra, financiamiento para créditos blandos, impulso al compre estatal, todas iniciativas expresadas en un proyecto de Ley por Tierra, Techo y Trabajo, que quedó dormido en el Congreso.
¿Qué une a estos reclamos disímiles, como el pedido de un aumento salarial de la Unidad Piquetera, el de un salario universal de Grabois, el de medidas de apoyo para la economía popular del Movimiento Evita? El rechazo al ajuste impulsado por el Fondo Monetario Internacional –freno para cualquiera de estos proyectos– y su contrapartida implícita, la judicialización del conflicto social.
En la feria
La feria de la UTEP mostró la actividad de la economía popular y el perfil de sus trabajadores. Lo más novedoso fue todo lo relacionado a la construcción: por ejemplo, a la plaza de Los Dos Congresos fueron bloqueras que están haciendo adoquines para la urbanización de barrios, cooperativas que fabrican ventanas de aluminio y empezaron a venderlas en sus municipios, para viviendas sociales. También mostraron lo suyo cooperativas que hacen obras de conexión del agua potable, otras que hacen techos, de extensión de cloacas, de capacitación para colocar termotanques solares. Son avances que reflejan pasos en la integración vertical del sector: las obras que urbanizan los asentamientos dan trabajo (en parte) a cooperativas de albañiles y plomeros, que compran (parte) de sus insumos a bloqueras o carpinterías populares. Es frecuente que las cuadrillas encarguen su ropa de trabajo a polos textiles de la economía popular, e incluso borceguíes de seguridad. Pero claro, la escala de este desarrollo aún es corta: por ahora son ejemplos que muestran lo que es posible hacer. Necesitan de más acompañamiento para multiplicarse.
“Empezamos con la bloquera hace dos años”, contó por ejemplo Gabriel Blanco, de la cooperativa Rompiendo Cadenas, de José C. Paz. Su cuadrilla fabrica bloques y adoquines. Sus compradores son compañeros de la organización y vecinos. Hace seis meses, sin embargo, recibieron un primer encargo grande, de otro MTE , y ahora están haciendo baldosas para el tendido de veredas en su municipio y en el vecino, de Malvinas Argentinas.
La bloquera, como proyecto, funcionó. Sin embargo, están esperando que técnicos del INTI, convocados por la Secretaría de Economía Social, los capaciten para lograr la certificación de los bloques. “La capacitación, el acceso a máquinas mejores, todo eso es un gasto. Y viene demorado”, apuntó Blanco. Una inversión que tal vez, en el marco de los anuncios de Batakis, no se cumpla.
¿Qué otras producciones había? Muchas textiles, que están con viento a favor por el cierre de las importaciones. También sus trabajadoras están pidiéndole al INTI, desguazado por el gobierno de Mauricio Macri, que les den más capacitación, pero les dicen que no tienen el personal necesario, el macrismo despidió a la mayoría. Con el congelamiento de las designaciones en el estado, este panorama difícilmente pueda mejorar.
La agricultura familiar llevó puestos de verduras agroecológicas, que ya son bien conocidas entre los consumidores. Había además panificadoras, en gran número. Los pescadores artesanales llevaron para su venta pescado de río y de mar (quieren una ley que los reconozca, para no ser perseguidos, y el acceso a equipos de frío propios, para no quedar presos de los grandes frigoríficos que les pagan poco y a destajo, y destinan el pescado a la exportación) .
En los puestos de las herrerías casi todas las consultas fueron sobre el precio de las parrillas para balcón. En el área de desarrollo informático lo más llamativo fue una cooperativa del Comedor Los Pibes, de La Boca, que recicla computadoras. Fueron también trabajadoras sociocomunitarios, de comedores, espacios de ni cuidado de niños. Y la rama de vendedores ambulantes.
Para cerrar la feria hubo un acto en reclamo de que sea debatida la ley de Tierra, Techo y Trabajo (a lo que algunas organizaciones sumaron el salario universal). En el escenario, la UTEP recibió a una delegación de la Unidad Piquetera que se acercó al Congreso a mostrar un frente común contra la criminalización de la protesta. Lo mismo habían hecho, más temprano, el titular de la UTEP, Esteban Castro, y el de la CCC, Juan Carlos Alderete, al acercarse a la concentración en la Plaza de Mayo de la Unidad Piquetera.
Castro adelantó que el conjunto de los movimientos sociales van a reunirse este viernes para acordar una movilización en conjunto a Tribunales por la libertad de Milagro Sala.
También defendió la figura de Alberto Fernández: “al Presidente lo pueden criticar, pero no está de acuerdo en que se judicialice a los militantes sociales”, sostuvo. “La semana que viene va a recibir en la Casa Rosada a los compañeros de los comedores y merenderos que fueron allanados”.
En la Plaza de Mayo
La Unidad Piquetera marchó del Obelisco a la Plaza de Mayo con el reclamo del pago de un bono de 20 mil pesos y la reapertura del Potenciar Trabajo. Una vez en la plaza, una delegación se acercó a la puerta del Ministerio de Economía para pedir una audiencia con Batakis. Les dijeron que no.
“La ministra nos dice que este es un problema social y que no va a recibirnos”, informó Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, después de las consultas del caso. “Nos dijeron que la semana que viene nos atendería gente del área de Relaciones Institucionales y Desarrollo Social, lo que nos parece medio una cargada. Estamos hablando de una situación muy grave, con gente que no puede poner el plato de comida en la mesa. Vamos a hacer asambleas y a votar si nos quedamos a acampar”.
Belliboni confirmó que con la UTEP harán una marcha conjunta contra la criminalización, aunque reclamó “una intervención de la clase obrera de otras características, un plan de lucha común con todas las organizaciones sociales que exijan a la CGT que salga a la calle”.
Silvia Saravia, dirigente de Barrios de Pie -Libres del Sur, planteó que “la situación es muy mala, hace falta ayuda. Pedimos un bono similar al que se realizó en los últimos dos meses, que sea para jubilados, trabajadores precarizados y desocupados y también solicitamos la reapertura del Potenciar Trabajo y la universalización del programa “.
A Tribunales
Para la semana próxima quedó esbozada, así, una movilización de todos los movimientos contra la judicialización de las organizaciones sociales. También está anunciada una movilización, el miércoles 20, por el salario universal.
El acercamiento entre los movimientos de la UTEP y las organizaciones de la izquierda, apoyado en estas dos razones –hacer frente a la criminalización y oponerse a los recortes del gasto anunciados por Economía– difícilmente logre sostenerse más allá de esa marcha; pero expresa una lectura común: el rechazo a que la balanza se incline en favor del ajuste.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/437187-movilizaciones-contra-el-ajuste-social-y-la-judicializacion-
