Menem y Cavallo, absueltos por la desidia del poder judicial

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó las condenas contra Carlos Menem y Domingo Cavallo por la venta a precio vil en 1991 del predio que ocupa la Sociedad Rural Argentina en el barrio de Palermo. La resolución no puso en duda la malversación de fondos públicos en beneficio de los grandes empresarios del campo, que pagaron por esos terrenos menos de la cuarta parte de su valor de mercado, pero dispuso el sobreseimiento del ex presidente y su ministro de Economía por considerar que se vulneró su derecho a ser juzgados en un plazo razonable. “La demora obedeció a la desidia de parte de las autoridades que debían investigar y juzgar y no a la complejidad de la maniobra en sí misma”, destacaron los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci. El juez Juan Carlos Gemignani, en disidencia, consideró que debió aplicarse la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en ejercicio de la función pública.

Las doce hectáreas que ocupa el predio de Palermo, que hasta 1852 pertenecieron a Juan Manuel de Rosas y donde se estableció el Parque Tres de Febrero, fueron cedidas a la Sociedad Rural en 1875. Cinco años después el gobierno de la provincia de Buenos Aires le entregó formalmente el parque al gobierno nacional. Desde 1905 en adelante, por ser un bien de dominio público, el Congreso fue responsable de prorrogarle periódicamente el usufructo a la Sociedad Rural. Cuando el menemismo inició el desguace del Estado los ministros Antonio Erman González y José Dromi firmaron un decreto para prorrogarlo por 35 años, pero el Congreso no lo ratificó. Entonces llegó la propuesta de compra de la Sociedad Rural.

El 20 de diciembre de 1991, pese a que la Constitución encomienda al Congreso la enajenación de bienes de dominio público, Menem autorizó la venta por decreto y se firmó el boleto de compra-venta con un pago inicial de 3 millones de pesos/dólares. La venta en total fue por 30 millones en base a una tasación irrisoria en la que participaron funcionarios del Ministerio de Economía y de los bancos Ciudad e Hipotecario. Durante la instrucción judicial, los peritos de la Corte Suprema establecieron que el valor de mercado era de 131,8 millones de pesos/dólares, muy por encima de lo pagado.

Menem y Cavallo fueron condenados por el Tribunal Oral Federal 2 a fines de marzo último. El eterno senador por La Rioja recibió una pena de tres años y nueve meses de prisión como autor del delito de peculado; Cavallo fue sentenciado a tres años y medio como partícipe necesario. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini los inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos. En el mismo juicio fueron condenados a tres años de prisión los responsables de la tasación, Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, y resultaron absueltos el presidente de la Sociedad Rural, Ricardo de Zavalía, y el ex secretario Juan Alberto Ravagnan. La fiscal Gabriela Baigún y la querellante Agencia de Bienes del Estado (AABE) habían pedido la restitución del predio al Estado pero el tribunal no se pronunció sobre ese punto a la espera de un fallo de la justicia civil y comercial por un juicio de la Sociedad Rural contra el Estado.

A nueve meses de esa sentencia, Casación revocó ayer las condenas y confirmó las absoluciones. “Se ha visto vulnerado el derecho de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable”, destacaron los jueces Riggi y Catucci. “Han transcurrido más de 19 años desde el inicio de la causa y 28 años si contamos desde la fecha en que se habrían cometido los hechos“, calcularon, y calificaron de “inadmisible y desproporcionado que desde la fecha de comisión de los sucesos aún no se haya resuelto de manera final la situación de los acusados”. Destacaron como agravante que “la maniobra que se atribuye a los imputados ha sido plasmada en registros documentales” y culparon de la impunidad al propio poder judicial al afirmar que “una vez más la demora obedeció a la desidia de parte de las autoridades estatales que debían investigar y juzgar”.